El Caburé: las pruebas que se ignoran para proteger al poder

Una serie de escritos presentados por la representación de Enrique Vaira exponen una parálisis deliberada en la investigación del robo del maíz en El Caburé. A pesar de los constantes pedidos para que se aplique el artículo 38 del Código Procesal Penal —notificación formal de la investigación a los denunciados—, el fiscal ha decidido avanzar de manera arbitraria, notificando solo a figuras secundarias y manteniendo en un limbo legal a los principales señalados.  

Entre los nombres que la querella exige vincular formalmente al proceso se encuentran el actual Ministro del Superior Tribunal, Víctor Endeiza, el ministro Federico Trombotto, y el asesor Diego Amondarain. 

La fiscalía ha optado por citar a algunos de estos implicados como simples testigos o bajo figuras informales, lo que para la querella representa una maniobra que podría generar nulidades absolutas y garantizar la impunidad de los funcionarios.  Un cúmulo de escritos de la querella fueron totalmente ignorados por la fiscalía. 

Maniobras de encubrimiento y falsificación de documentos

La documentación rechazada detalla la existencia de una ingeniería delictiva para blanquear el desapoderamiento del maíz. Se denuncia la creación de documentos con fechas fraguadas, como un convenio de colaboración entre el Ministerio del Campo y la Secretaría de Ética que habría sido confeccionado en agosto de 2024 para justificar hechos ocurridos meses antes.  

Incluso se ha advertido sobre la presentación de memoriales informales por parte de Víctor Endeiza que contienen confesiones solapadas de su participación en los hechos investigados. 

Lejos de actuar ante estas revelaciones, la fiscalía ha sido acusada de falta de objetividad y de ceder ante "gritos" y presiones provenientes de las más altas esferas del Ministerio Público y el Ejecutivo provincial.  

Pruebas contundentes sin producción oficial

La querella ha aportado evidencia que desmorona la tesis oficial de que el maíz pertenecía al Estado, incluyendo:

Facturas de compra de semillas a nombre de Galia Norte S.A. y contratos de aparcería.  

Comprobantes de inscripción de lo sembrado en ARCA a nombre de los privados.  

Audios de entrevistas y mensajes de WhatsApp donde se planeaba el traslado del cereal sin cartas de porte.  

Pese a este volumen de datos, el fiscal se ha negado a investigar delitos como peculado, falsedad ideológica y negociaciones incompatibles, limitando la causa a figuras menores. 

El desamparo de las víctimas es total: mientras la fiscalía "le cree" a los acusados, los verdaderos dueños de la producción ven cómo el sistema judicial de San Luis se convierte en un engranaje más del aparato de protección oficial.