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Procesaron y embargaron por 500 mil pesos a la mujer que ingresó a escondidas

La joven había entrado a la provincia escondida en un camión, sin contar con la autorización correspondiente ni realizar la cuarentena obligatoria establecida por el gobierno puntano.

Por redacción
| 08 de mayo de 2020
Las personas que ingresan a la provincia, deben cumplir el período de cuarentena en la residencia de la ULP o en los hoteles dispuestos por el Gobierno, sin consto alguno. Foto: Marianela Shánchez.

La joven villamercedina que ingresó a mediados de abril escondida en un camión por el límite de Córdoba fue procesada por la Justicia por “violación a las medidas antiepidémicas y desobediencia” a las medidas establecidas a nivel nacional y provincial para frenar la pandemia de coronavirus. Además se le dictó un embargo de 500 mil pesos sobre todos sus bienes.

 

Antonella Panero Magnano, titular del Juzgado Correccional N° 2, fue la encargada de dictar el procesamiento de la villamercedina, al considerar que la conducta de la mujer viola las medidas implementadas por el Gobierno de la Provincia para resguardar la salud de los ciudadanos, que fueron establecidas desde el inicio de del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por la Nación el 20 de marzo.

 

Una de las primeras acciones que tomó San Luis fue cerrar sus puestos limítrofes y dejar solo habilitados los principales para la circulación de los transportes de carga. Otra fue que las personas que procedían del exterior o de otras provincias debían pedir autorización para ingresar al territorio puntano con al menos 48 horas de anticipación, y realizar un período de cuarentena de 14 días en las residencias de la Universidad de La Punta o en los hoteles dispuestos. En todos los casos de manera gratuita.

 

Estas medidas no fueron acatadas por la joven al ingresar el 20 de abril: lo hizo escondida en un camión proveniente de Córdoba con destino a su hogar en Villa Mercedes.

 

La situación se conoció públicamente a través del informe diario que emitió el gobernador Alberto Rodríguez Saá, el 28 de abril, donde dio a conocer este caso y el de otros ciudadanos que ingresaron a la provincia indebidamente. El accionar irresponsable de estas personas motivó la prórroga por una semana más de la apertura de los comercios y fábricas en la provincia.

 

En referencia al embargo, la jueza ordenó la confiscación sobre bienes y cuentas bancarias de la joven hasta cubrir la suma de 500 mil pesos, medida que había solicitado el fiscal de Estado Eduardo Allende en “carácter de particular damnificado”, en representación de la provincia.

 

La mujer había estado en Brasil en febrero y regresó a la Argentina por vía terrestre a través del paso fronterizo de Foz do Iguazú el 20 de marzo, día en que se dispuso la cuarentena. Desde ese lugar se trasladó hasta Córdoba donde permaneció hasta el 20 de abril, fecha en la que ingresó indebidamente a San Luis. 

 

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