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Fuerte reclamo de constructoras por las deudas que dejó Poggi

Por redacción
| 21 de diciembre de 2015
Problemas. Según los responsables de las empresas, el ex gobernador nunca los recibió. "Sólo nos reunimos con el ministro Ordóñez, que no dio respuestas", coincidieron.

Preocupación. Ésa fue la sensación que transmitieron el lunes diez empresarios  ligados a la construcción durante el reclamo público que hicieron por las deudas incumplidas del Estado puntano en el último tramo de la gestión de Claudio Poggi.

 


Los representantes de las compañías revelaron que la deuda global del Gobierno de San Luis con ellos alcanza los 700 millones pesos en concepto de tres puntos claves: pagos atrasados de certificaciones, la deuda de Fondos de Reparo retenidos desde 2013, y la falta de respuestas económicas ante las últimas construcciones entregadas.

 


Los encargados de comunicar el mal momento de las constructoras fueron Raúl Moreno (Lu-mma), Andrés Batistelli (La Punta Construcciones), Carlos Amprino (Green), Juan Saá (Indyca), Miguel Jeanmaire (Rovella-Carranza), Martín Moreno (Lumma), Raúl Ybañez (Alquimaq), Carlos Levignston (Ingeniería y Arquitectura), Alfredo Cortez (Alfa y Omega)y  Eduardo Cavichiole (Tragvial).

 


La fuerte crisis financiera golpeó duro a algunas firmas que ya despidieron o suspendieron trabajadores. Otras solicitaron al Estado una prórroga de 90 días para culminar sus trabajos.

 


Entre las construcciones atrasadas se encuentran viviendas, escuelas, hospitales y otras obras civiles, aunque garantizaron que, aunque no cumplirán con los plazos estipulados en los pliegos licitatorios, continuarán sus trabajos hasta finalizarlas.

 


"Lamentablemente la situación que atravesamos es muy mala. Nunca habíamos experimentado una crisis similar por parte del Estado. Nos vemos en la obligación de comunicar lo que pasa porque no encontramos respuestas por parte de la gestión de Claudio Poggi al frente del Gobierno y necesitamos que la comunidad lo sepa.  Aunque la situación de cada empresa es diferente, los tres puntos que reclamamos nos engloban a todos", dijo Miguel Jeanmaire, quien leyó en nombre de todos el comunicado que luego difundieron ante los periodistas.

 


"Ninguno ha cobrado las certificaciones de obra. El atraso data de abril de este año, cuando en condiciones normales deben ser cancelados dentro de los 60 días de la certificación", agregó.

 


"Pero más grave aún es la deuda que el Ejecutivo provincial mantiene, desde 2013, con las compañías por Fondos de Reparo (son una retención del 5 por ciento del monto total de la obra a realizar que el Estado hace a las empresas como garantía por si los trabajos no son terminados. Una vez que la labor es entregada, el Gobierno debe reintegrar esos fondos retenidos).

 


"Ante la falta de pago, el 2 de octubre solicitamos una audiencia al gobernador Poggi para resolver el problema. No nos recibió. Sólo nos atendió el ministro de Hacienda, Néstor Ordóñez, pero sólo dilató la situación. No nos dio ninguna solución", dijo Juan Saá.

 


A pesar de la falta de dinero, a lo largo de 2015 las compañías siguieron con sus tareas, pagaron a proveedores y obreros, pero la falta de ingresos ha complicado sus arcas y algunas viven momentos difíciles. "El caso de mi empresa es muy duro, tuvimos que despedir gente, estamos pagando en cuotas sus indemnizaciones. Entre certificaciones atrasadas y fondos de reparo el Estado nos adeuda veinticinco millones de pesos", reveló Saá.

 


Diálogo

 


El grupo empresario fue recibido hace días por el ministro de Obras Públicas, Felipe Tomasevich y su par de Hacienda, Natalia Zavala Chacur. Ambos funcionarios los escucharon y ya conocen a fondo la problemática del sector.  Ese encuentro le da un bálsamo de esperanza a los hombres de las constructoras. "Encontramos buena predisposición. El diálogo está abierto por parte del nuevo poder Ejecutivo. Seguiremos en contacto porque queda mucha obra pública por ejecutar y nosotros queremos hacer el trabajo. Tenemos buenas expectativas", dijo Raúl Ybañez.

 


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