Si Sol Bus deja de dar el servicio a La Punta podrían quitarle la concesión

El sábado, el descontento de los vecinos de la ciudad de La Punta se materializó en una protesta que paralizó el paso de los colectivos del interurbano. Pero, como la manifestación ya estaba estipulada, el Programa Transporte pidió a las dos empresas que prestan el servicio La Punta-San Luis que se desvíen dos cuadras para poder transitar sin problemas. El Grupo MR, compuesto por las líneas Sol Bus y María del Rosario, no accedió a la sugerencia y sufrió como consecuencia la intercepción de sus unidades por parte de los protestantes. La dueña de la empresa de colectivos, Rosa Gómez, amenazó con quitar el servicio si continúan las manifestaciones, pero Transporte advirtió que eso podría culminar en una cesión del contrato con la empresa.

El jefe del Programa Transporte, Edgar Devia, aseguró que Gómez puede suspender el servicio "pero, si lo hace, la intimamos y le sacamos la concesión de ese corredor específicamente. Cesar el contrato del resto de los circuitos sería para un análisis jurídico más profundo, pero puede haber una afectación total de la firma".

"Se tiene que someter a un montón de consideraciones administrativas que nosotros vamos a realizar desde acá. Ella tiene un contrato con el Gobierno", explicó Devia. Asimismo, aseguró que la versión que relata la empresaria no es del todo acertada. "No hubo una agresión a los choferes, si no hubiesen hecho la denuncia. Hubo una interrupción del servicio que duró una hora y media en un determinado punto. La protesta fue pacífica y, para no tener conflictos con la gente, les pedimos a las dos empresas que se desviaran dos cuadras. Panamericana lo hizo y circuló sin problemas, pero Gómez no accedió y quería suspender el servicio. No consideramos que fuera para hacer intervenir a un cuerpo de policías, era una protesta de 60 vecinos", comentó.

Subrayó que el programa está reviendo la "situación real de cada empresa, por eso, trabajamos junto al Ministerio de Hacienda en estos momentos". En este análisis pidieron documentación de cada concesionaria y "el Grupo MR es una de las que presentaron los papeles a medias", indicó y agregó que el período de concesión es hasta el 2021, pero "si no cumplen ciertas condiciones se les puede sacar antes".

Por su parte, Gómez advirtió que "si el Gobierno no da una solución y los vecinos de La Punta dicen que no necesitan los colectivos, voy a dejar de hacer el servicio". La empresaria manifestó que los únicos damnificados son las empresas y los choferes, porque si no tienen los fondos no pueden salir y hacer el servicio. Denunció que en la manifestación del sábado insultaron y empujaron a uno de los inspectores de la empresa que anotaban los autos que hacen los viajes solidarios, a los cuales consideró ilegales. Además, indicó que sin subsidios el viaje debería costar 75 pesos, 30 más de lo que hoy se cobra.

"Si los ciudadanos de La Punta dicen que no necesitan el colectivo, es muy corta, se pasa una nota a Transporte que diga que no quieren más el servicio. Lo que hicieron fue un secuestro de las unidades y una maniobra ilegal. Al primer vidrio que tenga roto, levanto el servicio. Lo voy a hacer porque no voy a arriesgar la vida de nadie", sentenció Gómez.