Caso Ortiz: recusaron al juez por persecución contra la ex de Abel

Para Flavio Ávila y Eduardo Estrada Dubor, los abogados de Alejandra Espinosa, la ex de Abel Ortiz, no caben dudas: hasta el más ingenuo se da cuenta hacia dónde va la investigación por la desaparición del hombre de 31 años o, mejor dicho, hacia dónde la está encaminando el juez Contravencional y Correccional, Santiago Ortiz. Con el sondeo de terreno dentro y fuera del domicilio de la mujer que hicieron la semana pasada los peritos de Gendarmería con un aparato con tecnología de punta, especializado en el rastreo y la localización de cuerpos bajo la tierra, se cae de maduro que el magistrado más que dedicarse a buscar a Abel está empecinado en demostrar la responsabilidad de la peluquera en la desaparición, “en un delito que ni siquiera ha sido probado”, en un homicidio.

Por eso los representantes de la mujer de 38 años presentaron la recusación del juez. En ella plantearon "el temor de parcialidad". Ese miedo a que el magistrado haya perdido su imparcialidad lo fundamentaron con circunstancias objetivas y subjetivas, distinguió Ávila. “Creemos que hay una presión mediática y, además, el caso se ha politizado. Todo eso influye evidentemente en el ánimo del juez”, explicó.

El letrado subrayó que, en esa línea, la investigación ha incurrido en una "excursión de pesca" y "una insinceridad del procedimiento". "La carátula del expediente es 'Búsqueda de persona', pero la realidad es que están intentando probar la participación de mi cliente en un homicidio. Porque la mayoría de los testimonios son orientados en esa dirección", dijo.

A entender de los abogados, el magistrado peca en un principio básico del Derecho Penal: "No hay crimen sin una conducta".  "Él dice que buscan a una persona, pero la verdad es que buscan detener a alguien por las presiones y la respuesta que tratan de darle a lo que la familia pide", remarcó. Y lo que los Ortiz reclaman, desde un primer momento, es la detención de la ex de "Pochi", agregó.

Ávila comentó, además, que la hipótesis de que el desaparecido esté sepultado en la casa, la vereda o acaso la calle sobre la que vive su defendida ni siquiera halla asidero en el expediente. "No hay ninguna actuación policial que ponga dudas sobre esa situación. Sin embargo, porque los Ortiz entendían, por un comentario que les había llegado, que Abel podía estar enterrado ahí, su señoría tomó una medida como traer a Gendarmería", amplió.

El abogado dejó en claro, al igual que Alejandra, que ellos no opusieron reparo a la inspección que los gendarmes hicieron con el geo-radar. "Por nosotros, que investiguen todo lo que quieran, que se saquen las dudas. Lo que decimos es que la conducta desde ya es errática, es la de una excursión a la pesca. Así no se dirige una investigación. Va en contra del principio de inocencia y la doctrina procesal penal rechaza ese tipo de investigación, a la pesca de lo que pueda surgir", manifestó.

Del juez a la fiscal y viceversa

Antes de plantear la recusación, los defensores de la ex de "Pochi" solicitaron la nulidad de la Comisión de fiscales designada por el procurador general de la provincia para la causa, porque comprenden que "la formación y el desarrollo de esa comisión especial está prohibida por la Constitución".

Pero el problema saltó cuando, como establece el procedimiento, le corrieron vista a la fiscalía. "El juez le corrió vista a la fiscal natural que tiene la causa, Rosario Verdugo. Pero ella se lo devolvió sin pronunciarse, porque entendía que no le corresponde contestar esa nulidad, que es algo de lo que deberá encargarse la comisión", comentó. Ante esa situación el magistrado intimó a Verdugo.