Cuando todo tiene que ver con todo

En las últimas semanas, distintos referentes de cámaras industriales y del sector Pyme han salido públicamente a advertir que la situación es realmente crítica. Empresarios, comerciantes y productores de todo el país coinciden en el pedido de declarar la emergencia productiva, laboral, fiscal y tarifaria de las MiPymes y avanzar con un Programa que genere alivio fiscal y económico para sostener la actividad y el empleo.

No se trata de un reclamo aislado, ya que también legisladores nacionales de ambas cámaras, han impulsado iniciativas en ese sentido, entendiendo que el entramado productivo argentino está atravesando una de las crisis más profundas de los últimos años. Desde fines de 2023, el país ha visto cerrar más de 22.600 empresas, en su enorme mayoría micro, pequeñas y medianas, y cómo la pérdida de empleo privado supera los 220.000 puestos de trabajo, mientras el consumo interno se desploma y los salarios pierden poder adquisitivo mes a mes.

En ese contexto, el rol del Estado nacional es indelegable. Sin embargo, lo que vemos son recortes a las provincias de los recursos que les son propios, paralización de políticas productivas y un programa económico que, lejos de ordenar, está destruyendo la industria, el comercio y la producción nacional.

Ahora bien, si esto es grave a nivel país, en las provincias el impacto es aún más directo. Y en San Luis, particularmente, el problema se vuelve insostenible.

San Luis: cuando la política decide no intervenir

En San Luis, la crisis no solo se explica por el contexto nacional. También hay una decisión política provincial: la de un gobernador que no pelea por los recursos que le corresponden a la provincia, que se mantiene alineado como pocos con el gobierno de Javier Milei y que, en esa lógica de alineamiento, deja en segundo plano a los ciudadanos y a las empresas locales.

Mientras otras provincias reclaman con firmeza, negocian o confrontan para defender su producción y su empleo, en San Luis se observa otra actitud (alguien la entiende?!).

Y así, la realidad avanza y los números son contundentes:

• Casi 300 MiPymes han cerrado desde diciembre de 2023.
• Se han perdido más de 5.000 puestos de trabajo en el sector privado.
• El empleo privado registrado cayó alrededor de un 6,8%, ubicando a la provincia entre las más afectadas del país.

No se trata de percepciones, se trata de una tendencia concreta que implica que a menor cantidad de empresas, menos empleo y menos actividad económica.

Frente a esto, el gobierno provincial ha implementado algunas herramientas: líneas de crédito a través del CFI (que según expresan solo le tocan a algunos pocos con contactos cercanos), exenciones parciales de Ingresos Brutos, programas de incentivo al empleo y financiamiento a emprendedores.

Estas son medidas que, en otro contexto, podrían ser valoradas. Pero lamentablemente  hoy, y frente a la magnitud de la crisis, resultan claramente insuficientes. Porque el problema no es solo de acceso al crédito o de alivio fiscal puntual, el problema termina siendo mucho más profundo: falta de actividad económica.

Cuando cae el salario, todo se pone mucho más tenso

Acá aparece el punto central y el que explica por qué “todo tiene que ver con todo”. San Luis tiene una particularidad estructural: una parte importante de su economía depende del consumo interno, y dentro de ese consumo, el salario del sector público juega un rol determinante.

Hoy, los salarios estatales han perdido poder adquisitivo frente a la inflación. ¿Qué significa eso en términos reales? Que miles de familias tienen menos dinero para consumir y para vivir.

Y, por supuesto, cuando hay menos consumo lo que sucede es que los comercios venden menos, las pequeñas y medianas empresas producen menos, se ajustan los costos, se pierden puestos de trabajo, hasta que todo el esfuerzo cae y bajan las persianas. Termina siendo un círculo que perjudica a todo San Luis.

Lo que se necesita: sentido común

La discusión de fondo es mucho más simple de lo que parece, pero a esta altura ya parece ser una decisión del Gobierno Provincial la de abandonar a las personas que trabajan.

Sin dudas, hoy necesitamos una economía en movimiento, con consumo, con producción, con empleo. Se necesita que el salario alcance, que las familias puedan llegar a fin de mes y que haya dinero circulando en los comercios locales para que la economía crezca.

Al final, no es una teoría compleja, es simple sentido común, pero por sobre todas las cosas es empatía social. Porque detrás de cada Pyme que cierra hay una familia y un proyecto de vida que se interrumpe.

Cuando la política decide no intervenir, cuando elige no defender a su gente, cuando prioriza alineamientos antes que resultados, el costo lo paga la sociedad. Y en este momento, San Luis necesita otra actitud, necesita defensa, decisión y compromiso con su gente. Porque cuando todo tiene que ver con todo, mirar para otro lado también es una decisión. Y sus consecuencias están a la vista.