SAN LUIS - Sabado 25 de Junio de 2022

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Un año de aborto legal: de la clandestinidad al derecho

Desde su implementación, se practicaron más de 32 mil interrupciones en condiciones seguras.

Por Raquel Wolansky
| 26 de diciembre de 2021
Vigilia. Ciento de mujeres, principalmente adolescentes, esperaron la sanción de la ley en la plaza Pringles. Foto: El Diario.

Este jueves 30 de diciembre se cumple un año de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina, cuando el Senado de la Nación lo legitimó a través de la aprobación del proyecto enviado por el Ejecutivo con 38 votos a favor y 29 en contra. Y si bien el camino recorrido para su correcta aplicación aún transita una etapa inicial, en un difícil contexto de pandemia y de gran resistencia de un sector conservador de la sociedad, y de profesionales de la salud sobre todo, el balance en el acceso a este derecho deja números positivos, como más de 32 mil interrupciones de embarazos en condiciones seguras a través del sistema de salud público y se sumó un 30% más de hospitales y centros de salud de todo el país que garantizan la práctica, según cifras que difundió el Ministerio de Salud de la Nación.

 

La ministra Carla Vizzotti indicó la semana pasada que de los 903 hospitales y centros de salud que hasta 2020 cumplían, se logró pasar a 1.243 instituciones que garantizan la práctica.

 

En esa línea, un total de 904 profesionales de todo el país recibieron capacitación especializada en contenidos técnicos y legales de la Ley 27.610. Mientras tanto, los grupos opositores presentaron 37 causas judiciales para frenar, revertir y modificar la norma, según indicó Amnistía Internacional Argentina.

 

 

Salud incrementó 5 veces la compra de misoprostol y aumentó un 150% su distribución.

 

 

“Para un año que tenemos de ley, diría que el balance que se puede hacer es muy positivo, a pesar del contexto que hemos vivido”, expresó Yolanda Bertazzo, jefa del Programa de Salud Sexual Reproductiva y No Reproductiva de San Luis, y referente en la provincia en la lucha por la legalización del aborto.

 

Bertazzo consideró que a lo largo de este año atravesaron distintas etapas en la aplicación de la ley, que se inició de manera dificultosa por la pandemia, con obstáculos en la distribución de insumos, bloqueo de la circulación de transportes y la imposibilidad de las mujeres de desplazarse de sus hogares.

 

“Afortunadamente en San Luis ya veníamos trabajando muy bien en la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y la ley nos vino bárbaro para empezar a trabajar desde la legalidad y no desde la clandestinidad. Creo que ha sido muy bueno, a pesar de este contexto, quizá no hayamos llegado al 100%, pero por lo menos a todas aquellas que se arrimaron a los centros de salud hemos podido darle respuesta, además de destacar otro aspecto súper positivo que es que la provincia haya empezado a fabricar misoprostol en Laboratorios Puntanos, lo que nos dio un gran paraguas para no tener baches de medicación”, agregó.

 

Con respecto a la entrega del medicamento que produce el aborto, el Ministerio de Salud de la Nación informó que este año distribuyeron en todo el país 46.283 tratamientos. En 2020 se habían distribuido 18.590. En ese sentido, Salud incrementó cinco veces la compra de este medicamento y aumentó un 150% su distribución.

 

 

 

Un 50 y 50

 

Ariel Sanabria es miembro de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y también es integrante de la regional San Luis, Villa Mercedes, Merlo y Traslasierra de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde su trabajo en Villa Mercedes para la implementación de la Ley 27.610, la valoración de este primer año le deja una sensación “mitad optimista, mitad expectante”.

 

Por un lado, considera que la promulgación habilitó un escenario de legitimación, que más allá del protocolo ILE y el acceso por causales, para quienes trabajan en el sistema médico de salud y garantizan el aborto desde hace tiempo, hoy celebra haber salido de la situación de clandestinidad. “El sistema de salud nos colocaba en un lugar de rechazo o nos obligaba a establecer cierta confidencialidad u oscuridad en la práctica, la condición de no ser una ley que garantizase la voluntad establecía esos mecanismos de intervención en el sistema público. La sanción de la ley nos habilitó y creó un nuevo escenario para la práctica”.

 

“Además, este nuevo escenario produjo una especie de miniola de profesionales de otras disciplinas que empezaron a garantizar y acompañar, no obstante falta mucho y por eso lo del 50% expectante, la realidad nos indica que no se garantiza en todo el sistema público de salud por igual, que termina habiendo nichos de garantía, es decir espacios consolidados que realizan la práctica, pero todavía sigue habiendo muchísimos centros de salud y hospitales que no la garantizan y eso lo que hace es acumular o sobrecargar los espacios que sí cumplen la ley”.

 

 

Optimismo

 

Tanto Sanabria como Bertazzo fueron optimistas en el futuro de la aplicación de la ley. Para Sanabria, miembro de esta Red de Profesionales integrada por más de 700 equipos de salud y de 2.000 profesionales en todo el país, la sensación de expectativa se manifiesta en el camino por transitar que prevalece. “Confiamos en que falta mucho, pero estamos en el camino, creemos que hace falta trabajar cuestiones relevantes como es el manejo de la información, el modo en que se transmite, es necesario además que se genere un clima de garantía dentro del sistema de salud que no se agota solamente en la provisión de medicamentos y en la atención de la demanda, sino en crear todas las condiciones dentro del sistema público para equiparar la práctica de la IVE con cualquier otra práctica, con la misma relevancia y misma urgencia”.

 

Bertazzo tiene un objetivo bien definido para este año que inicia y es lograr que todos los centros de salud de la provincia garanticen su acceso. “Más allá de los objetores de conciencia, cada jefe de centro de salud y de hospital tiene que buscar una alternativa que no esté dentro de la objeción de conciencia y dé así respuesta, este es nuestro desafío para el año que viene, es una ley nacional y se debe cumplir en todos los centros asistenciales más allá del pensamiento personal, hay que dar respuesta a la comunidad”.

 

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