Ley Yolanda: prevén iniciar con la capacitación antes de junio

El Gobierno de San Luis y la UNSL continúan con la planificación de los cursos obligatorios fijados en la Ley Yolanda, que a fines del año pasado aprobó el Congreso de la Nación y a la que está previsto que San Luis adhiera en los próximos meses. Según el avance que tiene el trabajo entre el Poder Ejecutivo y la casa de estudios para la aplicación de la normativa, la capacitación pública y obligatoria en temas de medioambiente está prevista para antes de junio.

Lo confirmó el vicerrector de la UNSL, Héctor Flores, quien la semana pasada encabezó la segunda reunión para continuar con la planificación de los contenidos de la formación para los tres poderes del Estado, que tendrán como característica general el tratamiento transversal de la cuestión medioambiental sostenible, vinculada al género y su aplicación a la territorialidad específica provincial.

“La ley habla de cuestiones ambientales, básicamente está basada en el cumplimiento de los ODS (Objetivos del Desarrollo Sostenible) de la ONU. La universidad tiene especialistas, docentes e investigadores en todos esos temas”, explicó Flores.

El próximo encuentro con las secretarías de Medio Ambiente y de la Mujer, Diversidad e Igualdad está previsto para el 22 de marzo. Continuarán con la planificación de los cursos y su contenido específico, que incluye desarrollo sostenible con perspectiva de género, con temas como cambio climático, economía circular, protección de la biodiversidad, ecosistemas, energías renovables y eficiencia energética.

“Tenemos que analizar cómo lo implementamos para que llegue a los tres poderes del Estado, planificar una metodología que nos garantice que no sea una simple capacitación para cumplir con una ley, sino que los participantes entiendan la importancia del medioambiente, el género, del territorio, del cambio climático y todo lo que eso implica para nuestra provincia”, añadió el vicerrector de la UNSL.

Formación obligatoria

La entrada en vigencia de la Ley 27.592, conocida como Yolanda,  quedó establecida a mediados de diciembre, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Nación. Su principal misión es la formación integral en medioambiente para las personas que se desempeñen en la función pública de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En todos los casos, será una exigencia, en las capacitaciones, la incorporación del desarrollo sostenible, con especial énfasis en cambio climático.

La resolución prevé que durante la confección de los lineamientos y contenidos generales deberá garantizarse la participación de instituciones científicas especializadas en la materia, así como de la sociedad civil y sus organizaciones.