Piden a empresas que contraten a empleados de Inclusión Social

Representantes de unas 19 empresas locales y de la Cámara de Industria de Villa Mercedes escucharon atentamente los detalles de la Ley de Capacitación y Fomento del Empleo, que apunta a que el sector privado contrate a trabajadores del Plan de Inclusión, brindados por la directora de Ingresos Públicos, Cecilia Badaloni, la jefa del Programa Industria, Natalia Spinuzza, y la ministra de Desarrollo Social, Alida García Peanú. “Fue una reunión informativa con varias empresas para comentarles los objetivos y contenidos de la ley, pedirles que colaboren con el sector público y tomen en cuenta a estos beneficiarios a la hora de incorporar mano de obra porque tenemos más de 2.000 personas que han sido capacitadas en distintos rubros”, contó García Peanú. 

También aclaró que todos “han rendido muy bien, recibieron sus certificados que acreditan la cantidad de horas de capacitación que en algunos casos fueron otorgados por la Universidad de La Punta y la Universidad Provincial de Oficios porque fueron dados por profesionales”. 

La ministra insistió en que “es necesario que el sector privado nos ayude y entienda que también es una responsabilidad social empresaria tomar en cuenta a esta mano de obra que ahora sí es calificada porque tuvieron una capacitación previa. Vemos que muchas empresas al momento de incorporar personal no los tomaban en cuenta porque pensaban que el Plan de Inclusión sólo se dedicaba a forestar”. Además detalló que por cada beneficiario que incorpore la empresa recibirá una colaboración económica gradual que durante los tres primeros meses será del cien por ciento de la mensualidad que percibe la persona en el Plan ($ 2.500). El segundo trimestre se reduce al 75 por ciento, los siguientes tres meses recibe el 50 y en el último trimestre será del 25. 
 

Badaloni comentó que su repartición “acompaña la iniciativa de Desarrollo Social con un crédito fiscal nominativo e intransferible equivalente al cincuenta por ciento del beneficio que percibe cada beneficiario del Plan de Inclusión Social que se otorgará durante doce meses pero que podrá ser utilizado en tres años para cancelar tributos, impuestos y tasas provinciales como Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario o Automotor”. 

En términos reales serían 15 mil pesos que cada empresa puede obtener por cada persona que contrate y en caso de que sean más de uno, el monto se multiplica por la cantidad de beneficiarios. “Por ejemplo si son diez personas, el crédito será de 150 mil pesos”, añadió la funcionaria. Además aclaró que hoy existen unas 200 firmas comerciales que están exentas del pago de ingresos brutos, “que representan unos 400 millones de pesos en términos de recaudación fiscal”.