Revés para Bazla: la Justicia le negó el 90% de los beneficios que solicitó

El tratamiento de las medidas de coerción contra Ricardo André Bazla en la causa "El Caburé" generó un fuerte impacto en el ámbito judicial y político. El fallo dictado en la audiencia cayó como una verdadera bomba para la defensa del imputado: se le denegó el 90% de los beneficios y flexibilizaciones que había solicitado a través de su abogado, Agustín Bautista Rivadera.

Con esta resolución, el exfuncionario provincial continuará bajo un estricto régimen de restricciones. Si bien se le otorgó el permiso para salir de la provincia de San Luis, mantiene la prohibición absoluta de abandonar el país. 

Asimismo, Bazla deberá seguir firmando periódicamente el libro de imputados, no podrá acercarse al complejo descentralizado Terrazas del Portezuelo y tiene estrictamente prohibido mantener cualquier tipo de contacto con funcionarios públicos.

Precisamente, este último punto era uno de los principales objetivos de la defensa, que intentaba ampararse en el artículo 208 del Código Procesal Penal para aliviar las medidas dispuestas originalmente el pasado 25 de marzo. 

Sin embargo, la resolución judicial tras la audiencia de partes dejó en claro que la gravedad de la imputación exige mantener el esquema de control casi en su totalidad.

Su gente, sigue haciendo presencia

A pesar de las restricciones perimetrales que pesan sobre el imputado, en los pasillos oficiales llama la atención un detalle: la activa presencia de los colaboradores de confianza de Bazla en la secretaría, estructura que siguen integrando. 

Diversas fuentes señalan que el personal de su entorno, e incluso quien fuera su chofer personal, continúan asistiendo y mostrándose públicamente en los actos oficiales, especialmente cuando hay visitas del gobernador Claudio Poggi.

El caso "El Caburé" mantiene en vilo a la opinión pública nacional debido a la magnitud y los nombres involucrados en la denuncia. La investigación penal busca esclarecer el robo millonario de una cosecha de maíz valuada en más de 2 millones de dólares. 

El grano se encontraba en un campo expropiado por el Gobierno provincial que había quedado bajo la custodia directa de la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión que comandaba Bazla.

Según los elementos que componen la causa, la millonaria cosecha fue retirada "en negro", sin registros legales pertinentes ni la correspondiente aplicación de la carta de porte. La hipótesis judicial apunta a que Bazla habría actuado como autor material, pero dentro de una red de complicidades de alto vuelo político. 

Entre los señalados aparece Víctor Endeiza como presunto autor intelectual —quien comandaba la Fiscalía de Estado y actualmente es ministro del Superior Tribunal de Justicia—, el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto (investigado por supuesta falsificación de documentos), el productor rural Francisco Anselmi y Diego Amondarain, hermano del actual ministro de Gobierno, apuntado por brindar el asesoramiento técnico para desviar la producción.