Quita de pensiones: dudas por la marcha atrás de la Nación

El Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ciudad y otras organizaciones se reunieron ayer por la mañana con la coordinadora del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en San Luis, Ana Cristina Perossa. Afirman que recibieron muy pocas precisiones y dudan que el gobierno central haya dado realmente marcha atrás con el recorte de los subsidios.

“Lamentablemente, no podemos dar demasiadas precisiones, porque la coordinadora del centro dice que ha estado hablando con sus superiores a nivel nacional y aseguran que la semana que viene tendríamos ‘muy buenas noticias’. Cuando le pedimos que precise de qué se tratan estas noticias, no saben decirnos cuáles son”, expresó Alicia del Rosario Lartigue, directora del Observatorio y declaró que no considera que haya habido una marcha atrás del gobierno nacional con la quita de pensiones.

“Simplemente han empezado a revisar los casos. Hay personas que, cuando empezaron a dar de baja las pensiones, en agosto del año pasado, hicieron sus amparos y aún no tienen resueltos sus expedientes. Hay demoras de 6 meses, un año y tal vez más. Mientras tanto, la gente sigue estando a la deriva”, apuntó.

Agregó que no tiene la certeza de que las pensiones suspendidas vayan a ser reestablecidas en un plazo próximo y aseguró que en la reunión la coordinadora le confirmó que el decreto 432, aplicado por el Estado nacional para dar de baja a las pensiones y considerado inconstitucional, sigue vigente.

Aníbal Oliveras, integrante del Observatorio y profesor de Sociología en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, sostuvo sobre la medida del gobierno de Mauricio Macri: “Lo que ha hecho el Estado es una retención indebida de haberes, queremos saber si le van a pagar a la gente lo que le deben, no sólo de ahora, sino también del año pasado. Gracias a estos saqueadores tenemos cinco millones de desocupados, gente que no tiene ninguna posibilidad de subsistir, y ahora dejaron un millón y medio de personas sin pensiones. Siempre que cometen errores curiosamente es con los pobres, mientras que a los ricos del agro y de las mineras les condonan deudas”, sentenció Oliveras.

De la reunión también participó Daniela Carco, miembro del Observatorio, quien expresó: “Quisimos conversar con la funcionaria respecto de la importancia de que no se puede priorizar un decreto por encima de lo que marca la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y aún así terminó aseverando que lo más importante era el complemento de lo que marcaba el decreto. Esto da cuenta de un total desconocimiento respecto de lo que implica el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Si ésa es la persona referente en la temática por parte del gobierno nacional, realmente asusta, por la estigmatización que presenta, cómo se expresa y por su modo de entender cada caso.”

“A todas las persona con discapacidad les decimos que no desistan, que no se corran de su lugar de derecho, y que unidos y yendo todos adelante con el reclamo, sí es posible”, indicó .“La situación de los discapacitados de San Luis es de total desamparo, porque se dice mucho, pero en los casos concretos, en lo que concierne a la calidad de vida, no hay respuesta”, concluyó Carco. 

El secretario de Prensa  del Sindicato de Docentes e Investigadores Universitarios de San Luis (Sidiu), Antonio Mangione, también asistió al encuentro y manifestó que en la entrevista con Perossa se pudo notar un discurso estigmatizante. “Para ellos el discapacitado es un ‘pobrecito’, y eso no es una muletilla, es una expresión que está instalada y alguien que es un referente del área a nivel nacional no tiene excusas para utilizarla. Este lenguaje revictimiza a la persona que ya sufrió un atropello del Estado nacional”, cerró.