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“Los tres poderes patean para el mismo arco”: ¿Furcio oficial?

La firma de un acuerdo entre el Ejecutivo, el Superior Tribunal y la SRT dejó una frase del ministro Amondarain que abrió múltiples interrogantes.

Por redacción
| Hace 19 horas
Gonzalo Amondarain y Claudio Poggi. Foto: ANSL.

El pasado viernes, la Casa de Gobierno fue escenario de un acto formal institucional: el gobernador Claudio Poggi, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Levingston, y el gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Fernando Gabriel Pérez, rubricaron un convenio de cooperación y fortalecimiento técnico.

 

 

La iniciativa, según palabras oficiales, busca crear un área de peritos médicos especializados para unificar criterios sobre incapacidades laborales en la provincia. Sin embargo, lo que se presentó institucionalmente como un avance técnico para agilizar la resolución de litigios de índole laboral no tardó en despertar sospechas y un sordo malestar que el aparato oficial intentó amortiguar.

 

 

El detonante no estuvo en la letra chica del acuerdo, sino en la sinceridad del discurso oficial. Durante la jornada, el ministro Amondarain dejó caer una definición tan contundente como perturbadora: “En San Luis, los tres poderes del Estado están pateando para el mismo arco”. La frase fue publicada así, textual, en las propias redes sociales de la agencia de noticias del Estado.

 

 

La declaración no pasó desapercibida para los observadores políticos y republicanos más atentos. Quienes leen la comunicación más allá del libreto oficial se hicieron la pregunta inevitable: ¿fue un inocente furcio discursivo o la confesión involuntaria de un esquema donde las fronteras institucionales están completamente desdibujadas? ¿Dónde queda la indispensable división de poderes —pilar del sistema republicano y garantía fundamental del ciudadano frente al Estado— si la Justicia y el Ejecutivo juegan alineados bajo la misma estrategia?

 

 

La repercusión en el plano digital no se hizo esperar, disparando comentarios y cuestionamientos críticos por parte de sectores que leyeron la medida como un avance del poder político sobre el criterio y la autonomía judicial. La respuesta gubernamental, lejos de aclarar o matizar los dichos, consistió en una silenciosa limpieza de interacciones negativas en sus canales oficiales, intentando soterrar el debate.

 

 

Resta ver si la frase del ministro fue un tropiezo verbal en el fervor del acto o la revelación explícita de una dinámica de poder concentrado que avanza sin contrapesos en la provincia.

 

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