Buscan saber si acusado por abuso está en condiciones de ser juzgado

En el juicio oral que está en curso en la Cámara del Crimen 2 de Villa Mercedes a un acusado de abusar de su hijastra menor hay una pregunta a responder: si está en condiciones psíquicas y mentales de entender la criminalidad de un hecho de ese tipo y el proceso que enfrenta. La defensa ha planteado que tiene un retraso madurativo. Con vistas a dilucidar si es así, el tribunal les tomó testimonio este miércoles a cuatro profesionales de la salud, tres de los cuales han integrado la junta médica que firmó el certificado que indica que tiene una discapacidad leve, según informó una fuente de la causa.

El hombre investigado llega libre al debate que se desarrolla en la Cámara que preside Aníbal Astudillo y que completan Daniela Estrada y María Silvia del Castillo de Insúa. La defensa del acusado, que lleva adelante Pascual Celdrán, “ha planteado como cuestión preliminar esto del retraso; el tribunal resolvió que no eran suficientes los elementos en esta instancia del proceso para expedirse al respecto, y que necesita contar con algunos otros para poder dar una resolución con mayores fundamentos”, explicó.

Y abundó: “Al inicio, el defensor había solicitado la suspensión del debate para incorporar informes médicos, neurológicos, psiquiátricos y psicológicos en relación a su defendido y que, una vez que estuvieran listos, se incorporaran y la Cámara se expidiera”. Pero para el tribunal no fue suficiente con los informes, por lo que requirió testimonios y la ampliación de estos informes técnicos, para profundizar.

En una audiencia precedente, declararon la madre y el padre biológico de la víctima. Según comentó la fuente, la menor “vivía con su papá, pero se quedaba con su mamá y el acusado, y en algún tiempo vivió con ellos”. De acuerdo a lo denunciado, el padrastro se aprovechó de la situación de la convivencia para cometer el ataque sexual, que ha consistido en tocamientos.

El lunes pasado dieron testimonio el psiquiatra Diego Mayor y la psicóloga Rita Gentile, ambos del Cuerpo Profesional Forense de la Segunda Circunscripción Judicial. Los profesionales realizaron una entrevista más bien reciente, pero, según la denuncia, los hechos investigados ocurrieron hace 7 años. “Más allá de cómo se encuentre, la cuestión es averiguar si en aquella época el acusado comprendía la criminalidad de los actos, algo que no es tan sencillo”, refirió la fuente.

El miércoles declararon la traumatóloga Susana Címoli, la kinesióloga Patricia Mourelle, la fonoaudióloga Daniela Barros y el especialista en neuropsicología Carlos De Carlini. La fuente indicó que este último hizo una evaluación neurocognitiva, y concluyó que el hombre tiene una discapacidad leve.

El resto de los profesionales conformaron en su oportunidad la junta médica que acreditó esa discapacidad, pero desde un punto de vista formal, aclaró. “Es decir, ellos no entrevistan al paciente, sino que, siguiendo un protocolo y basándose en los certificados que él acompaña, corroboran esta discapacidad y firman el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”, explicó. Pero no le practicaron estudios.

Según contó la fuente, ese certificado se realizó para hacer un trámite para la obra social, y lo que se constató es que el acusado “no puede llevar adelante, sin tutoría, trámites académicos; está más relacionado a su capacidad de funcionamiento para ir al banco, para estudios y demás”, agregó. Pero no lo imposibilitaría para comprender los actos.

Todos los profesionales dieron testimonio desde una sala del Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”, a través de teleconferencia y de forma individual. Un empleado judicial constató que estuvieran solos al momento de declarar.