Comunicaciones, delitos varios y la tardía información del Gobierno

El movimiento inocultable que hubo en la mañana del miércoles en la Penitenciaría Provincial, la preocupación de los familiares de los internos allí alojados y rumores crecientes que llegaron a la cúpula gubernamental, obligó a la Secretaría de comunicación a hacer algo que no hubiera querido: informar sobre el allanamiento que Gendarmería Nacional hizo en la cárcel de San Luis.

La medida, que según el Gobierno fue ordenada por el fiscal federal Cristian Rachid, representa un fuerte mensaje de desconfianza que los investigadores federales tienen en las fuerzas de la provincia. De allí, que la medida haya requerido la movilización de 200 gendarmes que vinieron de Mendoza y Córdoba para concretar la orden judicial.

Según informó tardíamente el Gobierno, la medida contaba con “conocimiento del Ministerio de Seguridad de la provincia” y fue hecha en “coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación”.

La información fue difundida sobre las 13:30 del miércoles, cuando el operativo comenzó al menos cuatro horas antes. “Se vincula con causas que se investigan desde el año 2025 y el operativo incluye la realización de requisas y allanamientos en las unidades penitenciarias masculinas y femenina orientados a esclarecer posibles vínculos entre internos detenidos por delitos federales vinculados al narcotráfico y su red externa”, dice el comunicado del Gobierno.

Fue tal el apuro por mostrar lo que se habían demorado en mostrar, que en el grupo de Whats app de prensa institucional fue el propio Diego Masci, máxima autoridad comunicacional del gobierno, quien envió el mensaje. Curiosamente, el primero en levantar sus deditos en señal de "ok" fue Alberto Trombetta, el conductor radial que en los últimos meses dio un brusco giro en su línea de pensamiento y ahora es funcional al oficialismo provincial.

En una señal más de la constante idea de la comunicación gubernamental de no decir las cosas directamente, Masci dijo que la finalidad del allanamiento es “determinar eventuales maniobras que les habrían permitido (N de la R: a los internos, se supone) mantener comunicaciones desde el ámbito carcelario”.

En limpio: la Justicia Federal investiga con oficiales de otras provincias que presos alojados en San Luis mantengan comunicación con el afuera en las narices de la directora del servicio penitenciario, Karina Mantelli, y en las orejas de la ministra de Seguridad, Nancy Sosa.

Pero la situación es aún peor, según el propio comunicado del Gobierno lo expresa cuando dice que se “procura establecer si existió participación de integrantes del Servicio Penitenciario como posibles facilitadores de la comisión de uno o más delitos”.