La senadora nacional por San Luis, Liliana Negre de Alonso, defendió la posición de San Luis sobre la presentación de un amparo judicial para que no se apliquen subas superiores al 70 por ciento a los usuarios puntanos del gas natural, durante el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Derechos y Garantías, donde estuvo el ministro de Energía, Juan José Aranguren.
La Provincia rechazó la propuesta del gobierno nacional, que estableció un techo del 400 por ciento en los aumentos, y que la mayoría de las provincias argentinas ya firmaron.
Luego de escuchar la posición del ministro, la legisladora preguntó: "¿A qué apuntan las negociaciones o las reuniones que, según dijo, se están manteniendo con la provincias? ¿Cuál es el objetivo de las mismas?". Y agregó: "En el caso de mi provincia no hay ninguna otra novedad aparte del tema de la sentencia".
Ante el requerimiento de Negre, Aranguren respondió: "En relación a las negociaciones con las provincias, le quiero decir que vino el fiscal de Estado de la provincia de San Luis (Eduardo Allende) junto con la ministra de Hacienda (Natalia Zabala Chacur), y San Luis no estuvo de acuerdo con lo que la mayoría de los gobernadores aprobaron (el techo en las subas del 400 por ciento), por cuanto son alcanzadas con el amparo que luego derivó en medida cautelar".
El ministro esbozó una respuesta para rebatir la posición puntana y dijo: "A nosotros no nos pareció que el 70 por ciento fuera paulatino y progresivo (el juez federal Juan Esteban Maqueda lo dispuso así cuando suspendió el tarifazo nacional), por eso vamos a apelar todas las medidas cautelares, reconociendo que en muchos casos tenemos que vislumbrar el carácter federal de la solicitud".
Posteriormente anunció que la Nación ya realizó una presentación en la Corte Suprema de Justicia para que se expida en el caso.
"El jueves pasado presentamos en la Corte Suprema de Justicia, usando un caso de la provincia de Mendoza, y hemos pedido un salto de instancia (per saltum), que firmó la subprocuradora del Tesoro y lo firmé yo, para pedir la intervención de la Corte, que decidirá si lo admite o no", añadió.
Una de las perlas de la exposición de Aranguren fue cuando ante las preguntas de los legisladores admitió estar "aprendiendo sobre la marcha" a definir la política tarifaria del gas y la electricidad.
Aranguren habló de los alcances de las resoluciones 99 y 111 de este año, que fijaron el ajuste de precios, cuadro tarifario, límites y tarifa social. Y dijo que trabajan con el Ministerio de Desarrollo Social para sumar al subsidio a aquellos asentamientos urbanos, considerados indigentes o muy pobres, que por trabajar en negro no entran en los criterios para recibir tarifa social.
Los legisladores no tardaron en expresar su descontento sobre la aplicación de las nuevas tarifas sin medir el impacto que generó en la sociedad.
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