Fiscalía de Estado denunció penalmente a Claudio Poggi

El Gobierno de la Provincia denunció penalmente al ex gobernador, Claudio Poggi, por estafas con terrenos que fueron destinados a la construcción de viviendas sociales en Justo Daract y La Toma. La presentación involucra también al ex ministro de Hacienda y Obras Públicas, Néstor Ordóñez, y salpica a dos escribanos particulares, a los que la anterior gestión recurrió para obviar el cumplimiento de la Ley de Escribanía de Gobierno y la llevó a pagar honorarios en un trámite que debía ser sin costo para la Provincia.

Además del gran perjuicio económico y de los delitos que se imputan, hay otro serio inconveniente que afecta a los adjudicatarios de 96 viviendas en Justo Daract, que como las tierras no están a nombre del Estado tampoco pueden ser propietarios de sus casas.

La escandalosa maniobra en la que está acusado el ex gobernador y el ex ministro se conoció ayer cuando el abogado de Fiscalía de Estado, Hugo Scarso, señaló en conferencia de prensa que la presentación fue el viernes, en el Juzgado en lo Penal Nº 2 por “estafa a los bienes del Estado y violación a los deberes de funcionario público”. También la acusación recayó sobre los notarios Julio Andrés Camargo Escudero y Lucrecia Inés Soria, quienes participaron de manera particular de las licitaciones públicas de las viviendas en Justo Daract y de 118 en La Toma, sin la intervención de la Escribanía General de Gobierno.

“En primer término, se violó la Ley de Escribanía de Gobierno, las escrituras fueron hechas por un escribano particular al que se le abonaron 331 mil pesos en concepto de honorarios, causando un perjuicio patrimonial al Estado”, afirmó Scarso, quien agregó que las irregularidades constan desde 2014 hasta 2015, previo a que Poggi deje la conducción del Ejecutivo.

Además, el representante de Fiscalía de Estado dijo que el caso más preocupante fue el de Justo Daract, ya que en una de las licitaciones se halló una hoja protocolar de la escribana Soria en la Escribanía General de Gobierno, en la que explícitamente se comprueba que el barrio de las 96 viviendas no está inscripto a nombre del Estado, sino que en el Registro de la Propiedad figura como titular Walter Hugo Torres.

Para los adjudicatarios de las casas, esa situación conlleva el perjuicio de que no puedan disponer del dominio de sus inmuebles hasta tanto no esté la escrituración formal y correcta, mientras que el Estado queda expuesto ante cualquier planteo judicial de quien se presente como titular de las tierras.

“El modus operandi que pudimos comprobar por el informe que se ha remitido desde Gobierno, es que en la mayoría de las escrituras de licitaciones se han realizado por escribanos particulares, obviando Escribanía General de Gobierno. A la fecha son unos ocho casos”, sostuvo Scarso, quien indicó que hay otras irregularidades referidas a escrituraciones.

"Tras esto puede haber una línea de corrupción, hoy no puedo hablar definitivamente de ese tema, pero de acuerdo a lo que estoy viendo y lo que se me ha delegado de la Fiscalía de Estado, fundamentalmente a lo que respecta a los medicamentos vencidos y otras cosas que me llegan desde otros ministerios, habría una línea de corrupción que será materia de investigación”, aseguró Scarso.