Alerta por la pérdida de rango del área de Ambiente provincial

En el marco de lo que fue del Día Mundial del Ambiente, las Asambleas Socioambientales de la Provincia de San Luis emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su "estado de alerta" ante la reciente reestructuración del área provincial de Ambiente. Las organizaciones advierten que esta medida representa un grave retroceso en las políticas públicas destinadas a la protección del territorio.

Según detallan, el Gobierno provincial dispuso que el área de Ambiente deje de funcionar con rango ministerial para pasar a depender directamente del Ministerio de Desarrollo Productivo. Para los colectivos socioambientales, esta modificación no es un mero cambio administrativo, sino que implica una pérdida crítica de autonomía institucional y reduce severamente la capacidad de control y regulación sobre las actividades económicas.

El posicionamiento vincula esta decisión con un contexto político y económico más amplio de reformas estatales, tanto a nivel nacional como provincial. Sostienen que la degradación del área se enmarca en un modelo de desarrollo orientado netamente a la expansión de actividades productivas con un alto impacto ambiental.

Entre las principales preocupaciones manifestadas por las asambleas se destacan el avance sin freno de emprendimientos inmobiliarios y proyectos extractivos, el uso indiscriminado de agroquímicos en las zonas rurales, y la falta de una planificación del territorio que proteja recursos vitales como el agua y el monte nativo.

Asimismo, cuestionaron con dureza el desarrollo de planes estratégicos vinculados al agua, la energía y la actualización de la Ley de Bosques que se realizan en articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Las organizaciones señalan que estos procesos carecen de instancias reales y suficientes de participación ciudadana. 

Esta tendencia a la desjerarquización también se replica en el ámbito municipal, donde reportan la reorganización de áreas ambientales o la falta de referentes idóneos en la materia.

Hacia el cierre del comunicado, las organizaciones civiles exigieron el estricto cumplimiento del Acuerdo de Escazú, la aplicación efectiva de las leyes de presupuestos mínimos ambientales y que las áreas de gestión mantengan un rango institucional acorde a la emergencia climática y ecológica actual.

Con información de El Corredor Noticias/Redacción.