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Diego, Mónica y Guadalupe los casos más sensibles del año

El brutal homicidio del joven policía en medio de un robo; la condena a cadena perpetua de Federico Núñez, el asesino de la docente, y el primer aniversario de la desaparición de la niña volvieron a tocar las fibras de toda la sociedad puntana.

Por redacción
| 02 de enero de 2023
Ramos, Lucero Cialone y Gatica.

El primero murió tras seis días de agonía, víctima de una golpiza brutal, cobarde, que tuvo el único y vil propósito de robarle la bicicleta y unas zapatillas. La segunda también fue víctima de un hecho aberrante: la apuñalaron múltiples veces para robarle dinero que guardaba en su casa con la diferencia que, esté donde esté, quizás sepa que sus hijos hallaron paz con la condena de su asesino. La tercera pasó su segunda Navidad lejos de su familia sin que nadie sepa aún qué le sucedió; su ausencia le sigue doliendo a toda la sociedad. El homicidio del policía Diego Gatica, el juicio por el crimen de Mónica Ramos y el primer aniversario de la desaparición de Guadalupe Belén Lucero Cialone sin duda fueron los casos que más tocaron las fibras de la comunidad puntana en 2022.

 

Diego tenía 30 años, su rango era oficial ayudante, prestaba servicio en la División de Respuesta Inmediata Motorizada y era papá de un nene que cumplió un año días después de su muerte. Sus compañeros lo querían, lo lloraron junto a su familia, pero más allá de sus conocidos, lo que le pasó caló hondo en toda la familia policial y en miembros de casi todas las fuerzas de seguridad que operan en la provincia.

 

Hubo posteos en redes sociales, cadenas de oración, misas y peregrinaciones, pero nada ayudó y su cuerpo dijo basta el domingo 11 de septiembre, en la terapia intensiva del Hospital Central “Ramón Carrillo”, donde estuvo en estado crítico desde que lo atacaron, el lunes 5.

 

Ese día tenía franco y había salido a ejercitarse en bicicleta por la avenida Eva Perón. Alrededor de las 19:30, cuando circulaba a la altura del barrio Tibiletti, lo tumbaron de su Venzo de una pedrada y, ya en el suelo, lo patearon hasta dejarlo inconsciente. Nunca volvió en sí.

 

El 23 de septiembre, el juez Marcos Flores Leyes procesó con prisión preventiva por tres meses a Mauricio Lautaro “Hongo” Cruz, uno de los tres sospechosos del crimen y que, irónicamente, fue condenado este año por la brutal agresión al comisario mayor Hernán Soloa en 2020. Los otros imputados son dos adolescentes de 17 años, a quienes se les otorgó prisión domiciliaria, y un chico de 14, quien es inimputable y que está en libertad.

 

 

“Asesino”, le gritó

 

Se contuvo durante todo el debate oral, pero la noche del 11 de octubre pasado, cuando un tribunal condenó a cadena perpetua a Federico Núñez por el homicidio de Mónica Ramos, Martín, hijo de la víctima, le gritó: “Asesino”, desbordado y frenado por familiares y allegados. La sentencia, que aún no está firme, quizás fue el cierre de una etapa, pero no del dolor que causó el brutal arrebato de la vida de la docente el 3 de marzo de 2020.

 

El crimen de Mónica, cuyo móvil fue el robo de dinero que la mujer ahorraba en su casa, sacudió a la comunidad educativa a la que pertenecía. En las audiencias del juicio se ventiló que sufrió una muerte sumamente violenta, que se prolongó demasiado.

 

En su testimonio, la médica forense Marcela Gómez dijo que Ramos tenía más de 13 heridas entre cortes y puñaladas, que se defendió, y que en los cerca de 10 minutos que agonizó sufrió dos paros cardíacos. Su asesino inició varios focos de incendio en su casa de calle Belgrano con la intención de borrar pruebas, por lo que el cuerpo también tenía quemaduras.

 

Núñez se mantuvo firme en su versión hasta el final. “Soy totalmente inocente, no he cometido ningún acto de los que se me acusa ni he participado. Quiero justicia no solo por Ramos, sino también por mí. Quiero que se esclarezca el caso como tiene que ser”, dijo antes de escuchar el fallo y abandonar, en llanto, la sala de oralidad.

 

Días después, sus abogados se apartaron de la causa y la defensa quedó en manos del defensor oficial Esteban Sala, que el jueves 10 de noviembre presentó un recurso de casación en el que pidió la nulidad del fallo y la realización de un nuevo juicio, argumentando que en el expediente obran pruebas que los jueces no tuvieron en cuenta. Esa apelación aún está pendiente de resolución.

 

 

Un año sin Guada

 

El martes 14 de junio de este año, una multitud marchó por el centro puntano al cumplirse un año de la desaparición de Guadalupe Lucero. “Mi familia desde hace un año vive solo por la inercia de vivir y de saber que en algún momento va a llegar la noticia de que encontraron a Guadalupe. No siento a mi nieta sin vida, siento que en cualquier momento la voy a volver a ver como lo siente su madre y toda su familia. Yo tengo la fe y le ruego a Dios todas las noches que me cuide a Guadalupe donde quiera que esté. Le digo a Guada que la familia la va a buscar hasta encontrarla”, expresó angustiada ese día su abuela, Silvia Domínguez.

 

Catorce días después, el martes 28, el barrio 544 Viviendas de la capital se pobló de efectivos del área de Criminalística de Gendarmería Nacional, de distintas delegaciones de la Policía Federal y de miembros del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu). Fue para hacer una completa reconstrucción del día y las condiciones de la desaparición de la niña, que en ese momento tenía 5 años.

 

Para Cristian Rachid, Leonel Gómez Barbella, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, los fiscales federales que llevan adelante el caso, las labores "alcanzaron los objetivos propuestos”. Héctor Zabala Agüero, abogado de Eric Lucero, papá de Guadalupe, mencionó que lo más relevante fue la reproducción in situ del testimonio de una niña con retraso madurativo que asegura haber visto cuando un grupo de motociclistas se llevó a la pequeña, una hipótesis que al menos hasta ese momento no se había ventilado.

 

A mediados de agosto, Rachid confirmó que una de las líneas investigativas que apuntaban a Eric se había agotado y le permitió a él y a su abogado sumarse a la causa como querellantes. Sin nuevas novedades, pero sin rendirse, el 3 de diciembre una allegada a la familia lanzó una petición de firmas a través del sitio www.change.org para que más organismos internacionales intervengan en la búsqueda.

 

Los femicidios no cesaron

 

El 5 de febrero, una hermana de Fernanda Romina Lucero radicó una denuncia de paradero en Villa Mercedes porque no sabía nada de ella desde el 9 de enero. La mujer tenía 33 años, era madre de dos hijos adolescentes y solía hacer viajes a otras provincias para comprar ropa. Quizás por ello no sospecharon por algunas semanas, pero la noticia que recibieron tres días después les cayó como un balde de agua fría: José Luis Oclides Bramardi, expareja de Fernanda, se suicidó frente a policías que lo cercaron en un campo 400 metros antes de llegar a San Francisco del Monte de Oro.

 

Lo buscaban como sospechoso de la desaparición, pero se quitó la vida, sin decir nada, de dos disparos. El miércoles 16 de febrero, personal de Homicidios descubrió parte de un cuerpo calcinado a medio camino entre los camping de los sindicatos de Setia y STIA, al este de la ciudad. El martes 22, los fiscales Stefanía Cifuentes y Maximiliano Bazla confirmaron que el ADN arrojó que los restos eran de Fernanda.

 

El 13 de febrero, Dora Arce y su pareja, Gustavo Daniel Agüero, mantuvieron una fuerte discusión en la vivienda que hasta hacía unos días habían compartido, en Quines. Tras 18 años de unión y dos hijos de por medio, habían decidido separarse y él se fue a vivir a lo de su madre.

 

Fernanda. Tenía 33 años y 2 hijos.

 

La noche previa, ambos asistieron a las festividades de carnaval, pero por separado, cada uno con un hijo. Sin embargo, al concluir la celebración todos regresaron al hogar familiar. Cerca de las 6 de la mañana comenzó la pelea, y quizás para resguardar a sus hijos, ella se encerró con él en una de las habitaciones, donde fue golpeada y luego apuñalada en el pecho.

 

Agüero se provocó cortes quizás para acabar con su vida, pero no tuvo éxito y espera en el Penal el juicio oral, que podría celebrarse este año. El fiscal del caso pidió prisión perpetua.

 

La madrugada del 27 de junio de 2020, en pleno aislamiento social por la pandemia, Gastón Heredia le disparó en la cabeza a su pareja, Johana del Valle Morán, luego de darle una golpiza en la vivienda que compartían en el barrio Virgen de Luján de la capital. En aparente shock, el femicida trasladó a la víctima hasta el Hospital San Luis, donde le confesó a algunas personas que él había disparado.

 

El 19 de mayo de este año, cuando le ofrecieron la última palabra antes de sentenciarlo, Heredia le dijo al tribunal “creo que nada de lo que diga o haga va a cambiar el hecho, así que….”, entrecruzó los dedos, se tocó el estómago y ya no pudo continuar. Lo condenaron a perpetua.

 

El 8 de julio pasado, mujeres autoconvocadas y miembros de la comunidad educativa de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) se manifestaron en el centro puntano por un crimen que no ocurrió en la provincia, pero que los tocó de cerca: el femicidio de María Daniela Carco y de su hijo Leonel, de 7 años.

 

Ella se había egresado de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNSL en 2019 y luego se mudó a Buenos Aires junto a su pareja, Gabriel Cáceres, y a una hija mayor. El 7 de julio, mató a la mujer y al niño a mazazos y puñaladas en una vivienda de la localidad bonaerense de Florida. Luego se quitó la vida en la bañera.

 

En doce meses hubo diez homicidios en la provincia

 

El sábado 19 de febrero, Rubén Ángel Deheza González, de 18 años, desenfundó un arma de su cintura y les disparó a sus dos tíos en el barrio Padre Mugica de la capital, tras una discusión familiar.

 

Gustavo César Javier González recibió un disparo en la ingle que le provocó una lesión vascular femoral y que se cobró su vida. Tenía 37 años. Su hermano César Gabriel, de 27, fue herido en la zona intercostal del abdomen, pero logró recuperarse.

 

El homicida fue imputado por “Homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego” y continúa en el Penal.

 

El lunes 28 de febrero a la mañana, en el barrio República de la capital, Sergio Emanuel Benítez fue golpeado con un casco de moto en la cabeza. El ataque fue tan brutal que se cobró su vida una semana después, en la terapia intensiva del Hospital Central “Doctor Ramón Carrillo”. Las 4 personas que lo atacaron lo despojaron de sus pantalones, zapatillas y de su moto.

 

El principal sospechoso por la golpiza fue Sergio Flores, primo de la víctima. Los otros son Leonel Escudero, su novia Jenifer Lucero y una adolescente de 17 años que fue sobreseída. En agosto pasado, los dos jóvenes pidieron una condena abreviada a 11 años de cárcel por “Homicidio simple” y ella, a 3 años en suspenso por “Hurto agravado”.

 

Para Cristian. La puso su familia en el lugar en el que el chico fue baleado.

 

El domingo 1° de mayo, Rolando Daniel Gatica fue ultimado de un balazo en la frente en la esquina de Güemes y Potosí, en el barrio San Antonio de Villa Mercedes. Tenía 21 años y caminaba junto a dos hermanos cuando se cruzaron con otro grupo que bebía alcohol y que integraban, entre otros, Darío "El Coya" Giménez y Franco Ariel "El Tiri" Chávez.

 

El ataque ocurrió cerca de las 19 tras una pelea generada por una vieja rencilla. Gatica fue herido con un proyectil calibre 22 y murió en el acto. "El Coya" y "El Tiri" están presos.

 

El 1° de junio, Alan Valenzuela, de 15 años, fue asesinado de un tiro por la espalda en una vereda del barrio Kennedy de la capital. Murió desangrado. El sábado 2 de julio, Emilio Segundo Gatica, un carnicero de 44 años, fue encarcelado por el crimen, que al parecer se habría originado cuando el adolescente quiso ingresar a robar a su comercio.

 

El miércoles 20 de julio al mediodía, Jesús Nievas, de 34 años, fue asesinado a puñaladas casi frente a su casa del barrio Eva Perón 3 de Villa Mercedes. El móvil habría sido una deuda de mil pesos por la venta de una campera. Los hermanos Jorge Daniel y Pablo Rafael Escobar, de 27 y 26 años, fueron encarcelados días después como autor y coautor del crimen.

 

El domingo 14 de agosto, José Javier Ibáñez murió tras ser apuñalado por un chico de 15 años frente al descampado del barrio Los Olivares, en San Luis. La víctima presuntamente quiso entrar a la casa de una vecina con intenciones de robo, la mujer lo enfrentó y su hijo adolescente salió a defenderla e hirió de muerte a Ibáñez, quien tenía 22 años.

 

El 8 de diciembre pasado, Javier Naranjo, de 25 años, recibió un balazo en el ojo derecho y murió en una de las veredas del barrio Solidaridad Sur de la capital, en los brazos de su madre. Los investigadores creen que el móvil fue un enfrentamiento entre bandas de la zona. Aún no hay detenidos.

 

Javier Naranjo. "Murió en los brazos de su mamá", dijo una vecina del barrio Solidaridad Sur que pidió reserva.

 

Un día después, el viernes 9, Javier Páez recibió un disparo en el pecho cuando acudió en auxilio de un hermano menor en el barrio Lucas Rodríguez, también en la zona sur de la ciudad. Tres días después, Luciano Sebastián “El Pinino” Agüero se entregó en los Tribunales como el principal sospechoso de haber disparado.

 

El lunes 26 de diciembre, en uno de los extremos del barrio Padre Mugica, Cristian Nahuel Aguilera fue asesinado de un tiro en el pecho mientras caminaba con su novia. La chica y otros testigos señalaron como el autor a Ilan Lucero, de 20 años, quien se entregó un día después en el edificio del Poder Judicial. Otra vez, viejas rencillas y enfrentamientos entre bandas de distintos barrios volvieron a sonar como el móvil principal.

 

Hace cinco días, un vecino y la Policía descubrieron el cuerpo de Ramón Nicolás López, quien tenía unos 70 años y vivía en una casa precaria en el barrio Juan Gilberto Funes de la capital. La víctima estaba sobre la cama, atada de pies y manos, y con una toalla atada en la cabeza. La causa de muerte fue asfixia por sofocación. Homicidios aún investiga el móvil, pero creen que no se trató de un robo.

 

Nuevo flagelo: delitos virtuales y ciberextorsión

 

El robo de datos de cuentas bancarias, de billeteras virtuales y de cuentas de redes sociales estuvieron a la orden del día, con la consecuente sustracción posterior de dinero u otro tipo de estafas. Tanto la Policía como el Poder Judicial emitieron varias recomendaciones para no ser víctimas de delitos virtuales, un flagelo que crece, pero hubo un caso en particular que terminó en una tragedia horrenda.

 

La madrugada del 31 de mayo, Derly González, quien tenía 24 años y vivía en Buenas Esperanza, tomó una cruda decisión: roció su cuerpo con nafta y se prendió fuego. La autopsia determinó que murió por inhalación de humo y que tenía el 80% del cuerpo quemado.

 

El joven había entablado una relación por redes sociales con una supuesta joven con la que intercambió fotos íntimas, pero luego comenzó a recibir mensajes y llamados que aseguraban que esa chica era menor y que iban a encarcelarlo por abuso sexual. Ese tipo de extorsión ya había sido utilizado en otras provincias, comentó la Justicia, pero el joven no pudo darse cuenta del engaño.

 

Cuando dejó su casa en un arrebato de desesperación, su familia radicó una denuncia de paradero y la Policía salió a buscarlo. Él creyó que lo querían meter preso y cuando vio que los patrulleros se acercaban, se quitó la vida.

 

En 2022, las autoridades locales recibieron información de organismos internacionales que combaten y monitorean la producción y distribución de material de abuso sexual infantil.

 

En agosto, dos hombres fueron encarcelados en Villa Mercedes, uno con prisión domiciliaria, luego de que la Justicia de Viedma les advirtiera que uno de ellos había sido investigado por material de abusos a chicos en Río Negro; en noviembre, cinco usuarios de San Luis comenzaron a ser investigados como sospechosos de formar parte de una red global de intercambio de ese tipo de material, uno de ellos era regente de una escuela mercedina; a principios de diciembre, en un barrio de la capital puntana, la Policía hizo un allanamiento en la casa de un subcomisario por el mismo tema. Fue pasado a disponibilidad.

 

Abuso y maltrato infantil: las víctimas que duelen

 

El lunes 25 de abril, un nene de 5 años ingresó al Hospital San Luis con lesiones serias en el abdomen, pero los médicos también hallaron signos de violencia de vieja data y compatibles con maltrato. Una jueza les quitó la tenencia a la madre y al padrastro. Por suerte, la víctima se recuperó y quedó bajo la tutela de su abuela paterna y de su padre.

 

La noche del 23 de agosto, una beba de tan solo dos meses y cuatro días de vida ingresó al Hospital del Sur de la capital con siete fracturas en las costillas, cuatro de ellas de vieja data; un desprendimiento perióstico en el fémur izquierdo; sangre en un pulmón, y malnutrición.

 

Por el caso, detuvieron y encarcelaron al padre, un cordobés de 37 años que tenía antecedentes por violencia. Aunque la Justicia dijo que continuaría investigando al resto del entorno familiar, la beba volvió al cuidado de su madre.

 

Hace unos días, en los pasillos de Tribunales, la secretaria de una Cámara Penal comentó que más del 90% de las causas que llegan a juicio son por abuso sexual y que la mayoría involucra a menores de edad; una cifra que duele.

 

En 2022, El Diario publicó decenas de notas sobre denuncias y debates por abuso a niños, niñas y adolescentes. Algunas de las más relevantes fueron la condena a 18 años de cárcel, el 1º de agosto, para un padre que violó y embarazó a su hija de 12 en 2019; el 17 del mismo mes, el juez de Garantías 3 de San Luis envió a prisión a un excombatiente de Malvinas acusado de violar y embarazar a una niña de 14 años; a fines de octubre, un profesor de equitación de Juana Koslay siguió la misma suerte acusado de manosear y fotografiar a alumnas de su escuela; el domingo 6 de noviembre, una chica de 14 años fue ultrajada en un hotel alojamiento de la capital por dos hombres que la sacaron de un boliche: uno de ellos es policía, y el 6 de diciembre, el tribunal de Villa Mercedes condenó a 8 años de cárcel al profesor de música Juan Manuel Chaves por abusar de alumnos del colegio San Buenaventura de Villa Mercedes.

 

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