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Es paciente oncológico, le quitaron su casa y ahora lo censuraron para que no reclame

Para evitar que siga visibilizando su caso, le dictaron una restricción de acercamiento a actos públicos. El Gobierno le ofreció un colchón o materiales, pero no tiene terreno.

Por redacción
| Hace 11 horas
Entre los incontables momentos en que reclamó por su caso, Ahumada recibió la promesa de una solución por parte de Frontera. Pero nunca se concretó. Fue ilusionado y engañado. Foto: gentileza.

La historia de Gabriel Ahumada, un vecino de Villa Mercedes que padece las secuelas de un tumor cerebral y un durísimo tratamiento oncológico, sumó nuevos capítulos de desesperación e indiferencia estatal. 

 


En diálogo con El Diario de la República, el damnificado —quien ya en noviembre de 2025 había visibilizado cómo el Gobierno provincial lo desadjudicó erróneamente de su vivienda social para otorgársela a su expareja denunciada por violencia conyugal— relató el calvario que vive ante las falsas promesas oficiales y una reciente medida judicial que busca acallar sus reclamos. 

 


"Encima que no tengo mi casa, ya no puedo pedir ni ayuda para ser escuchado", lamentó indignado.

 


Tras meses de deambular por oficinas públicas y perseguir audiencias en actos oficiales, Ahumada denunció que la última respuesta gubernamental rozó el absurdo. En un primer acercamiento, asistentes sociales le ofrecieron un colchón. 

 


"No me hace falta, yo quiero mi casa", les contestó. 

 


Posteriormente, funcionarios de Vivienda le propusieron aportarle materiales para edificar una nueva propiedad en otra parte: "Tenemos una propuesta, mire señor le vamos a hacer una casa... le compramos todos los materiales y se hace la casa. ¿Dónde haré la casa si no tengo terreno? O me das escritura, o me das el valor de mi casa", recordó el damnificado, quien pagó la totalidad de las cuotas de la vivienda original con un préstamo propio.

 


La situación se tornó aún más crítica recientemente, cuando Ahumada intentó acercarse al gobernador Claudio Poggi durante una visita oficial para entregarle la documentación de su caso. 

 


En lugar de ser recibido, la custodia policial lo interceptó bajo amenazas de detenerlo por supuesto hostigamiento en actos políticos, notificándolo de una orden de restricción que le impide acercarse a menos de 200 metros de cualquier evento oficial. 

 


"No quisieron arreglar... me pusieron restricción, no puedo acercarme... ellos no quieren que vaya a molestar", concluyó la víctima, expuesta al desamparo habitacional y a una perversa encrucijada burocrática que lo mantiene viviendo de prestado. A la lucha de su enfermedad, se le suma la lucha de la injusticia con su vivienda. Olvidado, silenciado y censurado. 
 

 

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