Exigen transparencia y criterio técnico para los consorcios camineros

El bloque de diputados del Frente de Unidad Justicialista fundamentó su postura en contra del proyecto de Ley de Consorcios Camineros Provinciales presentado por el oficialismo. Desde la bancada opositora aclararon que la negativa no representa un rechazo a la herramienta de los consorcios camineros, sino la defensa de una propuesta integral desarrollada durante meses que consideran ampliamente superadora.

Asimismo, cuestionaron que la iniciativa oficial fuera presentada de forma intempestiva y apresurada, omitiendo el debate pertinente en comisiones legislativas.

Frente a la improvisación señalada en el texto del oficialismo, el proyecto del Justicialismo plantea una cobertura vial basada en una categorización técnica precisa sobre la red secundaria y terciaria, evitando la ambigüedad de referirse genéricamente a "rutas no pavimentadas", lo que podría generar superposición de tareas o el abandono de caminos vecinales clave.

Asimismo, propone encuadrar a los consorcios bajo la figura jurídica de Derecho Público No Estatal para garantizar agilidad en la gestión sin diluir responsabilidades ante los reclamos ciudadanos.

En lo relativo a la gobernanza y la participación, la propuesta opositora integra un Consejo Consultivo conformado por el sector productivo, municipios y la educación técnica para evitar decisiones unilaterales, contemplando además una estructura orgánica interna completa.

Para su constitución, se exige un piso democrático de al menos diez miembros, asamblea pública, veedor estatal y un arraigo mínimo de seis meses para evitar conformaciones arbitrarias.

En materia de transparencia y resguardo del patrimonio público, la iniciativa del Frente de Unidad Justicialista obliga a la intervención del Tribunal de Cuentas y la Contaduría General para evitar el manejo opaco de fondos. A esto se suma la creación de un Sistema de Información Vial Provincial accesible al público y un canal de denuncias ciudadanas.

Por último, se establece que el equipamiento y las maquinarias estatales se gestionen únicamente mediante comodato, impidiendo que ingresen al patrimonio privado del consorcio para protegerlos ante eventuales embargos o quiebras.