Conflictos y urgencias de una reforma impositiva

La actualidad que atraviesa el campo argentino nos permite observar que hay realidades distintas, porque como solemos decir, no todo es lo mismo en el campo, no todos los productores pasan por el mismo momento y habitualmente caer en generalidades se termina convirtiendo en un error. Pero hay algo que es innegable, que atraviesa a cada uno de los productores, que los unifica y que no discrimina por actividad: la elevada presión impositiva.

La espada tributaria se convirtió en la principal preocupación de los productores agropecuarios de todo el país, según lo confirma una encuesta realizada por el INTA. Por supuesto que también hay cuestiones más urgentes y más catastróficas, como por ejemplo la inundación que atraviesa gran parte de la zona central de la Argentina. Pero la realidad es que las excesivas precipitaciones perjudican sólo a los productores que se inundan, mientras otros terminan beneficiándose, por ejemplo, con mejores rindes o menos competencia comercial. Pero el peso de los impuestos es igual para todos y no discrimina entre inundados o no.

De tal manera que tenemos a la presión impositiva como un tema prioritario, y si bien es cierto que se avanzó poco a nivel general, no podemos dejar de destacar que en nuestro sector sí se realizaron algunas modificaciones que resultaron muy sustanciales en casos puntuales. Aunque por supuesto que esto no significa que lo que se reacomodó para el campo sea suficiente. Seguramente hay que hacer muchas más cosas.

En este contexto no se puede dejar de considerar que la quita de retenciones (más la baja de 5 puntos en soja) marcaron una diferencia para el productor. Lo que ocurre es que con los menores precios en el mercado internacional y el fuerte aumento en muchos costos internos, esa quita de retenciones no marca una diferencia definitoria al momento de considerar los ingresos de los productores. Pero lo que ocurrió en la Argentina con la salida del cepo, el ajuste cambiario y la quita de los derechos de exportación, claramente benefició al sector.

Las mejoras y la comparación con la situación anterior

Si analizamos lo que pasaba hasta diciembre de 2015, vemos que el impacto de las retenciones era muy significativo para los productores agropecuarios.

El caso del trigo es el primer ejemplo que podemos utilizar. En el año 2005 el productor pagaba en concepto de derecho de exportación (aunque el cereal fuera destinado al consumo interno), 106 dólares por hectárea (U$S/ha), en el año 2010 el desembolso fue de 232 U$S/ha y en el 2015 la cifra promedió los 207 U$S/ha. Todo calculado sobre la base de un rinde de 35 quintales por hectárea (qq/ha).

 Si esta medida de eliminación de las retenciones al cereal no se hubiera tomado, los productores hubieran pagado durante 2016 y 2017, la cifra de 179 U$S/ha por cada año. Es decir, que bien mirada, la realidad demuestra que los productores se aseguraron de no perder ese dinero durante los últimos dos años. Y eso es un claro resultado de reducción de la presión impositiva.

En el caso del maíz pasó algo muy similar a lo del trigo. Los productores pagaron, en concepto de derechos de exportación, 146 U$S/ha en 2005; 315 U$S/Ha en 2010 y 270 U$S/Ha en 2015. Sin la eliminación de retenciones, hubieran pagado 278 U$S/Ha en 2016 y 272 U$S/ha durante el 2017. Al igual que en el trigo, los productores pagaron cero al no mantenerse vigentes las retenciones y el beneficio de la menor carga fiscal se materializó. El ejercicio tendrá el mismo resultado si pensamos en otras producciones como el sorgo, la cebada o el girasol.

Por supuesto que la baja de precios en el mercado internacional, sumado al incremento de la gran mayoría de los costos de producción, hicieron que los ingresos de los productores no parecieran haber mejorado demasiado, o por lo menos no en la misma magnitud en la que bajó la presión fiscal a través de la eliminación de las retenciones.

En el caso de la soja la medida no fue tan alentadora. La reducción de los niveles de presión impositiva fueron menores, pero también bajaron. Hubo una reducción del 35 al 30% y la quita de 5 puntos extras a los productores del NEA y NOA. Además del proyecto de reducción de 0.5 puntos porcentuales de manera mensual a partir de enero de 2018.

En todo caso, la oleaginosa pasó de tributar, en concepto de retenciones, 190 U$S/ha en el año 2005; 429 U$S/ha en el 2010 y 396 U$S/ha en el 2015.Mientras que si no se hubiera hecho nada durante el 2016 el productor debería haber pagado 402 U$S/ha (pagó 345) y en el 2017 el descuento sufrido hubiera sido de 410 U$S/ha y, finalmente,  es de 351 U$S/ha.

En definitiva, los números siempre mandan. Y en este caso lo que demuestran es que si el sector hubiera seguido pagando las mismas retenciones que venía pagando hasta el 2015, durante los últimos dos años, hubiese tributado adicionalmente a lo que ya tributó alrededor de 7 mil millones de dólares.

Si lo medimos por volumen de producción, y no por ingresos económicos, lo que vemos es que  en el año 2015 de los 115 millones de toneladas (MT) totales que se produjeron según las cifras oficiales, 34 MT se perdieron en concepto de retenciones. En 2016 fueron 18 MT y en el 2017, 16 MT, es decir mucho menos de lo que estaba resignando el campo. Todo esto demuestra que la presión fiscal para el agro tuvo un cambio positivo en estos últimos dos años.

El peso de los impuestos en toda la economía

Pese a lo que mencionábamos más arriba producto de la eliminación de retenciones, no se puede discutir la realidad innegable de que la presión impositiva en Argentina continúa siendo muy alta.

Si analizamos la carga tributaria como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI), el peso de los impuestos en nuestro país representa un 34%, alrededor de 10 puntos porcentuales más que el promedio de los países de la región y apenas dos puntos por debajo de los países más desarrollados del mundo. Es decir que tenemos la carga impositiva de los países del primer mundo pero estamos lejos de tener los servicios y las prestaciones que ellos ostentan.

Además el nivel de evasión que hay en nuestro país eleva la presión tributaria sobre aquellos que pagamos los impuestos religiosamente. Y para colmo cuando pretendemos acceder a servicios tales como salud, educación o seguridad, muchas veces tenemos que recurrir a la contratación privada porque los servicios públicos terminan siendo muy ineficientes.

Pero no sólo es el campo el paga muchos impuestos. Todos estamos castigados por la elevada presión impositiva y actualmente un trabajador en relación de dependencia tiene que trabajar entre 174 y 206 días para pagar todos los tributos nacionales, provinciales o municipales, según los estudios realizados por el IARAF.

Además la Argentina tiene los principales impuestos en niveles más altos que el resto del mundo. Vamos a poner solamente tres ejemplos, pero que son la muestra fehaciente de la realidad que nos toca vivir. En el caso de la renta corporativa (Ganancias), el promedio mundial es de 24%, en América Latina casi 28% y en Argentina 35%. Si hablamos del IVA, el promedio global es de casi 16%, en la región el 13% y en nuestro país 21%. En seguridad social, el promedio mundial es de 17%, el de América Latina es de 13% y en Argentina oscila entre el 23 y 25%.

En estos días la promesa de una reforma impositiva está en boca de todos los políticos. Pero ojo que nadie asegura que van a bajar los impuestos. Hay que ver qué trae esa reforma, porque seguimos teniendo un estado que gasta mucho y cobrando en función de todo eso que derrocha.

Por lo tanto es necesario que se trabaje seriamente sobre la cuestión. Teniendo en cuenta que se debe hacer contemplando el conjunto de la economía argentina. Es indispensable que todos los sectores sean consultados, Nación, provincias y municipios deben participar de manera consciente y el resultado obtenido tendrá que representar una planificación de largo plazo y que no se vuelva a colocar un “parche sobre parche” y mucho menos que el Gobierno saque un simple rédito circunstancial.

Pero claro que esto último no será difícil en un país repleto de mezquindades y de ventajas políticas. La verdad es que seguramente estaremos pendientes todo el próximo año, pero no sabemos cómo será el tratamiento o si efectivamente se puede generar una auténtica reforma impositiva a través del Congreso.

Tal vez, y volviendo al sector que nos ocupa, no sea tan conveniente que el campo tenga tantas expectativas puestas en una reforma que todavía ni siquiera se conoce, que no se discutió y que además, si pretende tocar intereses referidos al financiamiento de los gobiernos, difícilmente termine saliendo. Mejor pensar en otros puntos a resolver, trabajar sobre los costos y sobre la eficiencia. Porque en definitiva, y esto lo tiene que saber de memoria el campo, siempre terminaremos dependiendo del propio sector, mucho más que de la política.