Ciberdelitos: advierten por nuevas estafas en la provincia

Llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y una ingeniería social basada en la vulnerabilidad y la investigación de aspectos personales, son algunas de las herramientas de las que se valen los ciberdelincuentes para concretar estafas. De acuerdo a las estadísticas nacionales, se registró una suba del 60% en la comisión de estos ilícitos (Ver Una modalidad...) y la provincia no es ajena al contexto. Además advierten sobre nuevas estafas.

“No hay limitaciones geográficas para este tipo de delitos, las telecomunicaciones permiten comunicarnos con todo el mundo. Hay un tipo de engaño que tiene que ver con publicaciones de Marketplace, la herramienta de ventas de Facebook. Cualquier persona puede pedir datos bancarios a los usuarios para transferencias por la compra de un producto y luego puede decir que transfirió efectivo de más y que necesita la devolución el dinero. Para ello, indican que un determinado banco se pondrá en contacto con el usuario para requerir información y concretar la devolución. En base al interés económico de la venta, la víctima puede caer en la trampa. Como medida general hay que desconfiar, mantener cautela y no brindar tan fácilmente los datos personales”, expresó el integrante del Departamento de Investigación de Delitos Complejos del Poder Judicial, David Fuentes.

El experto remarcó que en la provincia se observa la suplantación de identidad en redes sociales, que puede darse a modo de hostigamiento personal, en detrimento de la reputación de cualquier ciudadano, o para concretar estafas. Si un usuario tiene el perfil abierto al público es muy fácil robar fotos, datos y generar un nuevo perfil. Muchos ejemplos se dan de cara a situaciones bancarias. Según afirmó, un banco importante del país hizo un comunicado en el que expresó su salida de las redes sociales. El motivo: la gente exponía públicamente diferentes quejas por trámites no resueltos o consultas sobre movimientos de cuentas. Así, los “pescadores” de este tipo de referencias suplantaban la identidad del banco y contactaban a la gente con la promesa de la resolución telefónica de sus problemas.

El especialista en ciberseguridad Walter Agüero añadió que el gran inconveniente que existe tiene que ver con una suerte de vacío jurídico. Sostiene que, si bien hay legislación en la materia, es débil en varios puntos y aseveró que se deberían imitar diferentes ejemplos del mundo, donde las leyes permiten acciones concretas. “Muchos de los que sufren estos robos no los denuncian porque saben que cometieron un error al dar información mediante un engaño o descuido, entonces prefieren, con el conocimiento de que el caso no prosperará, no denunciar. Buscan la posibilidad de recuperar el dinero perdido y lamentablemente no se puede”, manifestó. Apeló a la necesidad de que los legisladores de diferentes jurisdicciones pongan el tema en discusión, con una consulta federal a los expertos, para paliar el escenario.

“Una acción oportuna sería legislar con respecto a Defensa del Consumidor como lo hace Brasil, donde ante la duda de un hecho de estas características, obliga a los bancos a no descontar el dinero de las víctimas mientras se investiga el caso. En Argentina, donde la legislación es muy débil, el banco se toma el tiempo que considere prudente, que suele ser un promedio de 90 días y la víctima tiene que pedir plata para sobrellevar el momento”, señaló.

Agregó que, según los casos que le ha tocado asesorar o peritar ante la Justicia, estas acciones también se convirtieron en una pandemia desde noviembre del 2020. Hubo circunstancias donde, para graficar, en dos horas los ladrones se hicieron de 3 millones de pesos. Pese a la factibilidad de determinar el origen del delito, la debilidad jurídica dejó a las víctimas con cuentas vacías. “No tener el conocimiento para estar prevenido, frustra. Pero tener el conocimiento de lo que sucede y la certeza de que no habrá soluciones, también frustra”, lamentó.