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La reforma del Código Penal trae delitos nuevos y varias polémicas

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La reforma del Código Penal trae delitos nuevos y varias polémicas

Sostiene la penalización del aborto. E impone penas a las protestas callejeras.

Hace veinte días, el Poder Ejecutivo envió finalmente al Congreso el proyecto de reforma del Código Penal Argentino, redactado hace casi cien años, en 1921. Y el texto ya levantó polvareda, generó polémicas y rechazos, porque agrega delitos sensibles, criminaliza la protesta social y deja casi intacto el capítulo de la punibilidad del aborto.

Traducido al castellano: el proyecto mantiene la pena de 3 años para aquella mujer que interrumpa voluntariamente el embarazo, salvo en los casos exceptuados ya en el Código de 1921.

Sin embargo, entre esas excepciones sí aparece un cambio sutil: aparte de la causal de violación, el nuevo Código incorpora la noción de "salud mental" en el caso de riesgo de vida para la madre.

Así, declara no punible el aborto "si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida, o la salud física o psíquica de la madre". Este agregado provocó las críticas de los sectores llamados "provida", que rechazan la despenalización del aborto.

El proyecto de reforma, redactado por una comisión de especialistas e ingresada al Senado de la Nación el 26 de marzo pasado, está a punto de iniciar su camino por las comisiones de la Cámara alta. Esto traerá un recorrido de expertos, voces a favor y en contra, y temas controversiales que prometen tensar la cuerda y, al menos, reunir planteos de modificaciones, agregados o quitas.

La iniciativa obedece, según los fundamentos del gobierno nacional, a que el actual Código Penal sancionado en 1921 sufrió numerosos cambios parciales que afectaron "su unidad, sistematicidad y coherencia interna, que dificultan el pleno cumplimiento del mandato previsto en el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional".

 

Las protestas, en peligro

Las organizaciones sociales critican el articulado del proyecto que apunta a criminalizar la protesta popular. Al menos, ellos lo ven así. Es que los cortes de calles y las manifestaciones sociales en general tendrán penas más duras y serán calificadas como "entorpecimiento del transporte público".

Además, si se aprueba el nuevo Código podrán darles hasta 2 años de prisión a quienes arrojen elementos que pudieran provocar lesiones o muertes, que se eleva a 3 años cuando es contra miembros de las fuerzas de seguridad.

El anteproyecto incorpora los delitos del narcotráfico y tráfico de estupefacientes: aumenta las escalas penales de los actualmente previstos en la ley especial, diferenciando según la gravedad de la conducta.

Se parte de la actual escala penal (de 4 a 15 años de prisión) para quienes siembren, cultiven o guarden plantas o semillas aptas para la producción de estupefacientes, y de 5 a 20 años para los eslabones más peligrosos de la cadena del narcotráfico: la fabricación, producción y comercialización de drogas ilegales.

Además aumenta a 6 años de prisión el mínimo de la pena del tráfico de paco o cualquier otra sustancia de desecho o residual que se genere en el proceso de producción.

La novedad es la incorporación de la despenalización de la tenencia para uso personal. El proyecto incluye la jurisprudencia de la Corte en el fallo "Arriola", por el cual no es punible la tenencia de drogas para uso personal en el ámbito privado.  

El capítulo de la corrupción es quizás el más amplio. Introduce como nuevas causales de interrupción de la prescripción de la acción penal la declaración de rebeldía del imputado y la solicitud de extradición. En cuanto al decomiso, moderniza ese apartado proponiendo que abarque todas las cosas o bienes que hayan servido de instrumento o medio en la comisión del hecho y de los que constituyan el producto, provecho o la ganancia, directos o indirectos del delito.

El texto prevé la chance de decomisar los bienes anticipadamente y de manera definitiva, antes de la condena penal, para todos los delitos, en caso de que se verifiquen ciertas condiciones.

El proyecto prevé un aumento sustancial de las escalas penales para los delitos de corrupción, en especial el cohecho (pago y cobro de coimas), soborno transnacional, enriquecimiento ilícito, con escalas penales que van de 4 a 12 años (en la actualidad es de 1 a 6 años), y de 2 a 6 para el enriquecimiento ilícito.

También hay nuevas agravantes para los delitos de cohecho pasivo y activo, y soborno trasnacional: cuando el funcionario ocupe el cargo de presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministro o secretario de Estado; gobernador o vicegobernador; jefe de Gobierno o vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires; intendente; juez nacional o provincial; legislador nacional, provincial, o municipal, con una escala penal de 5 a 15 años de prisión. En la actualidad solo se agrava cuando el funcionario sea un magistrado del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público, y la escala penal es de 4 a 12 años.

En el tema inseguridad, el nuevo Código propone como agravante el uso de motocicletas en delitos de robo, en la modalidad conocida como "motochorros".  

Mantiene la imposibilidad de acceder a la libertad condicional para los reincidentes y condenados por delitos dolosos cometidos con violencia, que hayan provocado daños físicos o mentales, o la muerte a la víctima. La misma prohibición se aplica a los delitos de corrupción de menores, explotación de la prostitución, contrabando agravado, financiamiento del terrorismo y tráfico de estupefacientes.

La tenencia ilegal de armas de uso civil sin autorización tendrá una pena de 3 años y 6 meses de cárcel; por el nuevo plazo, pasa a ser de cumplimiento efectivo.  

Los inmigrantes ilegales también están en la mira del nuevo texto. Aumentan las escalas penales para quienes usen documentación falsa o reingresen al país pese a tenerlo prohibido.  

Delitos contra el medio ambiente, en espectáculos futbolísticos, informáticos —como los casos de grooming—  también fueron incorporados. Y se incrementan las penas para homicidios en accidentes viales.  

Pese a todas las modificaciones, el Gobierno decidió no incluir el Régimen Penal Juvenil. Lo enviará por separado, posiblemente para evitar trabas en el tratamiento, en medio del año electoral.

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La reforma del Código Penal trae delitos nuevos y varias polémicas

Sostiene la penalización del aborto. E impone penas a las protestas callejeras.

Hace veinte días, el Poder Ejecutivo envió finalmente al Congreso el proyecto de reforma del Código Penal Argentino, redactado hace casi cien años, en 1921. Y el texto ya levantó polvareda, generó polémicas y rechazos, porque agrega delitos sensibles, criminaliza la protesta social y deja casi intacto el capítulo de la punibilidad del aborto.

Traducido al castellano: el proyecto mantiene la pena de 3 años para aquella mujer que interrumpa voluntariamente el embarazo, salvo en los casos exceptuados ya en el Código de 1921.

Sin embargo, entre esas excepciones sí aparece un cambio sutil: aparte de la causal de violación, el nuevo Código incorpora la noción de "salud mental" en el caso de riesgo de vida para la madre.

Así, declara no punible el aborto "si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida, o la salud física o psíquica de la madre". Este agregado provocó las críticas de los sectores llamados "provida", que rechazan la despenalización del aborto.

El proyecto de reforma, redactado por una comisión de especialistas e ingresada al Senado de la Nación el 26 de marzo pasado, está a punto de iniciar su camino por las comisiones de la Cámara alta. Esto traerá un recorrido de expertos, voces a favor y en contra, y temas controversiales que prometen tensar la cuerda y, al menos, reunir planteos de modificaciones, agregados o quitas.

La iniciativa obedece, según los fundamentos del gobierno nacional, a que el actual Código Penal sancionado en 1921 sufrió numerosos cambios parciales que afectaron "su unidad, sistematicidad y coherencia interna, que dificultan el pleno cumplimiento del mandato previsto en el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional".

 

Las protestas, en peligro

Las organizaciones sociales critican el articulado del proyecto que apunta a criminalizar la protesta popular. Al menos, ellos lo ven así. Es que los cortes de calles y las manifestaciones sociales en general tendrán penas más duras y serán calificadas como "entorpecimiento del transporte público".

Además, si se aprueba el nuevo Código podrán darles hasta 2 años de prisión a quienes arrojen elementos que pudieran provocar lesiones o muertes, que se eleva a 3 años cuando es contra miembros de las fuerzas de seguridad.

El anteproyecto incorpora los delitos del narcotráfico y tráfico de estupefacientes: aumenta las escalas penales de los actualmente previstos en la ley especial, diferenciando según la gravedad de la conducta.

Se parte de la actual escala penal (de 4 a 15 años de prisión) para quienes siembren, cultiven o guarden plantas o semillas aptas para la producción de estupefacientes, y de 5 a 20 años para los eslabones más peligrosos de la cadena del narcotráfico: la fabricación, producción y comercialización de drogas ilegales.

Además aumenta a 6 años de prisión el mínimo de la pena del tráfico de paco o cualquier otra sustancia de desecho o residual que se genere en el proceso de producción.

La novedad es la incorporación de la despenalización de la tenencia para uso personal. El proyecto incluye la jurisprudencia de la Corte en el fallo "Arriola", por el cual no es punible la tenencia de drogas para uso personal en el ámbito privado.  

El capítulo de la corrupción es quizás el más amplio. Introduce como nuevas causales de interrupción de la prescripción de la acción penal la declaración de rebeldía del imputado y la solicitud de extradición. En cuanto al decomiso, moderniza ese apartado proponiendo que abarque todas las cosas o bienes que hayan servido de instrumento o medio en la comisión del hecho y de los que constituyan el producto, provecho o la ganancia, directos o indirectos del delito.

El texto prevé la chance de decomisar los bienes anticipadamente y de manera definitiva, antes de la condena penal, para todos los delitos, en caso de que se verifiquen ciertas condiciones.

El proyecto prevé un aumento sustancial de las escalas penales para los delitos de corrupción, en especial el cohecho (pago y cobro de coimas), soborno transnacional, enriquecimiento ilícito, con escalas penales que van de 4 a 12 años (en la actualidad es de 1 a 6 años), y de 2 a 6 para el enriquecimiento ilícito.

También hay nuevas agravantes para los delitos de cohecho pasivo y activo, y soborno trasnacional: cuando el funcionario ocupe el cargo de presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministro o secretario de Estado; gobernador o vicegobernador; jefe de Gobierno o vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires; intendente; juez nacional o provincial; legislador nacional, provincial, o municipal, con una escala penal de 5 a 15 años de prisión. En la actualidad solo se agrava cuando el funcionario sea un magistrado del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público, y la escala penal es de 4 a 12 años.

En el tema inseguridad, el nuevo Código propone como agravante el uso de motocicletas en delitos de robo, en la modalidad conocida como "motochorros".  

Mantiene la imposibilidad de acceder a la libertad condicional para los reincidentes y condenados por delitos dolosos cometidos con violencia, que hayan provocado daños físicos o mentales, o la muerte a la víctima. La misma prohibición se aplica a los delitos de corrupción de menores, explotación de la prostitución, contrabando agravado, financiamiento del terrorismo y tráfico de estupefacientes.

La tenencia ilegal de armas de uso civil sin autorización tendrá una pena de 3 años y 6 meses de cárcel; por el nuevo plazo, pasa a ser de cumplimiento efectivo.  

Los inmigrantes ilegales también están en la mira del nuevo texto. Aumentan las escalas penales para quienes usen documentación falsa o reingresen al país pese a tenerlo prohibido.  

Delitos contra el medio ambiente, en espectáculos futbolísticos, informáticos —como los casos de grooming—  también fueron incorporados. Y se incrementan las penas para homicidios en accidentes viales.  

Pese a todas las modificaciones, el Gobierno decidió no incluir el Régimen Penal Juvenil. Lo enviará por separado, posiblemente para evitar trabas en el tratamiento, en medio del año electoral.

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