Las denuncias que llegan a juicio son mínimas

Hace nueve años que Marcela Torres Cappiello está al frente de la Defensoría de Menores 2 de San Luis, donde a diario recibe casos de todo tipo. No obstante, asegura que los de violencia hacia la niñez y la adolescencia superan ampliamente a los de abuso sexual, que admite no son pocos. Consultada sobre el tema, la abogada dio su perspectiva de un flagelo cada vez más denunciado y delineó pautas que, en su opinión, servirían para prevenirlo y castigarlo en forma más efectiva.

—En estos años ¿notó un incremento de denuncias de abuso sexual infantil?

—Sí. Pero, ¡ojo! Hubo un incremento general de la cantidad de causas. No se incrementaron sólo los abusos, sino un montón de otros delitos, casos de violencia sobre todo.

Que en los abusos haya habido un aumento creo tiene que ver con dos cosas: primero, un aumento de población en la provincia; segundo, una mayor concientización entre las víctimas sobre cómo denunciar, sobre la posibilidad de denunciar. También creo que hay una cifra negra imposible de conocer, compuesta por las causas que no se denuncian, y en ese sentido hay que luchar contra el ‘qué dirán’, porque en muchas ocasiones no se denuncia por miedo a eso.

—¿Qué apreciaciones puede hacer de los casos que pasan por su despacho?

—El hecho de que los abusos afectan a todas las clases. De los casos que recibimos, el 80 o 90 por ciento son de gente en situación de vulnerabilidad, pero no porque no ocurra en las clases altas, sino porque las condiciones de vida de las personas de bajos recursos se convierten en un ambiente propicio para el hecho. Mucha gente viviendo en pocos ambientes; familias ensambladas; situaciones en las que el novio de la hermana se queda a dormir en la misma habitación; etcétera.

También, que la gran mayoría de los casos son intrafamiliares. En primer lugar diría que están los agresores no consanguíneos: padrastros, medio hermanos, parejas de las madres o de las abuelas. Después, tíos, abuelos, padres y madres, aunque esos casos son muy contados. Los padrastros llevan la punta. Es impresionante. Sobre todo con niños y niñas adolescentes. Es muy alto el índice de padrastros que abusan del hijo de su pareja.

Aclaro que hay muchísimos casos de abuso, pero nunca van a alcanzar la cantidad de casos de violencia que tramita el juzgado. Es verdad que el abuso es una de las formas más trágicas de la violencia, de las más graves, y pasa muchas veces que, a raíz de una denuncia de violencia, detectamos indicios de un delito contra la integridad sexual.

—¿Cómo trabajan con la Cámara Gesell?

—Por ley, la Cámara Gesell está prevista para un montón de casos, específicamente lesiones, homicidios, delitos contra la integridad sexual. Se pide centralmente para eso, pero también cuando el juez lo considere o las partes (fiscales y defensores) lo pidan.

Acá (en San Luis), por una cuestión de imposibilidad material, nosotros hacemos la vista gorda y priorizamos los pedidos de Cámara sólo cuando hay abusos y, excepcionalmente, en los casos de violencia. Ahora, si tuviéramos que trabajar como debiéramos hacerlo, las causas de violencia que se tramitan en el Juzgado de Familia superan ampliamente a los de abuso sexual y eso se vería reflejado en la Cámara, de eso no hay duda alguna.

—¿Qué cantidad de los casos judicializados termina en condena?

—La cantidad de causas que llegan a la segunda instancia no tiene nada que ver con las que se tramitan en la primera. Son muy pocos los caso que llegan a juicio oral.

Todos los días tenemos fechas fijadas para Cámara Gesell, generalmente tres o cuatro por día. Eso da una cuenta de la cantidad de causas que hay, porque en todos los abusos se pide Cámara Gesell sí o sí. Este año, juicios por abuso sexual, en mí Defensoría, he tenido sólo cuatro. Supongamos que la otra defensora (Rina Fanny Mercau) haya tenido la misma cantidad. Son ocho abusos que llegaron a juicio oral en 2016 de no sé cuántas denuncias que se hicieron en primera instancia, descartando las falsas y las dudosas. No se pueden comparar los números.

—¿Qué ajustes habría que hacer en el sistema judicial para que las víctimas se animen a denunciar y no sean revictimizadas en el proceso?

—Hay mucho para hacer, pero lo principal es acortar los plazos (de la Justicia). Lo ideal sería que la Cámara se realice ahí nomás, después de la denuncia como la revisación médica, entonces la criatura, una vez que declaró y fue revisada, no tiene que presentarse de nuevo, puede cerrar allí su participación en el proceso hasta que llegue la sentencia. El problema de los plazos es común a todas las causas, no sólo a las de abuso sexual.

También se charló hace un tiempo con los ministerios de Salud y Seguridad el tema de sugerirles a los jueces, porque sigue siendo criterio de ellos qué hacer, que las víctimas sean revisadas por nuestros médicos. Tenemos pediatras, y si no estuviera el pediatra, el forense lo puede reemplazar. Sólo en casos excepcionales, cuando se necesite algún tipo de atención extra, sí podríamos derivar chicos a la Maternidad provincial o a pediatría del hospital central.

Desde mi punto de vista siempre va a ser mejor que a la revisación la haga un pediatra y que, como establece la normativa, las niñas sean revisadas por una mujer, porque es chocante que a una nena ultrajada la tenga que tocar un hombre en ese momento.

Creo que a la par de otras provincias estamos muy bien, pero que nos faltan cosas sí, nos faltan, un montón.

—¿En qué áreas tendría que centrarse la prevención?

—Hay que trabajar la familia desde el minuto uno, como en el tema de la delincuencia. El Estado tiene que dar prioridad en sus recursos para atender el tema de la familia. La mayoría de los abusos ¿dónde ocurren?: en la casa, donde por ahí en una misma habitación duermen cinco personas, donde el novio de la hermana se queda a dormir, donde el padrastro está solo con las criaturas. Es una cuestión de trabajar con la familia nuclear para después evitar esto, por eso opino que todos los problemas actuales, la inseguridad, las adicciones y demás, tienen que ver con el fallo de la estructura familiar fundamental.

Por supuesto que uno puede prevenir desde otros lados, con campañas en el colegio, con programas deportivos, pero al final,  el trabajo fundamental tiene que ser con la familia.

En San Luis, y en todos lados, lo que falla es una cuestión de prioridad, de enviar recursos a donde tienen que estar. Hay un montón de políticas que sirven para esto, por supuesto, y está bien que el Estado las implemente, pero algo está fallando, porque el índice de delincuencia y violencia es alarmante y cada vez peor. El descontrol de los padres sobre los chicos es increíble, pero para hacer hincapié en la estructura familiar el camino es largo.

Repito, se pueden hacer campañas, pero lo prioritario es que el Estado sea garante de los derechos de los chicos y tiene que cumplir funciones donde los padres no pueden cumplirlas.