Embargan en $1 millón a una pareja de turistas que violó el aislamiento

Tratar de vencer el aburrimiento violando una disposición nacional les costó caro. Este viernes, el juez Penal de Santa Rosa, Jorge Pinto, procesó a una pareja de turistas de Buenos Aires alojada en Merlo por haber quebrantado el aislamiento social obligatorio para ir a disfrutar "del paisaje y arroyo”, según le dijeron a la Policía. El hombre y la mujer no quedaron detenidos, pero el magistrado les impuso una inhibición general de bienes por un millón de pesos.

Según publicó el medio merlino El Corredor Noticias hace unos días, basándose en un informe de la División P.A.P. de Villa de Merlo, la pareja, de quienes no brindaron datos, se aloja desde hace cuatro semanas en una cabaña de Merlo, donde fueron sorprendidos por el aislamiento decretado por DNU mientras vacacionaban.

El martes 25 de marzo, cerca de las 18, policías apostados en el puesto de bloqueo del Mirador del Sol detuvieron el Volkswagen Gol en el que se movilizaban y les preguntaron qué hacían. Sin rodeos, la pareja le contestó que estaban "aburridos" y que habían salido a dar una vuelta, pero que se disponían a volver a su cabaña.

Al notar que no bajaban desde el Mirador, un motorista de la Policía subió a buscarlos, pero solo halló el auto, estacionado en la zona del Mirador del Águila.

Les tocaron bocina y encendieron las sirenas, pero los turistas no aparecieron, así que bajaron hacia el curso de agua, donde los hallaron “disfrutando del paisaje y arroyo”, según sus propias palabras.

De allí fueron escoltados directamente a la Comisaría 26ª de Merlo, donde les iniciaron un sumario por "Incumplimiento al Decreto presidencial 260/20. art. 205 Código Penal argentino, cuarentena obligatoria”, les secuestraron el auto y los sometieron a estudios médicos.

Según una nota publicada este viernes en el periódico del Poder Judicial, la pareja fue conducida el mismo martes hasta el alojamiento en el que estaban para cumplir con el debido confinamiento.

Desde la Fiscalía de Estado, que participa en el proceso en representación del Gobierno de San Luis, se solicitó el embargo preventivo y la inhibición general de bienes por una suma de pesos quinientos mil ($500.000) a cada uno, un pedido al que Pinto finalmente accedió.