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Rechazan que el Ejército regrese a la Granja La Amalia

En la Comuna afirman que tienen la posesión efectiva del predio, que fue expropiado hace dos años.

Por redacción
| 10 de octubre de 2019
Conferencia. Ledesma, Campos y Suárez Amieva adelantaron su postura. Foto: Prensa Municipalidad de San Luis.

La posesión de las tierras de Granja La Amalia podría tener un nuevo capítulo en el "tire y afloje" entre el Estado Nacional y la Municipalidad de San Luis. En la Comuna aseguran que el Ejército Argentino hizo una petición formal ante la Justicia Federal de San Luis para que les levante la prohibición y puedan ingresar al predio para realizar prácticas militares. La Intendencia, que asegura tener judicialmente la posesión tras la expropiación de los terrenos en 2017, se puso en alerta y rechazó cualquier posibilidad de que el Ejército retorne a un lugar que usó durante mucho tiempo.

 

Según informó la Comuna, el Ejército Argentino hizo una petición formal ante el Tribunal Oral Federal (TOF), que entiende en  los juicios de lesa humanidad, para que les levante la prohibición y puedan ingresar al predio de Granja La Amalia para realizar prácticas militares. La información les llegó por una de las partes querellantes en la causa, la Asociación Permanente por los Derechos Humanos de San Luis (APDH), quienes ratificaron a El Diario de la República la existencia de la solicitud.

 

"Desconocemos los fundamentos, pero el Ejército no tiene legitimación ni derecho para hacer este pedido. Ellos no tienen más nada que ver con estos terrenos", manifestó ayer Ignacio Campos, secretario Legal y Técnico Municipal, en conferencia de prensa.

 

Hay que recordar que en estos terrenos funcionó un centro de detención durante la última dictadura militar y que las 300 hectáreas estuvieron bajo la órbita de las Fuerzas Armadas durante mucho tiempo. El gobierno nacional les desafectó la posesión de las tierras, que pasaron a formar parte de AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), con quien el Municipio inició negociaciones para una cesión formal, pero al fracasar comenzó con el proceso de expropiación, aprobada por  una ordenanza del Concejo Deliberante hace dos años. Tras esa situación, integrantes de las Fuerzas Armadas ingresaron al predio de todas formas y comenzó una disputa entre ambas partes, resuelta por la Justicia Federal, quien le ordenó a los militares que abandonen esas tierras. Aún la Justicia no dio una sentencia definitiva sobre la expropiación.

 

"Judicialmente la Comuna tiene la posesión total del inmueble. Lo que aún está en proceso en el juicio de expropiación, es el monto que se debe pagar. Pero ya podemos ver que se ha avanzado muchísimo con la urbanización por parte del Municipio", aseguró Campos y agregó: "Lo primero que tenemos que hacer es conocer en detalle la petición. A partir de ahí podemos tener contactos con la autoridad judicial, con el Ejército y con Nación.

 

Lilian Videla, representante de APDH, explicó: "Nosotros actuamos como querellantes en todos los juicios de lesa humanidad. Ahora la Asamblea ha recibido un pedido para que informemos si estamos dispuestos a permitirle al Ejército a efectuar maniobras. Nosotros no somos dueños del predio, pero nos parece una barbaridad. No esclarecen qué tipo de prácticas piensan hacer ahí, pero Granja La Amalia está en la ciudad, cerca del centro, la misma lógica dicta que en ese lugar no pueden hacer nada".

 

Quienes también participaron de la conferencia de prensa fueron Facundo Suárez Amieva, director del Observatorio de Derechos Humanos, y "Pancho" Ledesma, querellante en las causas de de-saparición de militantes políticos. "Esto nos agarra de sorpresa, porque estamos cerca de presentar el proyecto del Parque de la Memoria y de arrancar los trabajos en el lugar, interviniendo lo que fue el centro de detención y tortura", afirmó Amieva.

 

Ledesma no descartó que se trate de una jugada política por parte del gobierno nacional: "Creemos que es muy llamativo que a pocos días de una elección nacional y municipal, pase esto. Se pretende crear confusión y miedo en los vecinos. Se busca poner a la Municipalidad en una posición de dar explicaciones".

 

El Diario intentó contactar a las Fuerzas Armadas para conocer su versión, pero ninguna autoridad respondió al requerimiento.

 

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