El Juzgado Federal San Luis tratará el amparo presentado por la Provincia

El tribunal federal con asiento en San Luis tomará la causa luego de que la Corte Suprema lo informara sobre la ausencia de una presentación similar en otra provincia. Fiscalía de Estado y el gobierno nacional fueron notificados y la administración Macri tomó contacto con la presentación puntana. El 18 de febrero el Gobierno de San Luis exigió, mediante una medida cautelar, que el segundo tarifazo del gas natural no se aplique en los usuarios sanluiseños al considerarlos “inconstitucionales e inaplicables”.

La demanda, una acción colectiva que intenta frenar el incremento, apunta contra el Estado nacional, la Secretaría de Energía de la Nación y al Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas). La suba promedio de la tarifa de gas domiciliario para 2019 alcanzará un 30 por ciento.

El proceso estaba frenado porque la Corte Suprema no respondía al Juzgado Federal de San Luis sobre la existencia de otra demanda colectiva sobre el mismo ítem que haya sido presentada con anterioridad en otra provincia (hay un registro para este tipo de casos). El máximo órgano judicial informó la ausencia de un juicio similar y por ello la causa ya toma curso en el tribunal federal con asiento en la capital puntana.

Ahora, el gobierno nacional tendrá 9 días para responder al reclamo puntano.

Pero al margen de la medida cautelar que busca impedir la aplicación del incremento en los usuarios que viven en la provincia, la demanda sanluiseña apunta a las bases en las que se apoyan los incrementos del presidente Macri: la dolarización de las tarifas.    

La acción judicial presentado por el Fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, se basa en los términos previstos en el artículo 43 de la Constitución Nacional y por el cual solicitó la “inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los aumentos en la tarifa del gas”.

Los fundamentos de la demanda puntana tienen raíz en la inconstitucionalidad de las normas y acuerdos que autorizan la dolarización del precio en la adquisición del gas por parte de las empresas y que ellas trasladen la tarifa final al usuario. Para el Estado puntano, esa determinación viola los derechos de los consumidores y lo dispuesto en los artículos 1°, 14°, 16°, 17°, 42°  y  75° de la Constitución Nacional.

La presentación exige una mayor transparencia en la metodología de facturación en el servicio a usuarios de San Luis, ya que —según los fundamentos que adujo Fiscalía de Estado— se encuentran “violentados los principios constitucionales de legalidad y equidad,  así como la previsibilidad, que hace a la seguridad jurídica de los ciudadanos; lo que produce un resultado violatorio de garantías constitucionales”, revela el documento.