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Por investigaciones y condenas con reparación para las mujeres

Las novedades sobre dos femicidios pusieron en foco la necesidad de una Justicia con perspectiva de género.

Por redacción
| 05 de septiembre de 2020

Lucía Pérez y Micaela García. La sola mención de sus nombres dispara una infinidad de significados porque, tras sus femicidios, se convirtieron en símbolos de la lucha contra la violencia de género. En días recientes, ambos casos volvieron a la tapa de los diarios por motivos distintos, aunque el hilo que los une es el mismo: la necesidad de que la Justicia investigue y aplique castigo desde una perspectiva de género.

 

Por el caso de Lucía —la adolescente marplatense a quien en octubre de 2016 sus agresores abandonaron en un hospital tras causarle una asfixia tóxica por suministrarle drogas para poder abusarla—, el Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló el fallo en el que se absolvió a Matías Farías y Juan Pablo Offidani. El Tribunal Oral Criminal 1 (TOC 1) que los juzgó, en noviembre de 2018, los había considerado responsables de vender estupefacientes, pero no del femicidio. Ahora, Casación ordenó que con “la premura que el caso amerita” se desarrolle el nuevo juicio, que alcanzará solo a ellos, ya que el tercer acusado, Alejandro Maciel, murió en junio pasado.

 

Para la mamá de Lucía, Marta Montero, la revisión del fallo absolutorio “fue un logro de todos”, en referencia al apoyo de distintas organizaciones sociales, especialmente las feministas, que con fuerza levantaron la voz, en la calle y en las redes, para cuestionar al TOC 1. El femicidio provocó tal repudio que desembocó en la primera huelga de mujeres, el 19 de octubre de 2016.

 

¿Qué refirió Casación? Que el fallo contenía “intolerables prejuicios” y “suposiciones basadas en estereotipos de género”. La sentencia del Tribunal Oral Criminal 1 ya había despertado críticas, ya que hacía foco en la conducta, la forma de vincularse con los hombres y la vida personal de Lucía y no en la de los femicidas, olvidando, además, que en estos hechos lo que se indaga es si hubo un libre consentimiento (un extremo imposible en este caso, por lo que los agresores le suministraron). Por ello, desde Casación señalaron que “no se está juzgando a la víctima, sino a los eventuales victimarios”.

 

A la esperanza que despiertan decisiones como esta, se contraponen otras como la adoptada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que hizo lugar al pedido para que uno de los condenados por el caso de Micaela, Néstor Pavón fuera excarcelado bajo fianza.

 

Él fue considerado encubridor, pero para la Fiscalía ha sido coautor del femicidio de la joven violada y asesinada en 2017, por lo que pidió que se anulara el fallo. Y eso sucedió, pero la máxima corte provincial accedió a que Pavón esté libre hasta que se confirme la decisión de que vaya a un nuevo juicio.

 

“Lamentablemente esperábamos algo así por la evidente carencia de perspectiva de género del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos”, expresó la familia de Micaela, marcando cuánto falta por hacer y deconstruir en los organismos del Estado.

 

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