La trata de personas: una deuda que aún sangra

Debería convertirse en una jornada en la que los gobiernos rindan cuentas, anuncien nuevas políticas públicas, fortalezcan las ya existentes y renueven su compromiso con la prevención, la persecución de los responsables y la protección integral de las víctimas. Combatir la trata exige decisiones concretas, recursos sostenidos y voluntad política, no solo discursos.

La Argentina cuenta desde 2008 con una legislación específica para prevenir, perseguir y asistir a las víctimas. Sin embargo, las cifras demuestran que el desafío sigue siendo enorme.

Desde la creación del sistema de asistencia, 22.808 personas fueron rescatadas o asistidas, mientras que la Línea Nacional 145 recibió 29.211 denuncias hasta junio de 2026.

Solo durante el primer semestre de este año se registraron 1.369 denuncias y fueron rescatadas o asistidas 369 personas, de las cuales 27 eran menores de edad. En 2025 se asistió a 807 víctimas, entre ellas 65 niñas, niños y adolescentes.

La explotación sexual continúa siendo la modalidad más frecuente, seguida por la explotación laboral y otras formas de captación mediante falsas ofertas de empleo. A ello se suma la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad o con problemas de salud mental, muchas veces convertidas en blanco de estas organizaciones criminales.

Corresponde reconocer, además, las políticas públicas que marcaron un camino. San Luis fue una de las primeras provincias del país en adoptar una medida concreta contra la trata de personas.

Durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 6827-MRIyS-2012, que prohibió el funcionamiento de cabarets, whiskerías y locales de alterne con el objetivo de reducir ámbitos vinculados a la explotación sexual y fortalecer la protección de posibles víctimas.

La lucha contra la trata no depende únicamente de las fuerzas de seguridad o de la Justicia. Requiere un Estado presente, políticas públicas sostenidas en el tiempo y una sociedad comprometida, capaz de denunciar, acompañar a las víctimas y negarse a mirar hacia otro lado.

Mientras exista una sola persona sometida a la explotación, la Argentina seguirá teniendo una deuda pendiente con los derechos humanos. Una deuda que aún sangra y que solo podrá saldarse cuando la libertad y la dignidad de cada persona sean verdaderamente inviolables.