La UNSL capacitará a toda la comunidad universitaria en género
Este viernes el rector de la casa de estudios firmó la adhesión a la Ley Micaela.
Este viernes el rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Félix Nieto Quintas, firmó una resolución que plantea la adhesión a la Ley Micaela para capacitar a toda la comunidad universitaria en perspectiva de género.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) determinó que este tipo de capacitación se brinde en todas las instituciones de educación superior del país, y está destinada a las autoridades, docentes, no docentes y estudiantes, y prevé su incidencia en la comunidad.
“Nos reunimos con las organizaciones que han venido militando este tema en la Universidad, que es muy prolífero en agrupaciones que tienen la perspectiva de género como una de sus luchas más fuertes, y vamos a coordinar con ellos un ciclo de capacitación”, señaló Nieto Quintas.
El Rector sostuvo que su expectativa es que las capacitaciones para las autoridades sean antes del receso invernal. Luego del receso se iniciará la logística para ejecutarlas de manera masiva.
Participaron del encuentro el Coordinador de Género de la UNSL, la agrupación Ningunas Santas: mujeres por la perspectiva de género, ADU, SIDIU, APUNSL, FUSL, las agrupaciones estudiantiles: Franja Morada, San Luis Independiente y Movimiento Universitario Sur, representante del equipo del protocolo de acción contra la violencia de género de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH), y la directora de la Especialización en Intervención en Géneros.
La Ley Micaela (Nº 27.499) fue elaborada luego del femicidio de Micaela García, la joven de 21 años que fue violada y asesinada a la salida de un boliche, en Gualeguay, por un hombre que ya tenía antecedentes de ataques sexuales. La noticia del crimen de Micaela, luego de siete días de intensa búsqueda, en abril de 2017, generó una fuerte conmoción a nivel nacional ya que la joven participaba activamente del movimiento Ni Una Menos y militaba en el Movimiento Evita. Sebastián Wagner fue condenado a prisión perpetua de 30 años por el crimen.
El proyecto establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.
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