Catalfamo sobre la IVE: "El Estado debe dar respuesta"

El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y el "Plan de los Mil Días" llegaron a las cámaras. Las dos iniciativas complementarias buscan garantizar cualquiera de las opciones que la mujer o la persona con capacidad de gestar decida para su proyecto de vida: interrumpir su embarazo o maternar. En ambos casos, es un Estado presente el que acompañará a la mujer o la persona gestante en su decisión, sin consultarle los motivos y garantizando proyectos de vida cuidados e igualitarios. Las expectativas por lo que definirá el Senado de la Nación son muchas. María Eugenia Catalfamo, quien será la única senadora puntana que acompañará la iniciativa del Ejecutivo, aseguró que se trata de una ley "de justicia social".

"Como militante peronista debo decir que ambos proyectos tienen un hilo en común: la justicia social, una de nuestras banderas principales, porque lo que buscan es garantizar la igualdad de acceso al derecho a la salud y a una vida digna que incluye la decisión sobre el proyecto de vida. Maternar o no pasa a ser una cuestión de soberanía y de respeto a las decisiones. Que cada mujer o persona con capacidad de gestar pueda elegir para fomentar su autonomía y con el respaldo de un Estado que reconoce, asegura y garantiza la salud plena en cualquiera de sus decisiones".

Hay una verdad que es insoslayable: los abortos existen, existieron y seguirán existiendo. Este es un hecho evidente que cualquiera puede constatar entre su círculo socioafectivo y que las estadísticas confirman. Como así también sabemos de las historias de mujeres que han perdido la vida en una práctica insegura por encontrarse en contextos de extrema vulnerabilidad y sin recursos. "Muchas de las mujeres o personas con capacidad de gestar que transcurren un embarazo no deseado prefieren arriesgarse a morir en un aborto clandestino e inseguro antes que maternar. Para algunas personas esto no es una opción y es algo que debemos respetar", sostuvo la legisladora.

Esta realidad existe y por eso se transforma en un tema de salud pública. El Estado debe dar respuesta

Catalfamo agregó: "Esta realidad existe y por eso se transforma en un tema de salud pública. El Estado debe dar una respuesta. Vivimos en un territorio amplio y diverso, y es necesario que esa pluralidad sea respetada y salvaguardada en materia de derechos. Las interseccionalidades que nos atraviesan a toda la Argentina ponen de manifiesto una complejidad de abordajes en los que, mayoritariamente, las que menos recursos y acceso a la información tienen son las que recaen en ámbitos de prácticas inseguras y dolorosas".

Tanto en Diputados como en Senadores, todos y todas coincidieron en que nadie fomenta el aborto. Algunos de los testimonios de expositores y expositoras sostuvieron que "abortar es una decisión dolorosa". Nadie toma esa decisión al pasar. Las múltiples realidades que las atraviesan son infinitas y, por eso, el Estado debe estar presente, como garante de derechos.

"Desconocer los números de embarazos adolescentes, de niñas madres, de internaciones por abortos inseguros y de muertes en la clandestinidad es esconder una realidad que nos interpela, nos duele y nos deja relegadas a la clandestinidad y a la soledad", remarcó la funcionaria.

Con respecto al tratamiento de la ley en la Cámara alta, la dirigente instó a sus integrantes a ser responsables en la decisión: "Es nuestra responsabilidad, como integrantes del Poder Legislativo y referentes políticos del peronismo, que abraza y abrazó siempre la ampliación de derechos (Ley de Matrimonio Igualitario, Ley de Identidad de Género, Voto Femenino, Paridad, entre otras grandes conquistas), dejar de mirar para otro lado y garantizar las condiciones de acceso al derecho a la salud y a una vida digna para todas las personas, más allá de nuestros principios morales, creencias religiosas o decisiones de vida".

La evidencia empírica y la experiencia internacional de hace más de 50 años muestran que cuando se legaliza la práctica del aborto, estos disminuyen. Además de la importancia, por supuesto, de sacar a las mujeres y personas gestantes de la clandestinidad, algo que de por sí es traumático y estigmatizante. En este sentido el proyecto propone legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14 sin consultarle los motivos a la persona que lo solicita, respetando el derecho a la autonomía de decidir sobre el propio proyecto de vida. Fuera de este plazo siguen vigentes los causales, legales desde 1921, cuando está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante o cuando el embarazo es producto de una violación. La ILE vigente desde hace un siglo ha sido ratificada respecto de su alcance y constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012 en el Fallo F.A.L.

Consultada por la objeción de conciencia, un punto clave de discusión en torno a la ley, Eugenia Catalfamo sostuvo: "El proyecto es muy respetuoso de todas las decisiones y creencias. Prevé la objeción de conciencia personal para las y los profesionales a quienes sus convicciones o fe religiosa no les permiten realizar la práctica. Recordemos que en el 90% de los casos esta consiste en recetar un medicamento y luego hacer un control. Sí tienen la obligación de derivar a la mujer o persona gestante, sin obstaculizar ni dilatar para que esta también pueda acceder a su derecho. Y, por último, se respeta la decisión de quienes desean maternar, fortaleciendo el acompañamiento del Estado con el 'Plan de los Mil Días'. Lo que estaremos haciendo, de sancionarse la ley, es garantizar una práctica segura y legal para aquellas personas que hoy no tienen el derecho de decidir no seguir con un embarazo no deseado. No se obligará a nadie a abortar. Aquellas que no quieran hacerlo seguirán teniendo el derecho de elegir este proyecto de vida, ampliando el derecho para las que hoy son criminalizadas. Una política pública que ha fracasado porque, claramente, no ha evitado muertes".

Y sumó: "El derecho a la vida implica necesariamente el derecho a una vida digna que significa tener la libertad para elegir cómo transcurrir esa trayectoria. Históricamente las mujeres hemos sido objeto de distintas tutelas, pero al mismo tiempo fuimos luchando para conseguir nuestros derechos: la patria potestad, el voto, la paridad, etc. La lucha de los feminismos y de las pibas apunta justamente a romper con este tutelaje, porque somos sujetas plenas de derechos y porque, al igual que los varones, nosotras también tenemos autonomía para decidir. De eso se trata la libertad. De sancionarse esta ley, habremos logrado una conquista más a favor de la igualdad".

El momento es hoy. Hagamos historia. Saquemos de la oscuridad una realidad que mata y que no salva a nadie

Sin dudas, este 2020 nos para frente a un cierre de año con mucha tensión. En 2018, la Cámara de Senadores no propició que el proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito sea afirmativo y se convierta en ley. Las movilizaciones, en ese entonces, fueron masivas. Las calles se tiñeron de carteles, banderas, pañuelos, pibas, pibes, mujeres y varones que acompañaron el proceso de debate. También, intelectuales, médicos y médicas, abogados y abogadas, sociólogos y sociólogas, entre tantas otras y otros referentes se sumaron a un debate que ya está instalado en la mesa de cada una de nosotras.

En ese sentido, la senadora llamó a la reflexión: "El momento es hoy. Hemos tenido la posibilidad de escuchar a otras y otros cientos de disertantes y ver las calles llenas de juventudes abrazando una causa que las interpela y las posiciona políticamente. La coyuntura nos incita a que formemos parte de una reparación histórica a la lucha por los derechos de mujeres y personas gestantes. La voluntad política de nuestro máximo referente también es parte de nuestra militancia partidaria. Reafirmar el posicionamiento y el compromiso del gobernador Alberto Rodríguez Saá, quien siempre estuvo a la vanguardia de los derechos humanos, también es defender la provincia que hemos construido en estos años. Vuelvo a insistir: el momento es hoy. Hagamos historia. Saquemos de la oscuridad una realidad que mata y que no salva a nadie. Hagamos que nuestros cargos legislativos sean la verdadera justicia social".