Investigan 97 certificados médicos: imputaron a un psiquiatra y una exagente estatal

La Justicia de San Luis imputó al psiquiatra Franco Mastronardi, exintegrante del Cuerpo Profesional Forense del Poder Judicial, y a Noelia Fernández, exagente de la Administración Pública provincial, en una causa que investiga la presunta emisión y utilización de certificados médicos falsos para justificar licencias laborales.

La investigación tiene una dimensión mayor: la Fiscalía puso bajo la lupa 97 certificados médicos emitidos entre enero de 2024 y marzo de 2025 a 31 empleados públicos, con los que se habrían justificado 2.989 días de inasistencia.

Sin embargo, la jueza de Garantía Nº 2, Agustina Dopazo Samper, dejó en claro que la formulación de cargos resuelta este jueves no comprende todavía la totalidad de esos casos. Para avanzar contra los dos imputados tomó específicamente el episodio protagonizado por Fernández, quien viajó a España mientras se encontraba bajo una licencia psiquiátrica.

La fiscal adjunta Antonella Romagnoli imputó a Mastronardi por falsedad ideológica de certificado médico, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la Administración Pública en grado de tentativa. Fernández, en tanto, quedó acusada como coautora de fraude en perjuicio del Estado, también en grado de tentativa.

Según la acusación, Mastronardi emitió el 23 de agosto de 2024 un certificado médico que otorgaba a Fernández, entonces operadora de monitoreo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, una licencia ambulatoria por 30 días.

Dos días después, el 25 de agosto, la mujer salió del país desde Ezeiza con destino a España.

El 29 de agosto, ya durante el período de licencia, Mastronardi extendió otro certificado en el que indicó que Fernández atravesaba un cuadro clínico neurótico con trastorno de pánico y agorafobia. Además, pidió que una eventual Junta Médica se realizara de manera virtual.

La primera evaluación efectivamente se hizo a distancia y justificó la licencia. Pero la situación cambió cuando compañeros de trabajo habrían advertido, mediante publicaciones en redes sociales, que Fernández estaba en España.

El sistema provincial de control de ausentismo, Se.M.A., la convocó entonces a una nueva Junta Médica, esta vez presencial. Fernández pidió nuevamente que fuera virtual, pero la solicitud fue rechazada y no concurrió. Finalmente, el certificado fue declarado inválido y la agente fue intimada a regresar a su trabajo.

La Fiscalía sostuvo que el expediente todavía está en una etapa inicial y que quedan numerosas medidas por realizar. Entre ellas aparecen pericias caligráficas y de firmas, entrevistas a profesionales que participaron de las Juntas Médicas y distintos informes administrativos.

La acusación también expuso un panorama más amplio sobre la actividad de Mastronardi. De acuerdo con la investigación, los 97 certificados analizados contienen diagnósticos psiquiátricos idénticos o similares, como trastornos de ansiedad, episodios depresivos y trastornos de adaptación, además de períodos de licencia considerados inusualmente extensos por los investigadores.

Ese universo de documentación, no obstante, todavía deberá ser analizado caso por caso antes de determinar si existen elementos para ampliar las imputaciones.

Las defensas rechazaron las acusaciones.

Adriel Cabello, abogado de Fernández, sostuvo que su representada dejó de trabajar para el Estado en septiembre de 2024 y que las ausencias injustificadas fueron descontadas de su liquidación final. Con ese argumento cuestionó que haya existido un perjuicio económico para la Provincia o un beneficio para la imputada.

Los abogados Gabriel Varela y Hugo Scarzo, defensores de Mastronardi, plantearon que una diferencia de criterio profesional no puede convertirse automáticamente en la falsificación de un certificado médico. Señalaron que el psiquiatra certificó el estado que presentaba la paciente al momento de atenderla y que no podía controlar posteriormente sus movimientos.

También remarcaron que establecer si un diagnóstico psiquiátrico era falso exige una pericia específica y cuestionaron la acusación por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La jueza Dopazo Samper consideró precisamente que varias de esas discusiones deberán resolverse durante la investigación. Señaló que determinar la veracidad o falsedad del contenido de un certificado psiquiátrico requiere conocimientos técnicos y deberá establecerse mediante las pruebas correspondientes.

Por ese motivo, entendió que existían elementos suficientes para habilitar la investigación formal, sin dar por acreditada todavía la responsabilidad de los acusados.

Fernández, quien actualmente reside en España y participó de la audiencia de manera remota, deberá enviar un correo electrónico a la Fiscalía entre el 1 y el 10 de cada mes durante cuatro meses para mantenerse sometida al proceso.

Mastronardi tendrá que firmar durante el mismo período el libro de imputados.

La magistrada rechazó, en cambio, la caución económica solicitada contra ambos y tampoco aceptó prohibirle al médico salir de la provincia. Consideró que los dos se encuentran a derecho y que, por ahora, no existen elementos que justifiquen restricciones más severas.

Mientras tanto, los 97 certificados y los casi 3.000 días de licencias permanecen bajo investigación. El caso de la exagente que viajó a España fue el primero que permitió a la Fiscalía llevar una imputación concreta ante la Justicia.