El Estado en Brasil atraviesa un delicado momento histórico: más de 1.000 funcionarios renunciaron a sus funciones en el gobierno de Brasil, en protesta contra medidas del presidente Jair Bolsonaro o de sus ministros, en los últimos meses.
Otros síntomas de descomposición afectan al Estado y no solo al gobierno. Funcionarios del Banco Central amenazan con una huelga por mejores sueldos, mientras los inspectores de la Renta Federal ya protagonizan una “operación estándar”, es decir, cumpliendo todas las exigencias y reglas exactas, en los puertos y fronteras, lo que demora las importaciones y exportaciones.
Desde hace un mes, el Ministerio de Salud no cuenta con datos confiables de la pandemia de COVID-19, con sus sistemas afectados por un supuesto ataque de “hackers”, ocurrido el 10 de diciembre.
Eso en un momento crucial, de rápido aumento del contagio por la variante ómicron de coronavirus. La gestión de la pandemia ocurre a oscuras.
En otro frente, más político, existe una promiscuidad institucional. Fernando Azevedo, general retirado del Ejército, será el director general del Tribunal Superior Electoral (TSE) a partir de febrero, una misión inusitada para un militar.
Los siete jueces del TSE, tres de los cuales también son miembros del Supremo Tribunal Federal (STF), lo nombraron para el papel de escudo contra las intenciones golpistas manifestadas por Bolsonaro (un excapitán del Ejército), y sus acusaciones de que las urnas electrónicas usadas en Brasil desde 1996 sirven para fraudes.
Azevedo, quien fue ministro de Defensa desde el inicio del actual gobierno, desde enero de 2019 hasta marzo de 2021, cuidará de los asuntos administrativos y tecnológicos del TSE en el período crucial de las elecciones presidenciales de octubre de 2022, en las que Bolsonaro buscará la reelección.
“Preservé las Fuerzas Armadas como instituciones del Estado”, destacó el general en un mensaje de despedida del ministerio en marzo de 2021. Dejó claro que el presidente intentaba someter a los militares a sus fines políticos y ese era el motivo de su salida.
Reiteradas declaraciones y actitudes de Bolsonaro hacen temer un intento de golpe y acciones violentas, como las que ocurrieron en Estados Unidos el 6 de enero de 2021 con la invasión del Capitolio, ante la probable derrota del presidente.
La administración pública brasilera es vulnerable al control sesgado de los gobernantes al tener más de 20.000 cargos “de confianza” en el Poder Ejecutivo nacional, cuyos titulares son nombrados por el presidente y los ministros a su gusto.
Es así que el actual gobierno pudo nombrar a más de 6.000 militares para funciones civiles en ministerios. En julio de 2020 eran 6.157 exactamente, según el Tribunal de Cuentas de la Unión, un órgano del Poder Legislativo. Eso representaba un aumento del 122 por ciento en comparación con cuatro años antes.
La militarización excesiva generó distorsiones e ineficiencias como pudieron constatarse en el Ministerio de Salud, bajo la jefatura del general Eduardo Pazuello, entre el 15 de mayo de 2020 y el 15 de marzo de 2021, es decir, durante 10 meses de la pandemia.
El general, aún activo en el Ejército, nombró una plana mayor de coroneles y otros militares sin conocimientos sanitarios para cumplir las orientaciones de Bolsonaro, como negar la gravedad de la pandemia, diseminar el llamado “tratamiento precoz” con medicamentos ineficaces, rechazar medidas preventivas y retardar la compra de vacunas.
Una enorme cantidad de muertes fue calificada como “evitable” por epidemiólogos y otros especialistas, de haber adoptado a tiempo las medidas recomendadas por la Organización Mundial de Salud.
El Estado en Brasil atraviesa una severa crisis histórica. Afectará a toda la región.
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