Le impusieron prisión "en casa" a un hombre que forzó a su ex a perder un embarazo

Se puede interpretar que un hombre apellido Olguín la sacó barata con la prisión domiciliaria por 120 días que le impusieron, luego del infierno que, supuestamente, le hizo pasar a su expareja a quien además de obligarla a tomar medicamentos para interrumpir un embarazo de casi 8 semanas, la golpeó en reiteradas oportunidades.

La leve medida que deberá cumplir se la comunicaron este lunes fue dispuesta por el juez de Garantía Nº 1, Juan Manuel Montiveros Chada, quien además tuvo por formulados los cargos por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con aborto sin consentimiento.

Prensa del Poder Judicial consignó que la resolución se conoció durante la continuación de la audiencia iniciada días atrás en la que la defensa había solicitado ocho días de prórroga para mejorar la situación procesal de Olguín.

La Fiscalía de Género Nº 2 estuvo representada por la fiscal Antonella Córdoba y la fiscal adjunta Mercedes García. Olguín fue asistido por los abogados Alfredo García Garro y Diego Domínguez.

La investigación se centra en dos hechos ocurridos el 17 de agosto. Fiscalía detalló que la mujer cursaba un embarazo de casi ocho semanas y había expresado su decisión de continuarlo.

Sin embargo, Olguín habría insistido para que lo interrumpiera y, durante la madrugada, la habría llevado por la fuerza hasta un baño, donde le habría colocado parte de la medicación debajo de la lengua. Horas después habría repetido la acción.

Posteriormente, la mujer comenzó a sentir un intenso dolor uterino y se produjo la pérdida del embarazo.

No conforme con obligarla a perder el hijo que estaba gestando, ese mismo día, cuando sufría pérdidas de sangre, habría sido agredida físicamente por Olguín en inmediaciones de la Comisaría Sexta, en el sector oeste de la ciudad de San Luis.

Fiscalía apuntó que los Informes médicos incorporados a la investigación constataron lesiones en distintas partes del cuerpo y una ecografía realizada al día siguiente determinó un aborto incompleto.

La causa también cuenta con registros de la atención médica recibida por la mujer, material biológico preservado y otras evidencias reunidas por la Fiscalía.

Durante la audiencia, Olguín decidió declarar y negó los hechos que le atribuye la Fiscalía. Sostuvo que no obligó a su expareja a ingerir la medicación y afirmó que ella no quería continuar con el embarazo.

También dio una versión diferente sobre el episodio ocurrido en inmediaciones de la Comisaría Sexta. Negó haber agredido a la mujer y aseguró que durante la relación había sido él quien sufrió situaciones de violencia.

Sus abogados cuestionaron principalmente la acusación por aborto sin consentimiento. Plantearon que, a su entender, las evidencias reunidas hasta el momento no alcanzan para sostener que Olguín haya obligado a la mujer a ingerir la medicación. También hicieron referencia a la atención que ella había recibido previamente en un centro de salud y a la documentación vinculada con la entrega del medicamento, donde, según señalaron, consta que la mujer recibió información sobre el procedimiento y prestó su consentimiento para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.

La defensa pidió que Olguín recuperara la libertad y sostuvo que cuenta con domicilio, trabajo y contención familiar. Como alternativa, solicitó que permaneciera bajo prisión domiciliaria y manifestó su disposición a cumplir con los controles que se establecieran.

Al analizar las posiciones de ambas partes, el juez consideró que la Fiscalía presentó información suficiente para que la investigación continúe bajo los delitos propuestos.

De esta forma tuvo por formulados los cargos contra Olguín por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con aborto sin consentimiento.

120 días de prisión domiciliaria

La Fiscalía había pedido que Olguín permaneciera 120 días en el Servicio Penitenciario al considerar que existían riesgos de fuga y de que pudiera interferir en la investigación, además del riesgo señalado para la mujer.

El juez entendió que era necesario mantener una medida que permitiera resguardar la investigación, pero consideró que esos riesgos podían ser controlados sin disponer su alojamiento en el Servicio Penitenciario.

Por ese motivo, ordenó que Olguín permanezca durante 120 días bajo prisión domiciliaria en la vivienda propuesta por su defensa. Además, deberá quedar bajo los controles del organismo encargado de supervisar el cumplimiento de la medida.

El juez le explicó que no podrá abandonar la vivienda y le advirtió sobre las consecuencias de incumplir la medida.

También continúa vigente la prohibición de acercamiento y contacto con la denunciante, dispuesta por seis meses y a una distancia mínima de 300 metros. Olguín tampoco podrá comunicarse con ella por teléfono, redes sociales ni ningún otro medio.