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Capacitarán en violencia de género a empleados públicos

Además ampliaron la Ley de Acoso Sexual y Violencia Laboral. Diputados convirtió en ley la adhesión a la Ley Micaela, que lo vuelve obligatorio en los tres poderes.

Los empleados y funcionarios de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo deberán ser capacitados en violencia de género en San Luis. Será obligatorio, debido a la adhesión provincial a la Ley Nacional Micaela lograda este miércoles por unanimidad en la Cámara de Diputados en la última sesión del año.

La Ley 27.499 —llamada Micaela en honor a Micaela García, víctima de femicidio— establece que los empleados que formen parte de los tres poderes deberán capacitarse obligatoriamente en violencia de género y nombra a la Secretaría de la Mujer #NiUnaMenos o el organismo que lo reemplace como autoridad de aplicación. La norma también invita a los municipios a sumarse a las capacitaciones.

“Si bien en muchos poderes como el Judicial hay capacitaciones, creo que es fundamental que el Legislativo y Ejecutivo las tengan para poder entender la problemática de la violencia de género y abordar las leyes con esta perspectiva. Hay que capacitarnos para dar respuesta y entender la situación de tantas mujeres que sufren esta violencia, que a veces llega hasta los femicidios”, detalló Sonia Delarco, del Frente Unidad Justicialista.

La legisladora había presentado un proyecto de adhesión que había obtenido media sanción en Diputados, pero quedó sin tratamiento en Senadores. Allí, la Secretaría de la Mujer presentó un proyecto similar este año, que fue aprobado por la Cámara alta y que finalmente se convirtió en ley este miércoles. La Comisión de Asuntos Constitucionales actuó con celeridad y el martes obtuvo quórum para pasar la norma, detalló la legisladora.

 

 

Acoso laboral sexual

La Ley Micaela fue aprobada en conjunto con la modificación de Ley Provincial de Acoso Sexual Laboral, Acoso Ambiental y Violencia Laboral, del 2009. Esta había obtenido media sanción en la Cámara baja en diciembre del año pasado pero en Senadores sufrió modificaciones, que fueron aceptadas ayer en Diputados por unanimidad.

Delarco fue la autora del proyecto que aplica a toda la administración pública provincial e invita a privados y municipios a adherirse. La norma ordena “prevenir, controlar, sancionar y erradicar las conductas humanas que se consideran como acoso sexual laboral y violencia laboral en todas sus formas. Define al acoso sexual laboral como el hostigamiento permanente ejercido por funcionarios, jefes, autoridades, superiores, compañeros de trabajo o subordinados, independiente de su sexo, que “importe una amenaza o sometimiento de carácter sexual no deseado, hostil en el trabajo y de humillación, que pueda poner en peligro su trabajo”.

Mientras, el ambiental se refiere a comentarios, chistes y conversaciones de contenido sexual con los mismos fines. Por último, la violencia laboral hace referencia a conductas ejercidas por cualquiera de los mismos actores antes nombrados, que desplieguen comportamientos que atenten contra “la dignidad, integridad psicológica, moral, física, sexual y/o social del trabajador o trabajadora”, que tendrá especial gravedad cuando la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad.

La legislación, además de enumerar múltiples ejemplos de las posibles acciones encuadradas dentro de los tipos de violencia, establece sanciones que van desde apercibimientos a suspensiones y la creación de un observatorio abocado a la problemática. Entre las modificaciones introducidas por el Senado, incluye el concepto de identidad de género entre las categorías en las que se puede ejercer la violencia y se amplió de “color de piel” a características físicas.

Un apartado especial merecen las sanciones. La más leve es el apercibimiento, le sigue la suspensión por 5 a 10 días sin goce de haberes y entre 10 y 30 días en el caso de reincidir. Si las sanciones se acumulan hasta 40 días, se aplicará la cesantía. El Senado agregó, a su vez, que estas sanciones serán “sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y administrativa que la Justicia ordinaria determine”.

“Más allá de las leyes, creo que debemos realizar un profundo cambio cultural y social en nuestra sociedad puntana. Las mujeres debemos seguir luchando por la igualdad de derechos y seguiremos defendiéndolos”, concluyó la legisladora.

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Capacitarán en violencia de género a empleados públicos

Además ampliaron la Ley de Acoso Sexual y Violencia Laboral. Diputados convirtió en ley la adhesión a la Ley Micaela, que lo vuelve obligatorio en los tres poderes.

Género. La autoridad de aplicación de la ley será la Secretaría de la Mujer. Foto: Prensa Diputados.

Los empleados y funcionarios de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo deberán ser capacitados en violencia de género en San Luis. Será obligatorio, debido a la adhesión provincial a la Ley Nacional Micaela lograda este miércoles por unanimidad en la Cámara de Diputados en la última sesión del año.

La Ley 27.499 —llamada Micaela en honor a Micaela García, víctima de femicidio— establece que los empleados que formen parte de los tres poderes deberán capacitarse obligatoriamente en violencia de género y nombra a la Secretaría de la Mujer #NiUnaMenos o el organismo que lo reemplace como autoridad de aplicación. La norma también invita a los municipios a sumarse a las capacitaciones.

“Si bien en muchos poderes como el Judicial hay capacitaciones, creo que es fundamental que el Legislativo y Ejecutivo las tengan para poder entender la problemática de la violencia de género y abordar las leyes con esta perspectiva. Hay que capacitarnos para dar respuesta y entender la situación de tantas mujeres que sufren esta violencia, que a veces llega hasta los femicidios”, detalló Sonia Delarco, del Frente Unidad Justicialista.

La legisladora había presentado un proyecto de adhesión que había obtenido media sanción en Diputados, pero quedó sin tratamiento en Senadores. Allí, la Secretaría de la Mujer presentó un proyecto similar este año, que fue aprobado por la Cámara alta y que finalmente se convirtió en ley este miércoles. La Comisión de Asuntos Constitucionales actuó con celeridad y el martes obtuvo quórum para pasar la norma, detalló la legisladora.

 

 

Acoso laboral sexual

La Ley Micaela fue aprobada en conjunto con la modificación de Ley Provincial de Acoso Sexual Laboral, Acoso Ambiental y Violencia Laboral, del 2009. Esta había obtenido media sanción en la Cámara baja en diciembre del año pasado pero en Senadores sufrió modificaciones, que fueron aceptadas ayer en Diputados por unanimidad.

Delarco fue la autora del proyecto que aplica a toda la administración pública provincial e invita a privados y municipios a adherirse. La norma ordena “prevenir, controlar, sancionar y erradicar las conductas humanas que se consideran como acoso sexual laboral y violencia laboral en todas sus formas. Define al acoso sexual laboral como el hostigamiento permanente ejercido por funcionarios, jefes, autoridades, superiores, compañeros de trabajo o subordinados, independiente de su sexo, que “importe una amenaza o sometimiento de carácter sexual no deseado, hostil en el trabajo y de humillación, que pueda poner en peligro su trabajo”.

Mientras, el ambiental se refiere a comentarios, chistes y conversaciones de contenido sexual con los mismos fines. Por último, la violencia laboral hace referencia a conductas ejercidas por cualquiera de los mismos actores antes nombrados, que desplieguen comportamientos que atenten contra “la dignidad, integridad psicológica, moral, física, sexual y/o social del trabajador o trabajadora”, que tendrá especial gravedad cuando la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad.

La legislación, además de enumerar múltiples ejemplos de las posibles acciones encuadradas dentro de los tipos de violencia, establece sanciones que van desde apercibimientos a suspensiones y la creación de un observatorio abocado a la problemática. Entre las modificaciones introducidas por el Senado, incluye el concepto de identidad de género entre las categorías en las que se puede ejercer la violencia y se amplió de “color de piel” a características físicas.

Un apartado especial merecen las sanciones. La más leve es el apercibimiento, le sigue la suspensión por 5 a 10 días sin goce de haberes y entre 10 y 30 días en el caso de reincidir. Si las sanciones se acumulan hasta 40 días, se aplicará la cesantía. El Senado agregó, a su vez, que estas sanciones serán “sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y administrativa que la Justicia ordinaria determine”.

“Más allá de las leyes, creo que debemos realizar un profundo cambio cultural y social en nuestra sociedad puntana. Las mujeres debemos seguir luchando por la igualdad de derechos y seguiremos defendiéndolos”, concluyó la legisladora.

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