El caso "Suela 13" incomoda al intendente Hissa y expone las atenciones con Laura Sánchez

A medida que avanza la causa por corrupción alrededor del emprendimiento deportivo “Suela 13”, el caso deja de ser un error administrativo y se convierte en un entramado de beneficios que compromete políticamente de forma directa a la gestión de Gastón Hissa.

Ya no es un solo hecho. Es una secuencia. Primero fueron las facturas de electricidad pagadas por la Municipalidad de San Luis en el predio vinculado a Laura Sánchez. Después, EDESAL confirmó que el suministro permaneció a nombre de la comuna durante casi un año.

Ahora, las actuaciones administrativas incorporadas al expediente muestran el tercer beneficio: el complejo funcionó desde 2025 sin habilitación comercial y, cuando finalmente inició el trámite en junio de 2026, consiguió avanzar pese a observaciones y requisitos que todavía no estaban cumplidos.

La cronología es central y es calificada como demoledora. “Suela 13” ya tenía actividad durante el segundo semestre de 2025, mientras el suministro eléctrico del inmueble seguía registrado a nombre del Municipio. Recién el 3 de junio de 2026 se abrió el expediente E-06030022-2026 para solicitar la habilitación comercial.

En las actuaciones posteriores aparecen observaciones de inspección y exigencias pendientes, pero el permiso avanzó igualmente. Después se confeccionó un acta acuerdo para completar lo que faltaba.

Ese procedimiento marca una diferencia insultante con cualquier vecino de San Luis que intenta abrir un comercio: primero debe cumplir todas las exigencias municipales y después, si todo está bien, obtiene la autorización.

En el caso de Sánchez, parte de esas condiciones quedaron para después. Habilitación primero, requisitos después. La denuncia incorporó diez facturas correspondientes al período agosto de 2025 - mayo de 2026 y EDESAL confirmó ante la Justicia que el suministro del inmueble permaneció a nombre de la Municipalidad desde julio de 2025 hasta junio de 2026.

La investigación intenta determinar cómo esos consumos atravesaron durante meses el circuito administrativo municipal sin que nadie corrigiera la situación. Los denunciantes estimaron inicialmente un perjuicio superior a los $5 millones y pidieron investigar presunta malversación de caudales públicos, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Y hay un dato más que huele mal y quedó bajo análisis: lo ocurrido en los días previos a la denuncia. El 25 de junio apareció fechado un segundo expediente, E-06250079-2026, relacionado con un cambio de titularidad de Sánchez en el inmueble de República Árabe Siria 2702. El trámite tiene fecha de un día antes de la presentación judicial y no figuraba en las primeras consultas realizadas al sistema municipal, fue detectado posteriormente.

La Fiscalía ya pidió documentación a la Municipalidad, EDESAL, el Tribunal de Cuentas y el Concejo Deliberante, además de testimoniales de funcionarios e inspectores que intervinieron sobre el predio.

El problema político para Hissa ya no es judicial, es institucional. Sánchez no era una contribuyente cualquiera frente al Municipio. Era la presidenta del Concejo Deliberante, una de las principales dirigentes del oficialismo y quien queda institucionalmente a cargo del Ejecutivo cuando el intendente se ausenta.

Durante meses tuvo un emprendimiento funcionando sin la habilitación resuelta, con el suministro eléctrico vinculado a la Municipalidad y luego obtuvo el permiso pese a exigencias pendientes.

La Justicia, con la labor del Ministerio Público Fiscal, deberá establecer si detrás de esos beneficios hubo delitos y quiénes fueron los responsables. Pero cada documento que se incorpora a la causa aleja el caso de la explicación de un simple error administrativo y coloca en el centro una pregunta que la gestión Hissa todavía no respondió: ¿Por qué Laura Sánchez recibió del Municipio un trato que cualquier comerciante de San Luis difícilmente consigue?