Difusión de imágenes íntimas de una mujer: el fiscal espera informes solicitados

A pedido del fiscal de instrucción 2 de San Luis, Leonardo Navarini, se ha solicitado a empresas que prestan el servicio de internet y de telefonía móvil informes sobre la titularidad de celulares, como parte de la investigación que se abrió ante la denuncia que hizo una mujer, G.F.A., por la difusión de videos e imágenes íntimas sin su consentimiento. Desde el Juzgado en lo Correccional y Contravencional 2, a cargo de Juan Manuel Montiveros Chada, se libraron los oficios y aún esperan las contestaciones. “Una vez que lleguen las respuestas se analizará de forma más completa si existe mérito suficiente para el llamado a indagatoria y en ese caso, a quién o quiénes y por qué delitos”, le explicó el representante del Ministerio Público Fiscal a El Diario.

Tras varias semanas de espera, el pasado 18 de agosto se incorporó el informe que hizo el Departamento de Investigación de Delitos Complejos (DIDC) sobre el contenido de celulares secuestrados por esta causa. Algunos corresponden a los dos sospechosos, D.O. (la expareja de la damnificada) y T.Y. (una mujer que ha tenido vínculo con él). Según la denunciante, ellos, en complicidad, son los responsables de las amenazas y la difusión de material privado que ella le había enviado a D.O. cuando estaban juntos.

Por lo que ha trascendido, del análisis de los celulares surgen pruebas de las intimidaciones y también de la distribución indebida de correspondencia por medios electrónicos. Pero lo que no ha quedado acreditado, al menos por el momento, es el suministro de material pornográfico a uno de los dos hijos de G.F.A., que es menor, cuestión que también fue denunciada. Al parecer, no se pudo recuperar indicios de ello, ya que las cuentas desde las que se habría remitido eso han sido eliminadas.

G.F.A., quien es profesora de fitness, hizo este año la denuncia contra D.O. y T.Y. Tras su presentación, el juez ordenó el allanamiento de domicilios y el secuestro de los teléfonos de los sospechosos (son iPhone), además de tablets, notebooks y PC.

El análisis realizado por los peritos sobre los dispositivos incautados llevó su tiempo. “No fue una tarea fácil. Tomó más tiempo que el habitual porque los iPhone almacenan gran cantidad de información”, indicó el fiscal. “Delitos Complejos elevó el informe realizado a los teléfonos secuestrados oportunamente en los allanamientos y también al celular que aportó la denunciante”, refirió Navarini, quien agregó que ello fue presentado conjuntamente con la respuesta a oficios que se habían librado a Instagram y Facebook.

Explicó que a la información ya incorporada al expediente “vamos a analizarla y a conectarla con otras medidas de prueba que pedí, que son los oficios a compañías telefónicas y empresas que brindan de servicio de internet”. Es para confirmar si lo que aporta la pericia hecha a los celulares y los informes de las redes sociales coincide, en cuanto a la titularidad de los usuarios, con los datos que brinden las referidas empresas. E indicó que si bien el informe de Delitos Complejos es muy completo, al investigar una cuestión de índole penal, se necesita la mayor seguridad posible.

Perjuicios de distinto tipo

En una entrevista con El Diario. G.F.A. refirió que cuando D.O. comenzó a hostigarla, allá por febrero, ya llevaba bastante tiempo separada de él. Para ella, el hombre no actuó solo, sino que lo hizo junto a T.Y. La víctima comenzó a recibir amenazas de la mujer y horas antes de denunciarlos, alguien difundió un video íntimo y fotos de ella desnuda. La profesora de fitness presume que T.Y. lo hizo con la complicidad de D.O.

Según denunció la víctima, el contenido privado les llegó a sus familiares, amigos, personas conocidas y desconocidas, y también a su hijo más grande, de apenas 9 años, por Facebook.

Contó que el acoso no terminó con las intimidaciones y la viralización del video grabado en la intimidad: dijo que T.Y. se presentó en su casa, por lo que también hizo una presentación por eso. Ese mismo día, la Justicia le impuso una restricción de acercamiento a D.O. y a T.Y.

Comentó que el perjuicio no fue solo en lo personal, sino también en la faz laboral y económica, ya que, tras la divulgación de las imágenes, la marca de proteínas de la que ella era la cara decidió suspender el contrato.

Pide que intervenga la Secretaría de la Mujer

A criterio de Santiago Olivera Aguirre, el informe de Delitos Complejos “es una pieza clave dentro de la causa”. “Conforme a eso, el fiscal solicitó medidas para determinar si los números de teléfono que surgen del informe de los investigadores pertenecen a las personas acusadas. Esperaremos esos resultados. Pero además, por mi parte, solicitaré que se eleven las actuaciones a la Secretaría de la Mujer, Igualdad y Diversidad, para que se expida”, dijo.

Señaló que el juez dispuso que se haga una pericia psicológica y psiquiátrica a G.F.A. “para que los especialistas determinen si los hechos denunciados le produjeron daños en su psiquis, en su salud, en su persona”. “Pedí que se instruya sumario por lesiones graves y que se califique el delito por coacción”, agregó. La coacción, según el Código Penal Argentino (CPA), es “un delito contra la libertad de las personas que conlleva utilizar la violencia para obligar al sujeto pasivo a realizar algo en contra de su voluntad o impedirle que haga algo que no está prohibido por la ley”.