El Senado prestó acuerdo para designar a Catalfamo en la ULP

La Cámara de Senadores de la provincia prestó acuerdo para la designación de Eugenia Catalfamo como rectora de la Universidad de La Punta (ULP). En votación secreta, y en cumplimiento de la normativa vigente, la actual senadora nacional por San Luis asumiría próximamente en la casa de estudios local, por un período de 4 años.

La senadora por el Departamento Dupuy del bloque Justicialista, Diamela Freixes, fue la encargada de detallar las leyes vigentes que permiten la postulación de Catalfamo. En resumidas cuentas, las normas determinan que la designación primero se hace desde el Ejecutivo provincial y luego el Senado es el que presta acuerdo.

Desde la oposición, el senador Adolfo Castro Luna de Unidos por San Luis, enumeró legislaciones nacionales que, a su parecer, invalidaban la postulación de la senadora nacional. Sin embargo, como aclaró Freixes, estas normativas no se aplican a la universidad, que es de carácter provincial y cuyo cuerpo normativo obedece a los principios de autonomía y autarquía.

Catalfamo, de 36 años, licenciada en Comunicación, concluye este año su mandato como senadora nacional. Cuando asumió en 2017, fue la más joven de la historia de la Cámara. Durante su gestión, impulsó la Ley Nacional de Juventudes, el Programa Progresar, la Ley de Educación Financiera, Ley Yolanda, Ley de Educación Emocional y Social, Ley de Educación Ambiental e integró la Comisión de Educación del Senado.

“Estoy verdaderamente feliz porque siento que voy a poder poner en práctica valores que son parte de mis convicciones, entendiendo a la educación como pública, gratuita, inclusiva y principalmente de calidad para los habitantes de San Luis”, comentó Catalfamo a El Diario, tras el acuerdo del Senado.

“A lo largo de todos estos años, de la mano de Alberto Rodríguez Saá, la ULP se volvió uno de los emblemas de nuestra provincia, porque se buscaba poder garantizar al pueblo de San Luis, a los jóvenes, a las personas mayores, el acceso al sistema universitario, a que puedan educarse en carreras cortas, de calidad y acceder a puestos directos o indirectos de trabajo”, reflexionó quien fue parte de la casa de estudios como jefa del Programa de Comunicación.

Catalfamo contó que ha mantenido contacto con la rectora actual, Alicia Bañuelos, con quien diagramará el programa de trabajo de los próximos años de la ULP, que hoy cuenta con más de 50 mil alumnos, es decir, el 29% de la población tiene educación pública, gratuita y de calidad. Y adelantó que se enfocará en tender relaciones con otras instituciones de la provincia y universidades del mundo, fomentar la cursada presencial y continuar con políticas exitosas como la cursada virtual, las escuelas públicas digitales, robótica, ajedrez, la escuela de música y el Centro de Alto Rendimiento. “Todo lo que está llevando adelante la ULP creo que no debería tener ningún cambio, por el contrario, creo que hay que reforzar estas políticas universitarias”, opinó.

“Para mí es un orgullo inmenso, siempre que trabajé en la universidad y caminaba por sus pasillos, por sus aulas, me encontraba con los chicos, en el fondo, siempre deseé poder volver al ámbito educativo porque forma parte de nuestra identidad para los que nacimos y nos criamos en San Luis. Creo que hay que cuidarla, respetarla y darle los recursos suficientes para que pueda funcionar como corresponde”, concluyó.

El debate

“Avanzar con este acuerdo, además de ser nulo de nulidad absoluta por la violación de leyes nacionales, acuerdos internacionales y la constitución nacional, pone en riesgo el correcto funcionamiento institucional de la ULP”, criticó Castro Luna, quien también aseguró que Catalfamo no tiene antecedentes docentes. Esta postura fue apoyada por el senador Marcelo Debandi, de bloque unipersonal.

Freixes recordó que las leyes vigentes establecen a la ULP como una persona jurídica, con autonomía y autarquía. “La ley nacional se aplica en aquellos temas que no estén contemplados en la ley provincial y cuando no sea incompatible con la autonomía de la provincia”, remarcó. “Asimismo es oportuno recordar que la Universidad de La Punta queda fuera del ámbito de aplicación de dicha ley en virtud de que no forma parte del sistema educativo nacional y sus títulos no se encuentran acreditados por la comisión de evaluación y acreditación universitaria, la Coneau”, agregó.

“No se establecen en el texto de la ley provincial ningún otro tipo de requisito o calidad con la persona que vaya a desempeñar dicha función. Por otra parte, el proceso de la normalización de la universidad es una instancia fundamental. En el caso de la ULP, el proceso nunca se concluyó, muestra de eso es que desde el 2018 se encuentra vigente el artículo con los requisitos mínimos antes mencionados”, justificó la senadora, quien pidió por el avance en un estatuto propio para la casa de estudios, a través de una asamblea universitaria.

Redacción/MGE