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"Operación Hereford": le negaron la libertad al ganadero José Chiotti

Por redacción
| 29 de septiembre de 2018
Chiotti padre declaró en la indagatoria. Pero, para la Jueza, sus explicaciones fueron insuficientes. Foto: Nicolás Varvara

La jueza Palacios consideró que las averiguaciones están en una fase inicial y que él podría entorpecerlas. Al igual que otras cinco personas, está procesado por el robo de medio millar de vacunos.  

 

La jueza Penal 3, Virginia Palacios, le denegó la excarcelación al productor agropecuario José Alberto Chiotti, quien hace poco más de tres semanas fue procesado con prisión preventiva por abigeato agravado, al igual que su hijo, de igual nombre, el transportista Luis Alfredo Pereyra y los empleados rurales Pablo Escudero, Benito Nicolás Quinteros y Gilberto Miranda. La magistrado consideró que  hay riesgo procesal, ya que las averiguaciones están en una etapa inicial y él podría entorpecerlas. 

 

Para fundamentar el rechazo, Palacios hizo una reseña de las actuaciones, en la que consignó que en febrero de este año, una comisión policial especialmente designada comenzó la investigación. Medio año después, el 20 de agosto, ordenó el allanamiento de distintos domicilios vinculados a los sospechosos, entre ellos, propiedades ubicadas en San Luis y, otras, situadas en zonas rurales. Y destacó que, previo a comenzar con los allanamientos, intervinieron los celulares de los sospechosos, bajo la modalidad de escucha directa. 

 

Una semana después del inicio de los allanamientos, la jueza ordenó la detención de Chiotti padre e hijo, el transportista y los tres empleados rurales. Tras ser arrestado, Chiotti padre fue indagado por “Abigeato agravado en concurso real con asociación ilícita”, pero, por consejo de sus abogados, Omar Uría y Jorge Sosa, se abstuvo de declarar. Antes de que venciera la prórroga de la detención, Palacios lo procesó con prisión preventiva, por el mismo delito por el que lo había indagado. 

 

Palacios argumentó que esta causa presenta un “complejísimo entramado (…) en el que se investigan hechos que se articulan entre diferentes personas, establecimientos, organizaciones y reparticiones públicas”; y que, “en dicho complejo entramado delictual, aún no se encuentra circunscripto el círculo de presuntos intervinientes”. 

 

 

Entre los argumentos, la jueza consignó algunos elementos surgidos de las escuchas directas. 

 


Por lo que consideró que, de estar en libertad, Chiotti podría tener injerencia o ejercer influencia “con el grave perjuicio y menoscabo para la prosecución de los fines del proceso en cuanto a la búsqueda de la verdad real global, y no parcial”.
Además, refirió que los allanamientos, fundamentalmente aquellos dispuestos en establecimientos rurales, si bien comenzaron el 21 de agosto, aún están en curso. 

 

“Cabe reparar que las mismas —en referencia a estas medidas— resultan de vital importancia en orden a constatar la existencia de animales vacunos que pudieren resultar objeto y prueba de delitos materia de imputación; que dicha labor de constatación demanda una incansable labor diaria, habiéndose culminado con tres fincas rurales, a saber 'La Petra', 'Cuatro Esquinas' y 'El Paraíso' en un examen de 3.100, 1.500 y 750 animales vacunos, respectivamente; y que se encuentra en ejecución el allanamiento en corrales de Ser Beef, (con una constatación parcial de 1.600 animales vacunos, aproximadamente)”, detalló la jueza. Aún restan 15 campos. 

 

La defensa de Chiotti sostuvo que estas propiedades están debidamente custodiadas por la Policía. Pero “si hay algo que ha dejado en evidencia Chiotti, es la pretensa astucia para burlar todas las medidas dispuestas en el marco de la presente causa. Si dichas conductas se verificaron en circunstancias previas a la detención de la persona, ¿qué queda esperar si la misma hubiere de recuperar la libertad?”, se preguntó la magistrado.

 

En tal sentido, enumeró una serie de elementos que complican a Chiotti padre, obtenidos a través de las escuchas directas. 

 

Mencionó las comunicaciones telefónicas que éste mantuvo con empleados mientras se ejecutaban los allanamientos, “a los que les solicita el ingreso a los corrales para caravanear —es decir, para colocar las caravanas— una vez que la Policía se haya ido, sugiriéndole que lleve escondidas las caravanas en los bolsillos”. En otros contactos, también durante la ejecución de allanamientos, les pide a empleados de campos “que arrojen caravanas al campo vecino, a alguna barranca”. 

 

En otros llamados, consignó la jueza, Chiotti pregunta cómo la Policía dejaba asegurados los corrales al finalizar la jornada, y si se podía llegar a éstos a caballo. 

 

Algunas charlas “han arrojado la presunta connivencia de personal policial apostado en consignas de allanamientos”, y en otras “pretende entablar diálogo con altos funcionarios públicos en miras ‘a explicar su situación’”, indicó. 

 

Dijo que antes, durante la pre-instrucción de la causa, verificaron “sospechosas vinculaciones con reparticiones directamente vinculadas al contralor de la actividad ganadera”, tales como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Control Sanitario Fiscal (Cosafi). 

 

En este sentido, todavía resta incorporar gran cantidad de declaraciones “de personas que indiscutiblemente resultan allegadas, conocidas o cercanas (…) a Chiotti, pudiendo su libertad irrumpir o contaminar dichos testimonios”, consideró.

 

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