Procesaron a tres policías por la violación de una detenida federal

Llegada la hora de definir la situación procesal de tres efectivos de la Policía provincial a quienes una mujer señaló como los responsables del abuso sexual que sufrió mientras estuvo detenida en la Comisaría de Villa de la Quebrada, el juez subrogante Raúl Fourcade entendió que había elementos suficientes para procesarlos con prisión preventiva. Esto determinó que seguirán en el Servicio Penitenciario Provincial, adonde fueron trasladados después de las indagatorias. Uno de ellos, en rigor, quedó arrestado después de que el magistrado le revocara la eximición de detención que había solicitado su defensora, a la que el juez había hecho lugar en primer momento.

Por eso, mientras continúa el proceso, el sargento ayudante Juan Funez —quien al momento del hecho tenía la jerarquía de oficial principal y oficiaba de jefe de servicio el día del hecho denunciado, el 21 de abril de 2019— y los cabos primeros Daniel Chacón y Cristian Quiroga —quienes en esa fecha ostentaban el cargo de auxiliar, respectivamente—, continuarán en la cárcel. Hay distinciones en cuanto a las responsabilidades endilgadas hasta el momento: a Funez se lo considera responsable de la violación y a los otros dos efectivos, partícipes necesarios.

La semana pasada hubo audiencias testimoniales que eran de interés para la defensora pública oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal en San Luis, Claudia Ibáñez, quien asiste a dos de los policías investigados. Ella requirió también que se haga una inspección en la seccional en cuestión, medida a la que se le dio el visto bueno, pero para la que aún no se ha fijado fecha, pues el fiscal federal Cristian Rachid ha solicitado que se haga con la presencia de la denunciante, quien vive en Córdoba.

Además, la semana pasada Ibáñez planteó la incompetencia federal —entendiendo que, por el tipo de delito que se investiga, un abuso sexual, debería llevar adelante la causa la Justicia provincial— y también la nulidad de un reconocimiento fotográfico. A partir de él, los instructores determinaron que el autor de la violación sería Funez. Pero, según la defensora, hubo irregularidades en el desarrollo de esa medida. Aún deben resolverse los planteos.

La denunciante fue detenida en un baile que se hacía en Villa de la Quebrada, dado que presuntamente habría puesto en circulación moneda falsa cuando fue a comprar bebidas a la barra. Ese es un delito de competencia federal. Ante la presentación hecha por los responsables del evento, y dado que no hay delegación de la Policía Federal en la localidad, desde la Justicia Federal ordenaron a la Policía provincial, más precisamente a los agentes de la seccional de la Villa, que procediera a la detención de la mujer. Fue arrestada cerca de las 7 de la mañana y ese mismo día, a media mañana, efectivos de la Policía Federal la fueron a buscar, quedando a partir de ese momento a cargo de ellos.

Antes de que se resolviera si los procesaban o no, Ibáñez instó la falta de mérito de sus asistidos y solicitó el cese de las detenciones ordenadas. Para ella, lo central es que de las declaraciones tomadas la semana pasada a otros efectivos que estuvieron en la dependencia ese 21 de abril surge que la detenida estuvo siempre con personal policial femenino y que en los informes de los exámenes médicos incorporados no se indica que la mujer presentara golpes —ella indicó en su denuncia que le pegaron—.

Por su lado, la querella instó el procesamiento de los efectivos. Indicó que las actas de prevención labradas por el efectivo sindicado como autor del abuso (Funez) y los registros del libro de novedades de la comisaría "confirman el contexto y las circunstancias de tiempo, lugar y personas" presuntamente involucradas en el abuso y avalan la descripción hecha por la víctima en cuanto a los espacios de la seccional y, más específicamente, los lugares donde ocurrió el ataque. Además, la querella destacó el hecho de que una policía de la fuerza federal testimonió que recibió a la detenida sin bombacha y con un corpiño en un sobre. En la resolución, eso se valoró como concordante con el relato de la mujer, quien dijo que al momento del abuso fue despojada de sus prendas íntimas por los abusadores.

El juez indicó que, conforme a los testimonios escuchados y al relato de la propia denunciante, hay indicios de que ella habría sido sometida por Funez en dos momentos, mediando amenazas y golpes. Los otros dos policías habrían ingresado en varias oportunidades al lugar donde se consumaron los ataques mientras Funez los perpetraba y lo habrían alentado, con la palabra y con los hechos, para que continuara con el abuso, brindando apoyo y cobertura para que se consumara. Marcó que ninguno de ellos habría tratado de evitar el delito.

Y enumeró las pruebas que respaldan lo relatado por la mujer: las actas de prevención policial confeccionadas en la comisaría y las que hizo la Policía Federal (que dan cuenta de cómo recibieron a la detenida); los libros de registro de novedades; las actas de allanamiento de la seccional y el croquis que se hizo en su oportunidad; sumado a eso la verificación, por parte de agentes de la fuerza federal, de que la joven no tenía ropa interior; el resultado de la pericia psicológica hecha a la denunciante (que indica que sufre síntomas panicosos, particularmente ante la presencia de policías), y el reconocimiento fotográfico, en el que la mujer señaló a Funez.

 Redacción - NTV