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Marina Riofrío: "Existía un vacío legal con los delitos informáticos"

Por redacción
| 19 de marzo de 2017
Marina Riofrío es senadora Nacional por San Juan.

Marina Riofrío es senadora nacional de San Juan por el Frente para la Victoria y el año pasado presentó el proyecto de ley de "pornovenganza" que contempla penas de 6 meses a 4 años a quienes difundan imágenes o videos intimos sin consentimiento de los involucrados. La norma que ya obtuvo media sanción el 8 de diciembre, aguarda su tratamiento en Cámara de Diputados, y Riofrío confía en que siente un precedente para entender al chantaje con las nuevas tecnologías como un delito.   

 


—¿Como se lo ocurrió presentar el proyecto de "pornovenganza"?
—Era evidente que había un vacío legal con respecto a los delitos que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Hubo en Argentina y en el mundo casos resonantes sobre el tema de quien haciendo abuso enorme de la confianza, sube a las redes fotos o videos de contenido sexual.
Creemos que esto tiene una implicancia en la vida de la víctima que es difícil de evaluar, que puede llegar hasta la muerte. Hubo un caso en Italia, en el que la víctima terminó suicidándose porque afectó su vida personal, familiar y laboral (ver Página 6). Sume a la gente en una depresión muy grande. Una vez que se suben estas imágenes, todos sabemos que son muy difíciles de sacar del ciberespacio. 

—¿La pena sería para la primera persona que difunde este material o para todo aquel que lo reproduzca?
—Será responsable quien lo suba y habrá que evaluar el daño de quien lo reproduce. Pero el objetivo del proyecto es dar un mensaje muy claro de que esto sea un delito de ahora en más, de que va estar contemplado en el Código Penal. 

 


—¿Que tiene de grave la "pornovenganza"?
—Es un delito que continúa en el tiempo. No es una lesión que cese. Prácticamente es imposible sacar del ciberespacio estas imágenes y videos. El resarcimiento es complejo.

—En este sentido, ¿no hay una cuota de responsabilidad de las empresas de internet?
—Se ha intentado ir en contra de estos proveedores. Pero al tiempo se choca con ellos, ellos argumentan defender la libertad de expresión. En algunos casos se ha logrado la colaboración.
Si se logra pasar esta ley, quizás logremos instalar en los ciudadanos esto como una conducta punible, como un delito. Y la verdad es que tenemos que actualizar el Código Penal en cuanto a las nuevas tecnologías. 

 


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