Obras Sanitarias denuncia una posible malversación de fondos

Tal como anticipó El Diario en noviembre de 2020, la actual dirigencia de Obras Sanitarias Mercedes realizó una auditoría en las cuentas del organismo y advirtió una serie de irregularidades en los registros. Después de haber iniciado una causa federal por una mutual que funcionaba sin habilitación, ahora realizaron una denuncia en la Justicia por una posible malversación de los fondos públicos entre 2014 y 2018.

"Esta presentación tiene que ver con manejos en las oficinas comerciales que han generado un gran perjuicio a los intereses de Villa Mercedes y a los ciudadanos que son usuarios de los servicios", expresó Sebastián Estrada, quien está al frente de la empresa estatal desde septiembre del año pasado.

Es que en la investigación encontraron anomalías en los registros realizados a través del sistema informático en el que se asientan los ingresos y egresos de dinero del organismo municipal.

El abogado Adolfo Aman, quien oficia de representante legal de Obras Sanitarias, explicó que en la auditoría se encontraron con dos tipos de situaciones: "Por un lado, había asentados convenios de pago de contado con propietarios de fincas, pero en la fecha en que se les había concedido ese beneficio, esa plata no había ingresado ni en la caja de OSM ni en la de la Municipalidad", dijo.

Y, por otra parte, había exenciones arbitrarias del cien por ciento de pagar las tasas a ciertos contribuyentes, pero sin ningún tipo de decreto que lo avale o lo justifique. "Eso es algo que se debe tramitar a través del Ejecutivo, quien toma la resolución si alguien puede ser eximido de abonar y en qué porcentaje", detalló.

Todas esas operaciones están hechas en el software con un mismo nombre de usuario y su clave,  al que señalaron como un exfuncionario que tenía un puesto jerárquico en el área comercial, pero de quien no revelaron la identidad.

Calculan que la sumatoria actualizada del dinero que no ingresó a las arcas de la empresa en estas maniobras, supera los veinte millones de pesos, según explicó el letrado.

De ser comprobado el delito, la pena puede ir desde los dos hasta los diez años de prisión y una inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. Pero no solo tienen identificada a la persona que realizaba los registros, sino también a las aproximadamente doscientas cuentas de contribuyentes que podrían haber sido beneficiados con cada una de las maniobras que se investigan.

"La denuncia se hace vía web y ya está presentada, acompañada por toda la documentación que la respalda. El miércoles se me asignó un número de expediente. Como primera medida va al ministerio fiscal en turno y después se deriva al Juzgado, que entendemos que por la fecha será el de Instrucción número 1", agregó.

Consultado sobre los pasos por los que debe seguir el trámite en la Justicia, Aman dijo que esperan que los plazos sean ágiles "porque la ciudadanía necesita que se aclare esta situación y se le dé una solución", sostuvo. Además, anticipó que solicitará que se llame a declarar a Estrada para ampliar la presentación, junto al ingeniero en sistemas Alberto Ruarte que es quien realizó la auditoría y puede dar mayores precisiones con el manejo informático.

Redacción