El juicio que nunca llega: once años de espera por una denuncia de abuso intrafamiliar

El fiscal pidió 20 años de prisión para el abuelo de los denunciantes, quienes eran menores cuando se inició la causa. El acusado está en libertad desde 2016. Tras sucesivas suspensiones, el debate oral fue reprogramado para febrero de 2027.

La causa se inició en 2015 en la ciudad de San Luis. Una madre denunció a su propio padre, Silvano Luciano González, hoy de 73 años, por haber abusado sexualmente de su nieta y haber intentado corromper a su nieto. Ambos eran menores de edad al momento de los hechos denunciados. Once años después, todavía esperan el juicio oral.

Desde mayo de 2016, González está procesado, pero permanece en libertad. La querella denuncia que nunca fue excluido de la vivienda donde residían los niños con su madre, hija del imputado. Según ese reclamo, fueron ella y sus hijos quienes debieron mudarse para protegerse, ante la falta de una medida de exclusión por parte de la Justicia penal.

Las entrevistas en Cámara Gesell y las pericias se realizaron al comienzo de la investigación. Según la información aportada sobre la causa, la especialista que entrevistó a los niños concluyó que ambos presentaban signos compatibles con haber atravesado vivencias de abuso sexual. El fiscal Eduardo Marcelo Palacios solicitó una pena de 20 años de prisión para González por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por el vínculo, en perjuicio de su nieta, y corrupción de menores, en perjuicio de su nieto.

La joven tiene hoy 25 años y su hermano, 22. Formaron sus propias familias, lograron independizarse y siguen esperando que la Justicia juzgue los hechos que denunciaron cuando eran niños.

El expediente también estuvo atravesado por un episodio que modificó la situación de salud del acusado. Según relató el abogado querellante de la familia, Oscar Alberto Tuninetti, después de ser notificado del pedido de pena y de conocer una segunda denuncia por abuso presentada por otra nieta, González intentó quitarse la vida. Sobrevivió, pero quedó con una discapacidad motriz y desde entonces permanece en su domicilio.

El centro del reclamo de la familia es la sucesión de demoras y suspensiones que impidieron llegar al debate. Según la cronología aportada por la querella, Tuninetti presentó el primer pedido formal para que se fijara fecha de juicio el 6 de junio de 2022. Más de dos años después, el debate quedó previsto para el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2024, a las 9:30. Sin embargo, fue suspendido el mismo día en que debía comenzar.

El 3 de octubre de 2024 se estableció una nueva fecha: el 17 y el 18 de marzo de 2025, a las 9. Esa convocatoria tampoco se concretó y el juicio pasó al 9, 10 y 11 de marzo de 2026.

En diciembre de 2025 volvió a modificarse el cronograma: las audiencias fueron reprogramadas para el 21, 22 y 23 de septiembre de 2026. La espera tomó entonces estado público a partir de las entrevistas en las que Tuninetti expuso las postergaciones. Tras esa repercusión, el debate fue adelantado para mediados de septiembre.

La reorganización de la agenda obligó a sortear nuevos magistrados. Según la providencia del 14 de agosto de 2026 citada en la información de la causa, José Luis Flores integraba otro debate del 21 al 24 de septiembre; Ariel Gustavo Parrillis tenía licencia compensatoria del 21 al 25; María del Valle Durán estaba de licencia del 5 al 23; y Laura Belén Molino tenía licencia por el Acuerdo 78/2026 desde el 3 de septiembre hasta el 17 de diciembre.

Después del sorteo, el tribunal quedó integrado por Fernando Julio de Viana como presidente, María Eugenia Zabala Chacur como primera vocal y Yanina Vanesa del Viso como segunda vocal.

Pero cuando parecía que el juicio finalmente iba a comenzar, llegó otra suspensión. La nueva resolución dejó sin efecto el debate previsto para el 16, 17 y 18 de septiembre y fijó las audiencias para el 25 y el 26 de febrero de 2027, a las 9:30.

Según explicó Tuninetti, esta última postergación respondió a licencias por estudio de dos integrantes del tribunal que coincidían con las fechas del juicio. El abogado sostuvo que no hubo desidia de la familia y que los denunciantes cumplieron con todo lo que el sistema les exigió. También cuestionó la revictimización que, a su entender, provoca una espera que se prolonga desde hace más de una década.

El querellante extendió sus críticas al régimen de licencias de la magistratura. Cuestionó que, pese a tratarse de cargos de dedicación exclusiva, las licencias compensatorias, los permisos por estudio y los recesos judiciales terminen condicionando la realización de un debate pendiente desde hace años.

Once años después de la denuncia, la causa sigue sin sentencia y el acusado permanece en libertad. Quienes ingresaron al sistema judicial siendo niños son hoy adultos. La nueva fecha está fijada para febrero de 2027; hasta entonces, la espera continúa.