Denuncian represión policial y abandono estatal en el barrio La Vecindad

Mientras crece la incertidumbre por la continuidad del programa Volver al Trabajo, vecinos del barrio La Vecindad apuntaron contra otro problema que, aseguran, padecen desde hace años: la violencia institucional y el abandono del Estado.

La denuncia fue encabezada por Yesica Guzmán, referente de un merendero de la zona, quien afirmó que durante la madrugada del domingo al lunes efectivos policiales irrumpieron en el barrio mientras intervenían en un conflicto familiar ocurrido en otra vivienda y terminaron reprimiendo a vecinos que no tenían relación con el hecho.

Según relató, los uniformados intentaron detener a su marido únicamente por salir de su casa para observar qué ocurría, mientras que su suegra, una mujer mayor, fue reducida y apuntada con un arma durante el procedimiento.

"Había un disturbio en otra casa y terminaron entrando a la nuestra. Se querían llevar preso a mi marido por estar mirando y a mi suegra la tenían arrinconada apuntándole", denunció la dirigente barrial.

Guzmán sostuvo que no se trata de un episodio aislado. Aseguró que los habitantes de La Vecindad conviven con procedimientos policiales que consideran arbitrarios y reclamó el cese de la violencia institucional en los barrios populares.

Pero las críticas no quedaron allí. La referente aseguró que el barrio continúa sin respuestas por parte del Gobierno provincial respecto de los servicios básicos. Explicó que las 136 familias permanecen conectadas a un tendido eléctrico precario y que, pese a las promesas oficiales, la conexión formal nunca llegó.

"Nos dijeron que nos iban a conectar la luz legal hace más de un mes y medio. Cada vez que se queman los fusibles tenemos que arreglarnos como podemos", afirmó. También cuestionó que, tras la salida de funcionarios del área de Barrios Populares, "ya no hay nadie que atienda los reclamos". Además mencionó que el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, se comprometió a solucionar el tema pero luego dejó de responder.

En ese contexto, Guzmán advirtió que la posible suspensión del programa Volver al Trabajo agravaría aún más la situación económica de las familias que sostienen merenderos, comedores, huertas y emprendimientos textiles en el barrio. Según indicó, los $78.000 que perciben mensualmente representan, en muchos casos, el único ingreso estable para afrontar gastos básicos como alimentos, garrafas o útiles escolares.