En enero de este año, cuando no le llegó el impuesto inmobiliario del terreno que había comprado en el año 2000 en Potrero de los Funes, Jorge Mario Saporiti lo atribuyó a una demora en la entrega de las boletas. No se imaginó nunca que se debía a que una persona a la que no conoce le había vendido su propiedad a otra, con un poder supuestamente firmado por él.
El abogado que representa a Jorge Saporiti teme que detrás del poder "trucho" y la desaparición de las escrituras esté la mano de una asociación ilícita.
La estafa que ahora es investigada por el juez Penal Nº 1 de San Luis, Sebastián Cadelago Filippi, involucró la participación de dos escribanas de San Luis que fueron allanadas la semana pasada. Y ha dejado mal parada a una de ellas, Sara Quevedo de Chávez, porque el caso Saporiti permitió descubrir otras irregularidades tan serias que la presidenta del Colegio de Escribanos de la provincia, Lucrecia Inés Soria, señaló que “la situación es muy grave”.
Lo es, sobre todo, porque Quevedo de Chávez entregó al Colegio el libro –protocolo es el nombre técnico– con las escrituras confeccionadas por ellos, pero le faltan ocho fojas. En su reemplazo hay una exposición policial que da cuenta del supuesto extravío o robo de los documentos.
Uno de ellos, el número 98 de 2013, es el poder que en teoría Saporiti le habría dado a otra persona de apellido Villegas para que vendiera su terreno.
En primer lugar, la notaria debió haber hecho una denuncia y no una exposición. Y en segundo lugar, debió informar a la institución que integra sobre la desaparición de las escrituras, pero no lo hizo. Entregó el libro sin decir una palabra de la irregularidad.
“El Colegio de Escribanos se enteró de que al protocolo le faltaban ocho fojas y que en su lugar había una exposición policial recién cuando la secretaria del juzgado requirió el libro”, explicó el abogado Guillermo Sánchez Pagano, que patrocina a Saporiti.
“Aunque va a costar, vamos a probar que Saporiti nunca extendió ese poder para que vendieran su terreno y vamos a recuperar esa propiedad. Lo preocupante es que no se sabe qué contenían las otras siete escrituras que faltan”, agregó el abogado.
Son muchos los puntos que debe esclarecer la investigación que lleva adelante el juez Cadelago Filippi, que por estos días está en manos del fiscal Gabriel Lutens, para que dé su dictamen.
Debe aclarar, para empezar, si existe realmente la persona de apellido Villegas a la que, supuestamente, Saporiti le dio el poder.
Al dueño de la propiedad de ochocientos metros cuadrados le extrañó que este año no le llegara la boleta de la opción contado para pagar el inmobiliario. Por eso fue al edificio de Rentas, en Pedernera e Ituzaingó, a reclamarla. Allí le explicaron por qué no la había recibido: en los papeles de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos figura que ya no es el propietario, sino que la parcela ahora le pertenece a una persona de apellido La Guardia.
“Esa persona sabemos que existe. Le compró el terreno al tal Villegas y la escritura se hizo en la escribanía de Sonia Puglisi Becerra. Para hacer la operación, Villegas le entregó a esa escribana el poder confeccionado por Quevedo de Chávez, supuestamente firmado por Saporiti”, explicó Sánchez Pagano.
"Puede haber más propiedades que hayan sido vendidas sin el conocimiento de sus dueños", agregó.
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