La Cámara de Diputados sigue sin llegar a un acuerdo por el proyecto de intervención de El Trapiche, enviado hace más de dos semanas por el Gobierno tras la renuncia de Gabriela Ciccarone. El nudo que no puede desenredarse deriva de la intención del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) para que en las próximas elecciones en las que se elegirá el jefe comunal también sea creado un Concejo Deliberante. Los legisladores del bloque mayoritario de Compromiso Federal consideran que esto no hace al “fondo de la cuestión” y ésta fue una de las razones principales por las que ayer rechazaron el pedido de tratamiento sobre tablas realizado por los radicales, que impulsaban su propio plan para encauzar la vida política de la tradicional localidad serrana.
“Acá se incorpora un elemento extraño como es la creación de un Concejo Deliberante", José Giraudo.
“La normalización implica sólo la regularización del intendente. No teníamos una situación en la que hubieran renunciado concejales como para que en este momento intentemos dotar al pueblo de ediles, señaló el diputado provincial por Compromiso Federal, Gonzalo Estrada. El proyecto acercado por el frente radical, que fue acompañado por la bancada kirchnerista, busca que con las elecciones para elegir a un nuevo jefe comunal (que deberán ser realizadas 60 días después de elegido el interventor) sea conformado un Concejo integrado por cuatro ediles.
El diputado por Mercedinos por el Cambio, José Giraudo, fustigó que el FPCyS intente introducir sobre la marcha cuestiones que no están ceñidas al nombramiento del intendente interino, el contenido que tenía el proyecto de ley de normalización que había girado por el Ejecutivo. “Me parece que con esta actuación los legisladores no estamos a la altura de las circunstancias. Acá se incorpora a una situación de acefalía elementos extraños, como es la creación de un Concejo Deliberante”, afirmó.
El rechazo de Compromiso Federal al tratamiento del proyecto de la UCR responde también a realidades numéricas y de técnica legislativa. A pesar de las conversaciones permanentes entre los bloques, en el Congreso puntano aún no están los dos tercios de los votos que demanda el artículo 279 para habilitar la intervención de una localidad en caso de acefalía o graves desórdenes financieros.
Además, si el proyecto de ley que propusieron ayer los radicales hubiera sido desestimado, eso implicaba que no podía volver a ser tratado durante este año legislativo, una pesadilla burocrática que habría extendido la falta de autoridades electas en El Trapiche hasta el 2015 y que el oficialismo buscó disipar rápidamente.
La posibilidad que el proyecto hubiera sido bloqueado en su tratamiento surge porque en la sesión anterior los diputados acordaron quitarle la calificación original de “muy urgente”, por lo que pasó a tener carácter ordinario. Esta decisión apuntó a que los integrantes de la Cámara baja no estuvieran apremiados por el tiempo para acercar posiciones y pulir sus divergencias.
El rótulo de “muy urgente” implica que si los legisladores no arriban a un acuerdo, el proyecto puede ser sancionado de manera ficta o automática, un desenlace que ningún bloque, ni tampoco el Ejecutivo, quería ver cristalizado ya que simbolizaba la ausencia de consenso político.
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