Celos y una deuda, el presunto móvil del homicidio en La Botija

“No tenés que ser traica, yo te fui a hablar”, le dijo Jonathan Aguirre a Juan José Murúa antes de caer al suelo, sobre un charco de sangre, en la celda 188 del módulo 2 del pabellón A del servicio penitenciario Pampa de Las Salinas. Según la teoría de la fiscal adjunta Antonella Romagnoli, que planteó este miércoles ante un juez en la audiencia de formulación de cargos, el lunes a la noche Aguirre había querido hablar con su agresor por “plata y porque le escribía a su novia”, pero el homicida resolvió darle tres puñaladas que se cobraron su vida.

La acusación de la Fiscalía de Instrucción 4, a cargo de María del Valle Durán, se sostuvo en el testimonio de seis de los 40 compañeros de pabellón de Murúa, en las imágenes registradas por el sistema de videovigilancia y en el informe forense de la médica Daniela Olmos. Por todo eso, el juez de Garantías 3, Marcos Flores Leyes, resolvió imputarle a Murúa el delito de “Homicidio simple”.

El doble femicida, quien está preso desde 2018, llegó ayer a la Sala de Oralidad 1 con una custodia de seis agentes penitenciarios y con el rostro cubierto. Cuando Romagnoli relató los hechos por los que se lo investiga, estuvo atento a cada detalle. Dentro de la sala, el número de custodios, armados y con chaleco, era casi el mismo que el de funcionarios judiciales.

Murúa solo se dirigió al magistrado para confirmar que el defensor oficial Guillermo Salazar se haría cargo de representarlo. A él sí le hizo varias acotaciones mientras la fiscal adjunta le pedía a Flores Leyes que lo trasladaran a una prisión de Córdoba, ya que tiene una condena en esa provincia, o que continúe en Pampa de las Salinas, pero en aislamiento. “Esa causa está en Casación”, le dijo por lo bajo a Salazar, según escuchó un cronista de El Diario de la República que presenció la audiencia.

El pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) se basó en que aún restan pruebas por producir en la misma Penitenciaría e incluso recabar testimonios de otros reclusos que cumplen condena junto al acusado. “Un interno de la celda 171 mencionó que Murúa vende drogas”, indicó Romagnoli. Ahora deben dilucidar si esos dichos son ciertos y si tienen relación con el dinero que Aguirre le fue a reclamar el lunes cerca de las 21:30. Además, agregaron que el fornido femicida tiene antecedentes penales y “pésima” conducta, por lo que existen riesgos serios de que la investigación sea entorpecida.

El defensor oficial no negó los hechos, no dio una versión distinta a la de la fiscalía y tampoco objetó la calificación legal, pero sí planteó algunas diferencias respecto de los antecedentes de Murúa: “Si bien mi defendido tiene una condena de la Justicia cordobesa, ese fallo aún está bajo revisión”, dijo. También se opuso rotundamente a que su defendido sea trasladado a Córdoba. “El traslado a una jurisdicción extraña atentaría en contra del principio de inmediatez de la defensa, por eso me opongo”.

Además, Salazar hizo hincapié en que ahora las autoridades carcelarias deben garantizar la seguridad de su pupilo: “Es total responsabilidad del Servicio Penitenciario la seguridad del imputado”, dijo. Por su parte, Flores Leyes mencionó que determinar el aislamiento del homicida excede su potestad, al tiempo que aseguró que recomendará que se le haga un seguimiento especial.

Ahora, el condenado por los femicidios de Brenda Arias, en 2009, y de Marisol Reartes y su hija de 2 años, en 2014, deberá esperar un nuevo juicio por lo que hizo con Aguirre. Si bien la pena de la Justicia cordobesa aún no está firme, y teniendo en cuenta que el Código Penal prevé una pena mínima de 8 años para el delito de homicidio simple, Murúa no volvería a la calle antes de 2045.

Redacción/MGE