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Intentan estafar a una mujer por una supuesta deuda

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Intentan estafar a una mujer por una supuesta deuda

Tiene 50 años y vive en San Luis. Recibió una intimación sin validez por una compra que no hizo. 

El famoso "cuento del tío" siempre acecha. A fines de mayo, Elda Montivero, recibió en su lugar de trabajo una intimación de deuda, que aseguró que no había contraído. La hoja de un papel común y de tamaño A4 lleva el nombre de carta documento. Allí se le reclama un monto que supera los 6.000 pesos, y que correspondería a un saldo por una compra realizada en Isidoro Calzados, un local situado en la capital tucumana. Tras consultar con un abogado del Poder Judicial, este le indicó que se trataba de un documento sin valor jurídico y que era una estafa.

El 10 de junio un portal de Villa Dolores, vdx online, publicó una denuncia de iguales características que mostraba el documento firmado por el abogado Esteban Coll que es quien también le reclama dinero a Montivero. En el papel solo figura un número de teléfono con prefijo de Buenos Aires al que la damnificada puntana intentó llamar y nunca le respondieron. "Recibir esa notificación en mi trabajo me angustió mucho. Trato de no deberle a nadie y es por eso que supe que esa no era mi deuda. Lo primero que pensé fue en mandar una carta documento al tal Coll pero eso tiene un costo de 500 pesos, que no tenía en ese momento", explicó sobre lo que le causó la novedad, que además la expuso a los comentarios de compañeros y hasta de su propio jefe. 

El 30 de mayo, cuando Montivero llegó como todos los días a su lugar de trabajo se encontró con el papel que durante casi 10 días la tuvo en vilo. "Conocidos me contaron que en el Poder Judicial de San Luis existía un área que daba asesoramiento gratuito a quienes tuviesen dudas sobre algún tema legal. Fui una mañana y allí me dijeron que se trataba de una estafa. Me contaron que ese tipo de actas se reciben en mano y generalmente en el domicilio propio. Además son enviadas por el Correo Argentino y no por Oca, como fue en mi caso. El tamaño de la hoja también les llamó la atención", explicó sobre las palabras autorizadas que le llevaron tranquilidad sobre su economía. "Simplemente me sugirieron que no haga nada y que los ignore, ya que el documento no tiene validez jurídica".  

Montivero tiene 50 años, nació en Córdoba capital y hace casi 30 años que vive en San Luis. Sobre Isidoro Calzados, en internet solo figura una fan page de Facebook que coincide con el rubro mencionado en el documento recibido por la denunciante. Allí es posible ver que el comercio está en San Miguel de Tucumán. La damnificada aseguró en su defensa que jamás viajó a esa provincia y que tampoco realizó ninguna compra por internet u otro medio. 

El Diario consultó al abogado Héctor Zabala (MP 1072) quien explicó qué es lo que pasa con las deudas que contrae cualquier persona para adquirir un bien o servicio. "Lo primero que hay que saber es que las deudas prescriben. Es decir que si durante un período de tiempo no fueron abonadas, ya no es posible cobrarlas por la vía judicial. Hay casos en los que determinadas empresas dan créditos personales, que cuando no los pueden cobrar deciden vender por un monto mínimo la base de datos de los morosos a estudios jurídicos, que luego intentan hacer efectivo el pago. El hecho es que ese cobro, ya sea porque se trata de una vieja deuda o porque no hay papeles que acrediten una relación de consumo, solo puede reclamarse con un acuerdo entre las partes sin que intervenga la Justicia", explicó. 

 

Cada caso es distinto y por ese motivo recomiendan siempre realizar las consultas pertinentes con profesionales matriculados. "La modalidad siempre es la misma. Los cobradores que trabajan con morosos se comunican por cualquier vía y les informan del monto que deben abonar antes que los embarguen. Lo primero que uno hace es reconocer la deuda, por lo que la mayoría de la gente se asusta y sale a pagar, lo que está bien porque la deuda existe aunque no puedan llevar el reclamo al ámbito de la Justicia", contó y agregó que lo que no está bien son las amenazas que involucran acciones legales lo que resulta un método mentiroso que podría encuadrarse como una estafa. 

"Tanto la amenaza de un mal mayor en caso de no cancelar una deuda prescripta o la intimación de pago por un monto atrasado que no existe representan una estafa. En ese caso es posible iniciar acciones penales contra quienes hacen el reclamo", explicó y agregó que las morosidades que ya caducaron se transformaron en el negocio de algunos. "Hay foros de abogados en internet en el que han mencionado al abogado que firma el documento de la señora Montivero. Allí se hablaba de que había casos similares en todo el país. Coll es abogado, pero tampoco tiene la facultad de litigar en nuestra provincia si no es por intermedio de un profesional matriculado en San Luis". 

Sobre el papel recibido por la denunciante el letrado explicó: "Los casos que yo vi en mí estudio, no son cartas documento. Inclusive son entregadas al destinatario sin confirmación de recepción que sirve para posibles litigios en los que se da fe de quién envía y quién recibe", contó Zabala.

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Intentan estafar a una mujer por una supuesta deuda

Tiene 50 años y vive en San Luis. Recibió una intimación sin validez por una compra que no hizo. 

El famoso "cuento del tío" siempre acecha. A fines de mayo, Elda Montivero, recibió en su lugar de trabajo una intimación de deuda, que aseguró que no había contraído. La hoja de un papel común y de tamaño A4 lleva el nombre de carta documento. Allí se le reclama un monto que supera los 6.000 pesos, y que correspondería a un saldo por una compra realizada en Isidoro Calzados, un local situado en la capital tucumana. Tras consultar con un abogado del Poder Judicial, este le indicó que se trataba de un documento sin valor jurídico y que era una estafa.

El 10 de junio un portal de Villa Dolores, vdx online, publicó una denuncia de iguales características que mostraba el documento firmado por el abogado Esteban Coll que es quien también le reclama dinero a Montivero. En el papel solo figura un número de teléfono con prefijo de Buenos Aires al que la damnificada puntana intentó llamar y nunca le respondieron. "Recibir esa notificación en mi trabajo me angustió mucho. Trato de no deberle a nadie y es por eso que supe que esa no era mi deuda. Lo primero que pensé fue en mandar una carta documento al tal Coll pero eso tiene un costo de 500 pesos, que no tenía en ese momento", explicó sobre lo que le causó la novedad, que además la expuso a los comentarios de compañeros y hasta de su propio jefe. 

El 30 de mayo, cuando Montivero llegó como todos los días a su lugar de trabajo se encontró con el papel que durante casi 10 días la tuvo en vilo. "Conocidos me contaron que en el Poder Judicial de San Luis existía un área que daba asesoramiento gratuito a quienes tuviesen dudas sobre algún tema legal. Fui una mañana y allí me dijeron que se trataba de una estafa. Me contaron que ese tipo de actas se reciben en mano y generalmente en el domicilio propio. Además son enviadas por el Correo Argentino y no por Oca, como fue en mi caso. El tamaño de la hoja también les llamó la atención", explicó sobre las palabras autorizadas que le llevaron tranquilidad sobre su economía. "Simplemente me sugirieron que no haga nada y que los ignore, ya que el documento no tiene validez jurídica".  

Montivero tiene 50 años, nació en Córdoba capital y hace casi 30 años que vive en San Luis. Sobre Isidoro Calzados, en internet solo figura una fan page de Facebook que coincide con el rubro mencionado en el documento recibido por la denunciante. Allí es posible ver que el comercio está en San Miguel de Tucumán. La damnificada aseguró en su defensa que jamás viajó a esa provincia y que tampoco realizó ninguna compra por internet u otro medio. 

El Diario consultó al abogado Héctor Zabala (MP 1072) quien explicó qué es lo que pasa con las deudas que contrae cualquier persona para adquirir un bien o servicio. "Lo primero que hay que saber es que las deudas prescriben. Es decir que si durante un período de tiempo no fueron abonadas, ya no es posible cobrarlas por la vía judicial. Hay casos en los que determinadas empresas dan créditos personales, que cuando no los pueden cobrar deciden vender por un monto mínimo la base de datos de los morosos a estudios jurídicos, que luego intentan hacer efectivo el pago. El hecho es que ese cobro, ya sea porque se trata de una vieja deuda o porque no hay papeles que acrediten una relación de consumo, solo puede reclamarse con un acuerdo entre las partes sin que intervenga la Justicia", explicó. 

 

Cada caso es distinto y por ese motivo recomiendan siempre realizar las consultas pertinentes con profesionales matriculados. "La modalidad siempre es la misma. Los cobradores que trabajan con morosos se comunican por cualquier vía y les informan del monto que deben abonar antes que los embarguen. Lo primero que uno hace es reconocer la deuda, por lo que la mayoría de la gente se asusta y sale a pagar, lo que está bien porque la deuda existe aunque no puedan llevar el reclamo al ámbito de la Justicia", contó y agregó que lo que no está bien son las amenazas que involucran acciones legales lo que resulta un método mentiroso que podría encuadrarse como una estafa. 

"Tanto la amenaza de un mal mayor en caso de no cancelar una deuda prescripta o la intimación de pago por un monto atrasado que no existe representan una estafa. En ese caso es posible iniciar acciones penales contra quienes hacen el reclamo", explicó y agregó que las morosidades que ya caducaron se transformaron en el negocio de algunos. "Hay foros de abogados en internet en el que han mencionado al abogado que firma el documento de la señora Montivero. Allí se hablaba de que había casos similares en todo el país. Coll es abogado, pero tampoco tiene la facultad de litigar en nuestra provincia si no es por intermedio de un profesional matriculado en San Luis". 

Sobre el papel recibido por la denunciante el letrado explicó: "Los casos que yo vi en mí estudio, no son cartas documento. Inclusive son entregadas al destinatario sin confirmación de recepción que sirve para posibles litigios en los que se da fe de quién envía y quién recibe", contó Zabala.

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