La provincia adhirió a ley nacional que regula los PCBs

En la maratónica sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados de la Provincia logró su aprobación por unanimidad a la adhesión de la ley nacional de gestión y eliminación de PCBs (Bifenilos Policlorados), químicos utilizados en transformadores eléctricos y en la industria.

Desde 2002 la legislación a nivel país está vigente y el gobierno provincial aseguró a El Diario de la República que realiza controles constantes a empresas públicas y privadas con el fin de que su uso no sea dañino para la salud. Verónica Causi, diputada autora del proyecto de adhesión, perteneciente a Sanluiseños por el Cambio, cree que la enmienda busca prevenir el mal uso a futuro en fábricas, y por esa razón es que presentó el proyecto.

"Uno asocia el uso del PCBs con los transformadores de media y alta tensión. Pero no es así, se usa para aislantes eléctricos; interruptores de alta tensión; para condensadores; para termostatos  que miden las temperaturas y en los balastros de las lámparas fluorescentes", enumeró la legisladora del departamento Pedernera, sobre su proyecto, que fue analizado por las comisiones de Medio Ambiente y Asuntos Constitucionales del órgano legislativo. "Lo que buscamos a través de esta ley es un nuevo control. Tenemos fábricas privadas y otras que han cerrado, tenés que hacer un inventario. Hay que hacer controles sobre todo en lo fabril. Si no legislás, lo dejás abierto a la ley nacional de presupuestos mínimos", remarcó.

La ley establece un seguro de caución en el caso de accidentes con el químico. 

 

La adhesión establece "dictar  las normas de seguridad relativas al uso, manipulación, almacenamiento y eliminación del PCBs"; que la autoridad de aplicación será "el organismo de más alta jerarquía, con competencia en el área de política ambiental, que determine el Poder Ejecutivo Provincial", es decir el Ministerio de  Medio Ambiente, Campo y Producción; la creación de un registro provincial de usuarios; la prohibición de tránsito de la sustancia y un seguro de caución en caso de derrames o accidentes por parte de las empresas. 

Eliana Giorda, jefa de Subprograma de Industria y Residuos Peligrosos indicó a El Diario de la República que los controles de PCBs existen desde la década pasada, tanto a Edesal como empresas privadas que se valen del material. "Obviamente que en cada fábrica evaluamos el impacto ambiental, y les pedimos que nos agreguen un certificado libre de PCBs de cada transformador y en los que son públicos se hizo un relevamiento y se descartaron los que contenían más de la concentración permitida. Siempre se le pide a Edesal y los adjunta", aseguró, citando como ejemplo la revisión que hizo el subprograma en enero de un transformador en Villa de Merlo, que había motivado un reclamo vecinal. "Nos presentaron los certificados con la concentración que tenían, de los que eran menores a los máximos, considerados peligrosos y ahí finalizó el cuestionamiento a ese transformador", recordó. 

Para la jefa de subprograma, el problema iría por otro lado. "En las reuniones de la problemática está el tema de los transformadores que no son oficiales, sobre todo los que usan de manera particular en algunas casas rurales, que hacen mantenimientos caseros y puede haber contaminación cruzada", detalló.

La funcionaria expresó que actualmente en la provincia no hay un registro de usuarios, que coincidentemente, es algo que promueve actualmente el gobierno nacional. "También con los residuos peligrosos, los envases, quieren descentralizar toda la información. Nosotros discutimos con el gobierno nacional que nos den acceso, porque brindamos la información pero no sabemos qué información se llevan y estamos desprovistos", expresó.