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Incumplimiento de la cuota alimentaria y su violencia

Es una de las formas de violencia de género más invisibilizadas. En Argentina, una de cuatro mujeres separadas o divorciadas no cuenta con el ingreso para los alimentos, educación, vestimenta, salud o esparcimiento de sus hijos o hijas.

Por redacción
| 26 de septiembre de 2021
Informe del Ministerio de Economía. Seis de cada diez familias monomarentales en Argentina son pobres. Foto: El Diario

Otra falla estructural que sacó a la luz la pandemia, y de la que poco se habla, es el incumplimiento de la cuota alimentaria de parte de los progenitores. Se trata de una práctica bastante naturalizada y a su vez poco visibilizada, ya que no se cuenta con datos oficiales. Es una de las violencias de género más comunes del país y sobre la que las mujeres se encuentran en mayor desamparo, ya que son las principales víctimas, junto a los niños y niñas.

 

Según un informe presentado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), en Argentina el 78% de las mujeres de entre 35 y 45 años convive con al menos un hijo o hija, y el 97% de los niños, niñas y adolescentes conviven con sus madres, en tanto que tres de cada 10 madres no conviven con el padre de sus hijos o hijas. De estas mujeres separadas o divorciadas, solo una de cada cuatro cuenta con los ingresos de la cuota alimentaria. 
El incumplimiento de los deberes alimentarios es un delito desde 1950, aunque la Ley 13.944 poco se aplica. La cuota de alimentos es un derecho de los niños, las niñas y los adolescentes, y la madre es la garante de ese derecho. 
Por otra parte, la violencia económica está definida en la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las mujeres, sancionada en 2009, y hace referencia a las acciones “que se dirigen a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer”. 

 

En este contexto, la situación de las familias monomarentales (hogares a cargo de mujeres que crían solas) es más crítica que nunca. Según un informe del Ministerio de Economía y Unicef, este tipo de familias fueron las más afectadas por la pandemia y las más empobrecidas durante los meses de mayores restricciones económicas en el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio), sumado a la sobrecarga que tuvieron que afrontar estas mujeres en las tareas de cuidado. El informe revela que seis de cada diez familias monomarentales en Argentina son pobres, el doble del promedio general y gran parte de la problemática se debe al incumplimiento de los progenitores. 

 

Sobre la situación en la provincia, la abogada Belén Lucero Suárez, responsable de la oficina de recepción de denuncias del Poder Judicial de San Luis, confirmó que junto con los casos de violencia de género estas son las principales denuncias que reciben. “Respecto de los alimentos, nosotros notamos que hay un gran incumplimiento. Muchas consultas que llegan por día son de cómo pueden hacer para que el papá cumpla con la cuota alimentaria. Digo papá porque es la generalidad”.

 

Lucero explicó que es importante remarcar la diferencia entre la cuota alimentaria y el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, ya que este último es un delito. “Una cuota alimentaria, que es un juicio de alimento que se inicia por medio de un abogado o por medio de la Defensoría de la Niñez cuando no hay recursos necesarios para el profesional, busca que se establezca una medida precautoria, que lo que logra es que ni bien se presenta la demanda se establezca una base de alimentos que luego, con la sentencia definitiva, se estipula el porcentaje definitivo”.

 

La cuota alimentaria no hace referencia exclusivamente a la alimentación, sino a todo lo que necesita un niño o una niña para vivir, ya sea vestimenta, esparcimiento, educación o visitas al médico, entre otros.

 

“Generalmente lo que nosotros advertimos es que la mujer que llega al Poder Judicial a consultarnos es una persona de escasos recursos, que no tiene la posibilidad de acceder a un profesional para iniciar el trámite. Siempre le explicamos que le recibimos la denuncia por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, porque para eso no hace falta que se haya establecido una cuota alimentaria y la persona no haya cumplido, sino por el hecho de que no cumplan con los alimentos ya se está cometiendo el delito de incumplimiento. En ese caso, lo oportuno es asistir a la Defensoría de la Niñez y tratar de llegar a un acuerdo. Recordamos siempre que son dos instancias, primero que el papá y la mamá lleguen a un acuerdo y si este acuerdo voluntario fracasa, allí es cuando interviene el Juzgado que dicta una sentencia”.

 

“Una vez que tenemos una sentencia de alimentos y la persona sigue sin cumplir, la Justicia considera que a nivel penal esta persona estaría cometiendo otro delito, que es la desobediencia de una orden judicial”, agregó la abogada.
Respecto del incumplimiento, algunas de las acciones que se toman en la actualidad son el embargo de sus bienes, inmuebles y muebles; prohibiciones para salir del país y sacar créditos; imposibilidad de realizar trámites administrativos como licencias de conducir o asumir en cargos públicos, y la inclusión en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

 

Según datos del Registro de Deudores Alimentarios de la Ciudad de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, se inscribieron en abril de 2021 un 85% más de padres que no pagan que el promedio para el mismo mes de los últimos diez años, según las estadísticas oficiales: 39 contra 21. En el primer cuatrimestre fueron incorporadas 91 personas. De las 6.652 personas inscriptas en la actualidad, el 99% son padres.

 

Redacción/MGE

 

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